Graciela Landriscini - Diputada Nacional por Río Negro - Frente de Todos

En las últimas semanas el Gobierno Nacional puso en marcha dos grandes políticas públicas vinculadas a la histórica, estructural y desigual distribución de los trabajos domésticos y de cuidados y al derecho de las personas a ser cuidadas, entre otras importantes medidas.

Por un lado, lanzó el “Mapa Nacional de los Cuidados” que permite identificar la oferta de espacios y servicios de cuidado para primeras infancias, adultos mayores y personas con discapacidad en todo el país impulsado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Y, por el otro, desde la ANSES se puso en marcha el “Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidados” para aquellas mujeres madres que no alcancen con los años de aportes para jubilarse. Se estima que esta medida alcanzará a más de 150 mil mujeres en el país y alrededor de 3 mil en la provincia de Río Negro.

El gobierno de Néstor Kirchner primero, y el de Cristina Fernández después, concretaron avances sustanciales y transformadores en las políticas vinculadas a los cuidados de las personas, tales como la Jubilación Anticipada en 2005 que permitió acceder a más de 2 millones de personas a una jubilación -de las cuáles más del 80% fueron mujeres-; la Asignación Universal por Hijo en 2009, que garantizó un ingreso a todos-as los niños, niñas y adolescentes en los que sus progenitores y/o tutores no tuvieran un trabajo registrado o se encontrasen desocupados-as; y la Ley Nacional de Trabajadores-as de Casas Particulares sancionada en 2013 por mencionar solo algunas. El actual gobierno de Alberto Fernández continúa profundizando este camino con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y más de 100 medidas en el área de los cuidados.

La Vida que Queremos es nuestra consigna para recuperar la Argentina. Está asociada a recuperar derechos y crear oportunidades, para reducir desigualdades sociales: entre generaciones, de género, laborales, de ingresos y territoriales. En particular se enfoca en los más débiles: las mujeres y diversidades, los niños, niñas y jóvenes, y en los y las trabajadores, los y las jubiladas y pensionadas que por su trayectoria educativa y laboral sufren situaciones de mayor vulnerabilidad.

Ello se inspira en 4 argumentos estratégicos y orientadores: un enfoque de derechos humanos, una perspectiva feminista, y una visión, y un conjunto de políticas y acciones que se comprometen con la recuperación económica y la salida de la pandemia. El mundo no será igual a la pre pandemia; y nuestro país tampoco lo será. Queremos una distribución más equitativa de los recursos, de los ingresos, de las oportunidades. Queremos un mejor presente y un mejor futuro para todos y todas, sin exclusiones.

Una necesidad a cubrir, un derecho a garantizar

Todas las personas somos seres interdependientes, es decir, que necesitamos o necesitaremos en algún momento de nuestras vidas ser cuidados por otros-as. Según la etapa del ciclo vital, algunas personas requieren de mayores cuidados como los niños, las niñas y adolescentes, las personas mayores y las personas con discapacidad. Pero, todos-as fuimos, somos y/o seremos cuidados.

Cuidar a una persona implica una serie de actividades y responsabilidades cotidianas (hacer las compras, preparar la comida, la higiene personal, traslados a la escuela y médicos-as, garantizar el descanso, las condiciones de higiene del hogar, entre otras tantas) que además implican un profundo vínculo afectivo y emocional que involucra a las personas que reciben los cuidados y a las personas que los proveen. Las personas que cuidan, hemos sido y somos -históricamente- en su mayoría, las mujeres: las madres, abuelas, tías, hermanas, amigas, niñeras y trabajadoras de casas particulares; las maestras, las enfermeras, y hoy se multiplican quienes gestionan comedores y merenderos para asistir con alimentos a niños, niñas y familias que lo necesitan.

Desde un enfoque de derechos humanos, el cuidado debe ser garantizado como un derecho y, por lo tanto, los Estados tienen el deber de adoptar medidas que impliquen hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr, de manera progresiva, su plena efectividad como el derecho a la salud, la vivienda, educación, trabajo, entre otros. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) así lo dispone, el cual ha sido ratificado por el Estado argentino.

Un trabajo a reconocer y a redistribuir

Las académicas, activistas y mujeres políticas feministas nos hemos dedicado a demostrar y visibilizar que todas esas actividades y responsabilidades vinculadas a los trabajos domésticos y de cuidados implican un trabajo que puede ser remunerado o no; Ese trabajo se realiza en un tiempo indeterminado porque en las tareas de cuidado no hay sábados, ni domingos, ni feriados; y lo que hacemos las mujeres es mucho más de lo que en materia de cuidados hacen los varones. Nos involucra de modo muy intenso la maternidad, la lactancia, la higiene y la salud de niños y niñas, y también la atención de las/os adultos mayores. Según la última y única medición que realizó el INDEC en el 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández, las mujeres dedicamos más de 6 horas de nuestros días a estas actividades, mientras que los varones les dedican 3. Recientemente el Gobierno Nacional anunció una nueva encuesta que será realizada a partir de octubre por el INDEC para actualizar estos datos que resultan cruciales para el diseño de políticas públicas eficaces. La pandemia incrementó las horas de cuidado de los-as hijos-as y otros familiares, en un marco de incertidumbre y angustia.

