El representante del Ministerio Público Fiscal Flavio D´Amore solicitó hoy a la jueza Eleonora Arenas del Primer Juzgado Penal Colegiado el sobreseimiento de todos los funcionarios públicos imputados en abril de 2019 por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública por las viviendas construidas por la Organización Tupac Amaru en el departamento de Lavalle.

Entre los funcionarios se encuentran el actual Intendente de Lavalle Roberto Righi, el ex presidente del I.P.V. y actual diputado provincial Omar Parisi y funcionarios nacionales que intervinieron en la autorización de las cooperativas vinculadas a la implementación del programa de vivienda social entonces vigente.

El Fiscal actuó cumpliendo las instrucciones recibidas por parte del Procurador Adjunto Gonzalo Nazar y del jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Sebastián Capizzi, señalando que no se han incorporado pruebas, que las cooperativas de vivienda efectivamente existieron y que las viviendas fueron efectivamente construidas.

El pedido de sobreseimiento constituye un cambio diametral en relación a la actuación de Gabriela Chaves, quien luego de ordenar la prisión preventiva de los militantes de la organización, decidió formular las imputaciones en plena veda electoral.

Asimismo, confirma las denuncias por una arbitraria persecución política formuladas por Nélida Rojas desde el inicio de la persecución ilegal a la organización Tupac Amaru en Jujuy por parte de los gobiernos de Morales, Macri y Cornejo.

La audiencia deberá continuar después de un cuarto intermedio, debiendo tomar la palabra el representante del Gobierno de la Provincia que actúa como querellante particular y las defensas. Posteriormente deberán tratarse múltiples pedidos de la defensa en las únicas causas que subsisten: la de asociación ilícita y las estafas consistentes en la realización de tareas comunitarias, el pago de una cuota social o participación en marchas de Cristina o de “Ni una Menos”, ya que las acusaciones de coacciones y extorsiones también fueron retiradas por el Ministerio Público Fiscal. 

Las causas contra la Tupac constituyen un caso paradigmático de lawfare sobre la base de la criminalización de las prácticas propias de las organizaciones populares, guerra jurídica que incluye el quiebre de la independencia del poder judicial y la articulación del poder político con medios de comunicación adictos para generar una condena mediática.

Así como a nivel nacional el macrismo armó causas que hoy se caen estrepitosamente a la vista de todxs, en Mendoza los medios hegemónicos invisibilizan el derrumbe de las causas armadas por la derecha autoritaria gobernante en base a discursos del odio para la manipulación de masas y la estigmatización de la oposición democrática.