Por Susana Graciela Landriscini *

Hoy vivimos un mundo de pandemia y proyectamos la transición al mundo pospandemia que como tal es impredecible y no implica volver a la “normalidad”. Dentro de esa incertidumbre que vive la humanidad, algunas certezas se vislumbran. Siguiendo a distintos pensadores progresistas que hoy debaten los nuevos escenarios, puede señalarse que la economía global deberá enfrentarse a tres grandes desequilibrios económicos, sociales e institucionales, a los que se agrega el cambio climático.

El primero es el estancamiento de los mercados internos, tanto en las economías desarrolladas como en los países emergentes. Cambiarán los patrones de consumo de la población que se orientará a los alimentos, medicamentos y servicios básicos, con gran peso de la comunicación digital. También habrá comportamientos que mostrarán una mayor propensión al ahorro. El resultado sería una reducción del consumo con la prioridad puesta en los bienes y servicios que satisfacen necesidades primarias, y se impondrán controles sanitarios y ambientales rigurosos. Ello impactará sobre la demanda agregada de las economías. Y traerá consigo la selección de alimentos saludables, y modos de producir que deberán incluir una consideración particular sobre los impactos de la producción en el medio ambiente y la salud laboral y colectiva.

El segundo es el desequilibrio en el mercado laboral, más grave en países con elevada población económicamente activa y con dificultades de empleabilidad, por su nivel educativo, y o por problemas de edad o trayectorias previas. Además, se agravarán en los países pobres o en desarrollo las situaciones de informalidad. Junto a los avances de las nuevas tecnologías de la industria 4.0 centradas en la información y comunicación, que incluyen la digitalización, las plataformas, la big data y el internet de las cosas, los esquemas productivos y organizativos implicarán el reemplazo del trabajo humano a favor de la automatización y la robotización, con el uso de algoritmos y trabajo remoto. Asimismo, los sectores económicos más poderosos pretenderán avanzar sobre los derechos laborales. Buscarán introducir nuevas formas de trabajo que imponen su desempeño vía plataformas, la tercerización, las cadenas de subcontrataciones y formas eventuales e inestables, y hasta querer imponer que cada trabajador pague de su salario su propio fondo de desempleo para cuando llegue la hora de que la competencia inter empresaria provoque quiebras, o los escenarios macro afecten la sustentabilidad de los negocios. La falta de crecimiento y la dificultad para sostener y crear empleos serán dos problemas concentrados en la economía real. 

El tercer desequilibrio se concentra en la economía financiera. Se vincula a los elevados niveles de endeudamiento, no solo de las potencias más maduras del planeta, sino también del mundo en desarrollo. Ello afecta en general, no solo a Estados y empresas, sino también a las familias por el desequilibrio entre el gasto en consumo y la capacidad adquisitiva.; y afecta a muchos grupos sociales que enfrentan procesos inflacionarios, aumentos de tarifas, alquileres, o las compras de bienes durables. La financiarización de las economías ha puesto en la cima del poder a los bonistas, y a quienes operan en las bolsas y mercados de títulos, y ha dejado a las pequeñas y micro empresas, a muchos gobiernos y familias en estado de indefensión. Los déficits fiscales pasan a ser algo corriente, las absorciones de empresas se generalizan por imposibilidad de enfrentar deudas, y las familias en determinados grupos sociales se encaminan a una creciente precariedad por las deudas que los desvelan y afectan sus condiciones de vida.

Estos desequilibrios se operarán en un mundo en el que el coronavirus provocó además un cambio abrupto en la evaluación de las supuestas bondades de la mundialización. Las economías buscarán reducir su apertura, protegerán su industria, y otorgarán prioridad al autoabastecimiento para sostener el empleo y la recaudación tributaria. Toda una reorganización que obligará a los Estados a definir nuevas políticas macroeconómicas y productivas, de asistencia a familias y empresas, y a desincentivar consumos suntuarios, al tiempo que se habrán de preservar las reservas en divisas, se habrá de promover la ciencia y la tecnología, y se habrán de buscar alianzas y acuerdos entre países para reactivar sus aparatos productivos y los lazos comerciales bilaterales.