Pero, además de las desigualdades entre mujeres y varones, existen también desigualdades entre las mujeres según su edad, según la cantidad de hijos-as y sus edades y también según el nivel de ingresos. Las mujeres más pobres dedican más tiempo de sus días a estos trabajos no remunerados que las mujeres de sectores más ricos de nuestra sociedad. Es por ello, que estas desigualdades en los trabajos domésticos y de cuidados implican un perjuicio en las trayectorias educativas, en las oportunidades y las condiciones laborales de las mujeres y, en consecuencia, en la situación de pobreza. Ello aumenta el grado de exposición a mayores riesgos de sufrir discriminaciones y violencias por razones de género.

Es por ello que visibilizar el tiempo que las mujeres le hemos dedicado a los cuidados de nuestros-as hijos-as a través del reconocimiento de aportes para acceder a una jubilación es una medida histórica de justicia y reparación de estas desigualdades de enorme importancia. Además, la mayor inversión pública en la economía de cuidados mediante de la mayor remuneración (jubilación) a las cuidadoras funcionará como un multiplicador en la economía. Esos ingresos se destinarán a la prevención en salud, a solventar mejores condiciones de vida en el hogar, y a atender necesidades de la familia.

Una clave en la reactivación económica

Todo el tiempo que las mujeres destinamos, gratuitamente, todos los días y sin pausa, a tareas del hogar y de los cuidados en la Argentina, suman un total de 96 millones de horas por día según un estudio reciente de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación. Para cuantificar la dimensión económica de esos trabajos, el mismo estudio señaló que el aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 15,9% del Producto Bruto Interno (PBI), siendo así el sector de la economía que mayor aporte realiza, seguido por la industria (13,2%) y el comercio (13%).

Pero, además, alrededor del 16% de las mujeres del país trabajan en casas particulares realizando tareas domésticas en los hogares y cuidando a personas. Sin embargo, casi 8 de estas trabajadoras no están registradas, y, en consecuencia, sus condiciones laborales son muy precarias. Esto quiere decir que estas mujeres no tienen cobertura médica, no disponen de un seguro por accidentes en sus tareas o yendo y viniendo a las casas particulares, no están protegidas frente a los despidos y sus años de trabajo no serán contabilizados para cuando llegue el momento de acceder a su jubilación. Es por ello, que se deben arbitrar todos los medios disponibles para fiscalizar y controlar el efectivo registro de las trabajadoras de casas particulares, y para el cumplimiento de las condiciones de remuneración dispuestas según la jornada en distintos puntos del país.

Estos argumentos evidencian el enorme impacto social y económico positivo que significa implementar políticas en el sector de los cuidados. Las transferencias de ingresos como la AUH, la Asignación por Embarazo, el reconocimiento y reparación histórica como el acceso a una jubilación, y la formalización de las trabajadoras de casas particulares, tienden a efectivizar el derecho a la protección social, a los derechos laborales y a la igualdad de género, mientras que incentivan el consumo y la reactivación económica. A su vez, ese impacto económico tendría un efecto federal que se derrama en todo el territorio nacional y que trasciende el sector informal de la economía, puesto que, a diferencia de otros sectores económicos como la industria, el sector de los cuidados tiene presencia territorial en todo el país.

La columna vertebral en la pandemia

Las principales medidas que se han ido adoptando desde 2020 para reducir la propagación del Covid-19, como el cierre de escuelas y los distintos grados de aislamiento, han significado una enorme sobrecarga de trabajos domésticos y de cuidados hacia las familias, que han recaído especialmente, sobre las mujeres. Son quienes cuidan en sus casas, en el barrio, en las escuelas, en los hospitales y en los comedores. La sostenibilidad de la crisis sanitaria, a través de una exacerbación en las tareas de cuidados hacia niños, niñas y adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad ha sido, en su mayoría, descargada sobre las mujeres.

La historia lo registra, la política también debe hacerlo, y debe institucionalizar programas que hagan realidad la Vida que Queremos, con equidad y dignidad. Apoyar en las elecciones legislativas nacionales a los y las candidatas del Frente de Todos implica garantizar la continuidad y la profundización de las políticas en este camino que garantiza derechos iniciado en 2003.