Brasil es un verdadero Estado de excepción. No hay otra manera de definir un país que vive en una completa anomalía institucional. Con un presidente sin legitimidad ni consenso, que se quedó en el cargo luego de una destitución irregular contra una presidenta elegida por 54 millones de personas, una justicia hiperparcial que condena con más subjetividad que pruebas, un mercado que digita todas y cada una de las decisiones políticas y una violencia política que crece.

En las últimas dos semanas, el gigante latinoamericano fue protagonista por dos hechos gravísimos para la democracia: el asesinato de la concejal Mariela Franco y el atentado contra la caravana del expresidente Luis Inazio “Lula Da Silva” en Paraná. El primero fue calificado como un homicidio premeditado de carácter político cuyos responsables persiguieron a la militante del Partido Socialismo y Libertad para asesinarla luego de las denuncias contra la violencia policial en las favelas de Río de Janeiro. El segundo episodio se produjo el martes 27 de marzo y fue considerado por el Partido de los Trabajadores como “un atentado” que buscó terminar con la vida de Lula (hoy, primero en las encuestas para las elecciones presidenciales).

Es importante poner en contexto el momento en el que esto acontece. El próximo 4 de abril, la Corte Suprema de Justicia de Brasil deberá expedirse sobre la situación judicial del líder petista. Es difícil anticipar el voto de los magistrados, pero se puede tomar el antecedente último de la admisión del hábeas corpus presentado por la defensa de Lula, rerso que le permitió un breve oxigeno ante el asedio judicial. No sería extraño un fallo favorable que le garantice a Lula transitar toda la campaña electoral en libertad, independientemente si es habilitado como candidato.

¿Qué tiene que ver esto con el atentado? Pues, frente a una decisión importante como la del 4 de abril, los sectores de poder buscan condicionar decisiones que puedan beneficiar al ex Jefe de Estado, no solamente por la molestia que puede generar la vuelta del PT al Planalto, sino también porque significaría un golpe al corazón de la Operación Lava Jato.

Además de los disparos contra la Caravana del Lula en Curitiba, existe una enorme presión contra Edson Fachin, juez del Supremo Tribunal Federal (STF), quien informó que su familia y él han sido amenazados.

Es claro que la Operación Lava Jato marca el pulso de la política brasileña desde hace 5 años, llevándose puesto a todo el sistema legislativo, pero por sobre todas las cosas instalando un clima de apatía y escepticismo que condena a la política en su conjunto. Esto es perjudicial para la democracia, dado que ante la crisis de representatividad de la clase política quienes ocupan el centro de la escena son los poderes económicos y judicial. Y aquí ya no importa la lucha contra la corrupción y la transparencia. Cuanto más debilitada esté la política, más poder tiene el mercado y los poderes fácticos.

La política es responsable de lo que sucede. Los detractores de Lula parecen jugar a “cuanto peor, mejor”, sin contemplar que están siendo funcionales a la violencia vigente. Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro  y Michel Temer relativizaron el ataque contra Lula y deslizaron que “Lula está cosechando lo que siembró”. Una locura que no tiene fundamento.

Cualquier discusión ideológica queda al costado cuando estamos frente a un escenario en el cual el ejercicio de la política significa un riesgo para la vida, sea Brasil, Venezuela o Argentina. Marielle Franco fue asesinada por ser de izquierda, negra y feminista y denunciar la violencia institucional en las favelas de Río de Janeiro. Lula puede haber cometido errores en sus años de gobierno, pero nada justifica su detención arbitraria con falta de pruebas. Eso no tiene nada que ver con una lucha real contra la corrupción.

La democracia en Brasil está cada día más débil, a pesar del silencio de los grandes medios de comunicación y la complicidad del poder judicial y los partidos políticos de la derecha. La crisis de representatividad permite la llegada de personajes como Jair Bolsonaro (segundo en las encuestas), Joao Doria (alcalde de San Pablo) o el pastor evangelista Marcelo Crivella (Alcade de Río de Janeiro) que desprecian la democracia y avalan la violencia.

“Encarcelar a Lula sería incendiar el país”, dijo el 25 de enero el Juez de la Corte de Brasil, Marco Aurelio Mello. No se trata solo de Lula, sino de todos aquellos que se paren en contra de lo establecido en un contexto de deterioro institucional y pérdida de derechos. Para colmo, algunos medios como Veja ya instalaron la versión que indica, según fuentes cercanas al Gobierno, que el entorno de Michel Temer no descarta la suspensión de las elecciones presidenciales. Un dato que muestra que todo puede seguir empeorando.

Ese país que supo ser ejemplo de potencia emergente en un mundo multipolar, hoy junta los pedazos de una democracia destruida.