Cómo enfrenta Argentina algunos de estos desequilibrios y la desigualdad

Frente a la gravedad impuesta por la pandemia que hizo crujir a los Estados, las naciones, las economías, el comercio mundial y los mercados financieros, en Argentina como en el mundo se imponen salidas para recuperar la unidad de la Nación, el bienestar general y la equidad. El Estado es responsable de asumir la urgencia sanitaria sumada a la emergencia general. Así lo viene haciendo con acompañamiento de distintos sectores gubernamentales, políticos, sociales y gremiales, habiendo otorgado prioridad a la estrategia de aislamiento social preventivo, a la inversión en el fortalecimiento de la capacidad de atención del sistema de salud y a la asistencia social y la protección del empleo. Ello lo ha hecho con sentido federal integrando a gobernadores y gobernadoras.

Pero la crisis generada por la pandemia multiplica los efectos del retroceso económico de los últimos años y agrava la emergencia de las pequeñas empresas, de las familias sin empleo ni ingresos, de los trabajadores y trabajadoras informales, de los sin techo y de los presupuestos públicos en los sistemas que involucran la prestación de servicios esenciales. Con ello se multiplican las demandas de flexibilizar el aislamiento en pos de reactivar la economía. El debate no es sólo operativo, es ideológico y es político.

Enfrentar esta situación que afecta al conjunto social demanda decisiones públicas estratégicas y mecanismos extraordinarios de programación para la acción en materia de Atención de la Salud y posterior recuperación de la actividad económica. El Estado, como en las guerras, es el único actor nacional con atribuciones y responsabilidades constitucionales para intervenir en la fijación de prioridades respecto a la búsqueda y asignación de recursos para encarar la ejecución de los programas diseñados para enfrentar la pandemia en el territorio nacional, articuladamente con las provincias y municipios. En materia sanitaria lo hace siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y se han puesto en marcha protocolos, inversiones físicas en el sistema de hospitales y laboratorios, controles migratorios, disposiciones de aislamiento social, suspensión de actividades no esenciales y son permitidas otras de protección social y cobertura alimentaria, y se implementaron programas de asistencia al trabajo y la producción, de ingresos para familias en la emergencia, y de fabricación de insumos y equipos médicos. En simultáneo se movilizaron acciones para la repatriación gradual de argentinos en el exterior, y de control de la circulación interna, entre otras.

Ello está significando esfuerzos fiscales y financieros de grandes proporciones en inversión pública sanitaria y en transferencias monetarias a las provincias, a sectores sociales vulnerables, a privados cuentapropistas y a titulares de micro, pequeñas y medianas empresas. No resulta extraña esta estrategia en tanto la gran mayoría de los países asignan fondos extraordinarios y reconvierten programas de inversión pública para atender la emergencia sanitaria y social. Lo hacen los países más desarrollados del mundo, y lo recomiendan los organismos internacionales de crédito. Otras medidas de ayuda indirecta congelan los valores de alquileres, postergan pagos de tributos y de cuotas por créditos, y prohíben desalojos, despidos y suspensiones de personal.

Pero Argentina, como dijo la directora del FMI, padece de comorbilidad y el Coronavirus agravó sus patologías: la restricción externa, los desequilibrios económico-financieros estructurales y las desigualdades sociales y territoriales. No solo aumenta el gasto público por la imperiosa necesidad de salvar vidas y proteger del hambre, sino que además se desploman ventas externas por la caída de la demanda en el marco de la crisis mundial y se paralizan actividades no esenciales, afectando el empleo, el comercio, y numerosos circuitos productivos y de servicios.

En ese marco, pueden pensarse dos ejes rectores que inspiran las políticas gubernamentales: por un lado enfrentar la emergencia por la pandemia, y por otro la restricción externa y desarticulación del aparato productivo provocado por las políticas neoliberales que durante la gestión gubernamental de Cambiemos se tradujeron en la apertura y liberalización financiera, promoviendo los negocios especulativos, garantizando la renta de los grandes agentes financieros nacionales y extranjeros y la fuga de divisas. Producto de sus políticas, se transfirieron hacia ellos enormes volúmenes de riqueza social en pagos de tarifas dolarizadas de los servicios públicos, en insostenibles tasas de interés por letras, bonos y créditos, al tiempo que caía el empleo y los salarios nominales y reales. La baja de las retenciones y de los impuestos patrimoniales trajo consigo el aumento el déficit fiscal asociado al endeudamiento interno y externo del sector público nacional y provinciales y con ello se multiplicaron devaluaciones de la moneda nacional. Estos mecanismos convertidos en círculo vicioso de recesión y endeudamiento dejaron exhausta a gran parte de la economía y en particular a los agentes económicos pequeños y medianos, a las cooperativas, y a las familias y organizaciones comunitarias y gravemente debilitadas a las instituciones de la seguridad social, la salud y la educación. Este fue el resultado que impuso un régimen de economía centrada en los ajustes por inflación, en la desregulación de mercados, la apertura de importaciones y la acumulación financiera a costa del trabajo y la producción, que avaló la convivencia del endeudamiento público con la fuga de divisas y la dolarización de distintas transacciones económicas promoviendo espirales de endeudamiento insostenibles.

