*Por Augusto Taglioni

Las horas de Lula en libertad parecen estar contadas. Tal vez, algunos estén leyendo este texto ya con el expresidente brasileño tras las rejas luego de la orden detención del juez todopoderoso Sergio Moro. Todo esto gracias a la luz verde que dieron tanto el Supremo Tribunal Federal como el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre. Sincronizados, como si estuvieran preparados para el momento, lograron encarcerlar al presidente saliente con mayor imagen positiva de la historia del país, un envidiable 80 por ciento. Lejos en el tiempo, la realidad después de 8 años es sustancialmente diferente. 

Intentemos alejarnos del impacto de la noticia, del enojo o alegría que esto pueda producir en quien lee y busquemos comprender el contexto en que esto sucede, las actores que lo hacen posible y los posibles errores de Lula, Dilma o del Partido de los Trabajadores (PT). 

Es así que debemos remontarnos a dos situaciones: la operación Lava Jato y la destitución de Dilma Rousseff. La primera puso en la palestra la corrupción político-empresarial y lanzó a la fama a Sergio Moro que, como muy bien definió el periodista Darío Pignotti, se comporta más como político que como Juez. 

El “Lava Jato” cambió el eje central del debate público. A partir de la olla destapada por la investigación y la detención de una gran cantidad de CEOS y ejecutivos de empresas, los medios masivos de comunicación instalaron un único tema en la agenda. A partir de entonces, Moro concentró las miradas y actuó prácticamente como un superhéroe dispuesto a combatir a los corruptos. La pregunta es, ¿a todos? Permítanme dudarlo. La delación premiada puso la declaración de un acusado como elemento probatorio de un crimen y los delatores, en su gran mayoría empresarios, a la larga salieron favorecidos por la reducción de penas. Sin ir más lejos y a modo de ejemplo, Paulo Roberto Costa y Alberto Youssef, pudieron reducir drásticamente sus penas gracias a incriminar a otros presuntos corruptos. O incluso Marcelo Odebretch podría salir de prisión en cuestión de meses cuando fue condenado a 18 años de cárcel. Pareciera entonces, que los peces gordos no están sufriendo la contundencia jurídica de Moro. 

Ahora bien, en ese proceso que tuvo su auge entre 2014 y 2015, hay varios elementos para discutir a pesar de lo antipático que pueda resultar. El Lava Jato afectó mucho a la política y un poco a los empresarios. ¿Quién se beneficia en un país cuyos ciudadanos no creen en la politica? Marcelo Crivella, pastor evangelista y alcalde de Río de Janeiro o Joao Doria, empresario televisivo e intendente de San Pablo y un tal Jair Bolsonaro pueden ser un principio de respuesta.

Con esto no quiero minimizar la sistemática corrupción en el país vecino, pero sí es importante separar los procesos judiciales de las operaciones políticas.

El Lava Jato manchó al sistema político de forma transversal, pero no incidió en las elecciones que ganó Dilma Rousseff en 2014. Dilma decidió hacer un ajuste y pactar con cúpulas políticas y empresariales que le terminaron soltando la mano y configurando su final político a través de un irregular impeachment. Este es el segundo punto para señalar y que está relacionado con el bloque social dominante que decidió sacarse de encima a la presidenta. ¿De quién estamos hablando? El poder judicial, la Federación de Industriales de San Pablo, las grandes cadenas de medios de comunicación y la partidocracia expresada en el PMDB y PSDB. 

Todos ellos cumplieron un rol central en la construcción de una base de sustento que creyó que Rousseff se iba del gobierno por corrupta. Dilma fue destituida, sí, pero por un mero trámite administrativo en el presupuesto. Ni delación premiada, ni audios, nada.

La caída petista y la llegada al poder de Michel Temer fue la primera fase del giro autoritario que permitió, con la corrupción en el centro de la escena, avanzar en reformas regresivas. Tal es así que no dudaron en llevar a cabo el congelamiento del gasto público por 20 años, la aprobación de la Ley de Participación Público Privada, la reforma laboral y una reforma provisional que aún está en agenda. Todo este derrotero es acompañado por una alianza regional con Macri y un relanzamiento del vínculo con Estados Unidos y la Unión Europea.

Antes de la irrupción del Lava Jato, Dilma Rousseff protagonizó dos hechos claves. En septiembre de 2013, los diarios publicaron la noticia que decía que Dilma había plantado a Barack Obama en una reunión que iba a desarrollarse en el  marco de la Asamblea de la ONU. El faltazo se produjo cuando el gobierno del PT descubrió, a través de los cables WikiLeaks, que la Casa Blanca espiaba a Dilma y a Petrobras. Esto fue meses antes de antes de la megacausa de corrupción que se robusteció con información abastecida por el Departamento de Estado norteamericano. El otro elemento es la Cumbre de Fortaleza de los BRICS, en donde los países emergentes firmaron un acuerdo para construir un Banco de Desarrollo y organismo de préstamos financieros, es decir, una arquitectura financiera alternativa al FMI y al Banco Mundial. Esto no explica todo lo que pasa, solo es parte del entramado geopolítico, donde se juegan intereses y donde cada decisión tiene su costo. 

