Algunas cuestiones sobre la edad de imputabilidad y las ganas del Macrismo de tener un régimen penal juvenil más cruel que el sancionado por la última Dictadura. 

Por Diego Algañaraz*

En estos últimos días y a raíz de la lamentable muerte de Brian (14 años) en un hecho de inseguridad ocurrido en el Barrio de Flores, desde el macrismo pusieron en agenda la discusión de una reforma del régimen penal juvenil, con la idea de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La cuestión penal es siempre un caballo de batalla para los políticos que intentan hacerse con el favor de la gente, que angustiada y agobiada por la inseguridad, no ofrece mayor resistencia y recibe gustosa, de hecho la mayoría de las veces exige, como es el caso, que el Estado prometa aumentar el caudal de violencia con el que cae sobre las personas que cometen un ilícito.

El desconocimiento generalizado respecto de la ley, muestra su cara más cruda cuando la criminología mediática alimentada y reproducida por los medios masivos de comunicación, hacen florecer en el pensar cotidiano, la idea de que los menores de 18 años que delinquen no padecen ninguna consecuencia legal. Alrededor de estas generalizaciones, existen varias cuestiones que es necesario aclarar.

Actualmente, la ley 22.278 (decreto ley de Videla que postulaba 14 años como el piso de imputabilidad), establece que no son punibles los menores de 16 años (modificación de Bignone). Esto es, no pueden ser juzgados por la ley penal cuando hubieran cometido un hecho calificado como delito por el Código Penal. Ahora, esto no significa que si un pibe de 15 años mata o roba,  nada pasa o nada se hace. Este pibe puede quedar inclusive privado de su libertad ambulatoria por disponerse su internación en institutos de menores, o sujeto a otras formas de control que un Juez puede disponer.

La premisa que está por encima de todo esto, es que no se puede cargar toda la fuerza represiva del Estado sobre personas que no alcanzaron siquiera la edad de maduración necesaria para entender el mundo que los rodea.

Por otro lado, si el que comete un ilícito tiene entre 16 y 18 años, es imputable si para el hecho se dispone una pena de prisión superior a los dos años. Un robo simple prevé una pena de hasta seis años de prisión, con lo cuál, estos pibes también pagan. Es cierto que el sistema establece que sólo excepcionalmente se apliquen penas privativas de la libertad, dependiendo la gravedad de los casos. Y esto obedece a que Argentina no es una isla, tiene compromisos internacionales asumidos desde que suscribió la Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos, en los que se prevé la aplicación de otras sanciones alternativas, como la reparación del daño, la imposición de obligaciones a favor del instituciones de bien público, la obligación de continuar los estudios o de adoptar algún oficio.

Está claro que al gobierno del hijo de Franco, no le va a temblar el pulso en encerrar a los hijos de Don y Doña nadie, porque este gobierno no tiene la mínima intención de abordar la problemática de la seguridad de manera integral.

La premisa que está por encima de todo esto, es que no se puede cargar toda la fuerza represiva del Estado sobre personas que no alcanzaron siquiera la edad de maduración necesaria para entender el mundo que los rodea. Lo que hay que entender, antes de subirse a las campañas punitivas –cualquiera sea-, es que un país mejor no es aquel donde se practique el aislamiento y la represión sobre los sectores vulnerables, sino uno donde se luche todos los días por integrar y dignificar a todos y todas.

No es extraño, para un gobierno que en materia social no ha dado señales de responder a las necesidades de los sectores más humildes, que sigue aliviando la carga impositiva de los sectores privilegiados, y que cuyo concepto de “política social” está ligado a una suerte de voluntarismo benéfico, que el paliativo sea encerrar a los pibes.

Está claro que al gobierno del hijo de Franco, no le va a temblar el pulso en encerrar a los hijos de Don y Doña nadie, porque este gobierno no tiene la mínima intención de abordar la problemática de la seguridad de manera integral, ligada a la educación, al trabajo, al abordaje pacífico del espacio urbano y al fortalecimiento de los vínculos entre sujeto-comunidad desde la más amplia y profunda inclusión.

Parece ser que sacrificar a los pibes es el mal menor, siendo lo inadmisible discutir un país para todos.

*Abogado penalista. UBA. Trabajador judicial.