Hoy Argentina viene enfrentando dos guerras al mismo tiempo, la lucha contra un virus en situación de pandemia, con la necesidad de atender las prioridades nacionales de salud y bienestar, y el endeudamiento interno y externo que no sirvió para el crecimiento ni el desarrollo económico y social, sino para la fuga de divisas, el vaciamiento del ahorro nacional y el enriquecimiento de intermediarios y sectores financieros asociados a la usura y no a la reproducción de empresas y trabajo. Quedó configurado así un escenario de excepcionalidad propio de los ciclos de guerra. Encaminada la efectiva negociación con los bonistas privados bajo legislación extranjera y nacional, se postergan pagos, se reducen intereses y se abre un horizonte más promisorio para impulsar la economía.

Pero el postergar pagos no significas contar con fondos para reactivar la economía. En estas circunstancias, el Estado posee las atribuciones que le otorga el Art. 4 de la Constitución Nacional de obtener recursos tributarios con la premisa de la equidad y la proporcionalidad como criterio rector. Del mismo modo gestiona postergar los pagos al FMI por préstamos que son los más grandes de la historia del organismo.

Por ello, la hora lo amerita y cabe aplicar una contribución extraordinaria a las grandes fortunas, y a los activos externos declarados, a fin de obtener los recursos necesarios para enfrentar la emergencia, proteger a la población, redistribuir y reasignar fondos públicos según prioridades sociales, económicas y ambientales y cumplir en plazos y condiciones posibles con los pagos por deuda. Ello habrá de implicar penalizar las situaciones irregulares y concertar el destino de los fondos al sistema sanitario público, las becas para la educación de jóvenes y adolescentes, las empresas de menor talla, los barrios populares y el abastecimiento de gas en el mercado interno para uso residencial e industrial.

Los cálculos más ajustados de la contribución sobre los activos externos y sobre las grandes fortunas que ha de definir el Congreso Nacional, estimados en 300 mil millones de pesos, han de permitir saldar la deuda social acumulada, reactivar la economía y abrir las puertas al futuro y a las nuevas generaciones. Es la hora de enfrentar estos dilemas con coraje, con responsabilidad y con la fuerza política que emane de acuerdos intersectoriales e intergubernamentales.

La Patria primero, y por ella habrá que librar la batalla por la reducción de la desigualdad que frena cualquier desarrollo: las deudas con pagos en plazos, niveles y modos sostenibles, y la opción por la captación de fondos para la recuperación y el desarrollo, que provengan de aportes extraordinarios a los patrimonios internos y externos que constituyen fortunas, y el uso bajo control social con fines centrados en la equidad.