La segunda fase se caracterizó por la consolidación del bloque dominante en los resortes del poder. La pata política aplica reformas sin medir el costo (Temer tiene 3 por ciento de imagen positiva y la mitad del Congreso de Brasil está involucrado en diferentes causas de corrupción). La justicia se paró por encima de la constitución y, entre otras cosas, hizo de la condena de segunda instancia una regla de la que no pretenden correrse. El poder económico ocupó (y sigue ocupando) el lugar vació del Estado para construir un modelo a la medida de sus propios intereses. Esta etapa vino acompañada de otro actor que ganó protagonismo: las Fuerzas Armadas. Además de conducir el Ministerio de Seguridad y prácticamente gobernar de facto el Estado de Río de Janeiro, se convirtieron en fuerza de choque que en nombre del “combate al narcotráfico y la violencia” actúan como factor disciplinador de los sectores sociales que reaccionan ante el régimen vigente. Por supuesto que lo hacen en coordinación con el resto de las fuerzas de seguridad, responsables de la muerte de la concejal del PSOL Mariela Franco, por su constante denuncia contra la violencia institucional en las favelas cariocas.

Abuso de poder. Especialmente en el caso del poder judicial, que no tuvo inconvenientes en poner en duda la presunción de inocencia (en el caso de la Corte) o atropellar un procedimiento, como hizo Moro con la detención de Lula para “ganarle de mano”. Las fuerzas de seguridad no se quedan atrás. Profundizan la violencia política que atacó la Caravana de Lula hace algunas semanas.

Abuso es también el silencio cómplice y justificador de la elites políticas que pretenden sacarle provecho al contexto. Por ejemplo, para el precandidato de la derecha y cuatro veces gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, la prisión de Lula “simboliza un cambio importante que demuestra que la ley es para todos”. Lo extraño es que este imperativo no rige para Aeccio Neves o Michel Temer, cuyos delitos de corrupción estan más comprobados que lo que dice Moro que hizo Lula, pero que no pudo probar. 

La tercera fase inicia con la detención de Lula y la garantía, al menos aparente, de culminar lo iniciado con Dilma. Es lógico que el bloque de poder no quiera arriesgarse a perder las riendas del país en manos del candidato que más mide en las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre. Evidentemente, a la realidad que estamos analizando hay que sumarle lo que será un reacomodamiento del Frente Popular que acompaña a Lula. No para definir otro candidato, sino para movilizarse y reflejar que las decisiones del bloque de poder generan un impacto social que deberán atender, les guste o no. 

También, vale decir, que en el espectro de la derecha existen analistas y periodistas detractores de Lula que repudian este mamarracho jurídico encabezado por Sergio Moro y gran parte de la corporación judicial. La grieta brasilera es entre Democracia y Fascismo.

Paradójicamente, Lula aún puede ser candidato dado que resta tiempo para que la Justicia Electoral defina si corresponde aplicar la Ley de Ficha Limpia e inhabilitar al líder petista. ¿Hay alternativas a Lula dentro del PT? Si, pueden mencionarse varios, el ex gobernador de Bahía Jaques Wagner, el economista Fernando Haddad, el exgobernador de Ceará Ciro Gomez o hasta la propia Dilma Rousseff quien se postulará para una banca en el Senado por el Estado de Minas Gerais. De todas formas, la estrategia del PT es clara, Lula o nada, y esta relacionado con los tiempos que existen hasta que se pronuncie el Tribunal Superior Electoral, los recursos que aún pueden presentarse en términos legales y el objetivo de exponer al poder dominante que está intentando de proscribir al candidato que lidera los sondeos.

Estos bloques de poder quieren exportar su modelo de justicia al resto de los países de la región para que, sin lugar a dudas, funcionen como factor de persecución de dirigentes incómodos para el poder.

Por su parte, Marco Aurelio de Mello, uno de los jueces más sensatos de la Corte, está buscando una salida a esta crisis. Mello quiere que la semana próxima se discuta una cautelar para cambiar la jurisprudencia sobre la prisión en segunda instancia. Esta fase tiene dos caminos: el político, y el judicial. ¿Habrá una profundización del giro autoritario y pondrá en duda la realización de las elecciones como sugirió la Revista Veja? ¿Seguirá latente la posible intervención de las Fuerzas Armadas si el escenario cambia? ¿Los medios masivos seguirán presionando a los jueces que entienden que lo que pasa con Lula no corresponde a un Estado de Derecho?

Todos interrogantes de un panorama crítico en un país cuya democracia está en terapia intensiva.

*Director del portal especializado en política internacional Resumen del Sur, y de Oveja Negra Mar del Plata