Río Negro en la transición de la pandemia a la pospandemia

Río Negro es una provincia cuya economía está centrada hoy en la producción primaria y los servicios. En la pandemia el nivel de actividad o de parálisis ha pasado por lo esencial y lo no esencial, arrastrando impacto en el empleo y los ingresos de la población, en particular los trabajadores informales, y en los ingresos públicos. La producción frutihortícola como esencial abastece al mercado interno y la exportación; y hoy abre una nueva ventana de oportunidad frente al mundo que otorga prioridad a los alimentos, y Río Negro dispone de un puerto sobre el mar Atlántico. El escenario pospandemia puede significar una demanda creciente de frutas, pero requiere mejorar las capacidades locales de gestión productiva y comercial para enfrentar a los mercados mundiales donde se ha ido perdiendo participación producto de la falta de renovación de plantaciones, de implantación de nuevas especies y variedades de frutas. Debe revertirse la situación por la que se ha resignado la posibilidad de agregar valor, optando por la fruta en fresco y los jugos concentrados de frutas de pepita como commodity. La ganadería ovina cuya actividad cubre una gran extensión del territorio de meseta, ha quedado limitada a la cría de animales básicamente para lana, cuyo destino es la venta como lana sucia, dentro y fuera del país. Un país que pretenda crecer y desarrollar su industria textil, debe encarar la instalación de lavaderos y peinadurías en origen, y plantas de hilado y tejido. La ganadería bovina de zonas de secano y de riego se comercializa dentro y fuera de la provincia abasteciendo la región preferentemente, y mercados extra regionales, con mínimo procesamiento. El petróleo que se extrae de los yacimientos en la cuenca de hidrocarburos se comercializa como petróleo crudo, y el gas de reservorios no convencionales se extrae y envía por gasoducto a las zonas más pobladas del país. Se carece a nivel provincial de refinería y el gas se destina al consumo nacional, y parcialmente a plantas petroquímicas fuera de la zona. Con la pandemia cayó la producción de petróleo crudo y la demanda para el transporte paralizando perforaciones, plantas y empleos que deberán reactivarse progresivamente para alimentar la industria y el transporte. La caída de los precios internacionales del petróleo y el gas significaron por estos meses una crisis financiera, económica y laboral, y la pronunciada baja de la recaudación de regalías, que sólo fue paliada por la intervención nacional a través de programas para el pago parcial de salarios, la definición de un valor subsidiado del barril de petróleo, la moratoria impositiva y los créditos a tasa cero o promocionadas. El turismo es nacional e internacional en la zona cordillerana, y nacional y regional en la costa atlántica. Hoy está paralizada la actividad del sector que integra la hotelería, la gastronomía y los servicios, y demanda auxilio financiero, obras que cooperen a mejorar la infraestructura y la espera de la recuperación pospandemia.

Río Negro perdió a lo largo de las últimas décadas su industria, la asistencia crediticia del Banco Nacional de Desarrollo, y la presencia del Estado en áreas claves. En tiempos de las políticas neoliberales desde mediados de los años 70, y con las privatizaciones fue perdiendo en manos de consorcios privados las empresas públicas que moldearon la vida económica en el territorio: YPF, Ferrocarriles Argentinos, Telecomunicaciones y Agua y Energía, las represas hidroeléctricas, y los gasoductos y oleoductos, el puerto de San Antonio Este, y se consolidó la banca extranjera y el hipermercadismo. Todo ello significó un profundo cambio en el régimen económico nacional y regional, a producción los servicios y el empleo y en la distribución del ingreso. El capital privado y en particular el extranjero absorbieron mercados, negocios, rentas, tierras rurales y urbanas, yacimientos y cursos de agua, y pasaron a controlar el mundo financiero, particularmente en Río Negro con la privatización del banco provincial.

Al presente, desde la nueva etapa de gobierno y de transformación política iniciada en diciembre de 2019 se busca recuperar los resortes básicos de la economía para la Nación Argentina, para poner en marcha un modo productivo y distributivo con equidad y soberanía. La pandemia y la deuda externa e interna heredada imponen un corset fenomenal a las posibilidades gubernamentales de llevar adelante las premisas de independencia económica, soberanía política y justicia social. Pero es el compromiso asumido con los y las argentinas. La Patria Grande latinoamericana también está en peligro, en tanto se han impuesto políticas neoliberales a la par que regímenes autoritarios, prebendarios y entreguistas. La financiarización mundial acecha, y los designios norteamericanos amenazan con imponer un control militar y económico al continente. En ese marco, Argentina y la Patagonia pueden ser presa del capital multinacional que busca ocupar territorios y controlar mercados financieros al presente y al futuro.

La transición de la pandemia a la pospandemia es un desafío inédito y monumental no solo económico y social, sino que lo es básicamente político institucional y continental. Algunas luces generan destellos en las sombras y las tinieblas de la pandemia. Esa luminosidad la marca el empeño de los movimientos sociales en la América Latina, Argentina, y en la región patagónica donde se hace Patria en comedores y barrios populares, y se organizan grupos solidarios para proyectar la ciclópea tarea de salir de las dos pandemias, la económica y la sanitaria. La economía es importante, pero la salud está primero porque de ella depende la vida individual y colectiva. Hoy en los silencios de aislamientos están presentes todas, todos y todes los que creen que otro mundo más justo es posible, que la fraternidad es un valor fundamental, y que la lealtad a la bandera, al suelo y al mar argentino están primero junto a la vida y los derechos humanos.

* Diputada Nacional Frente de Todos Río Negro.