Por Horacio Rovelli

El acuerdo con el FMI es incumplible porque la economía argentina solo crece sostenidamente si lo hace en base a su mercado interno y, para ello se requiere redistribuir el ingreso a favor de la población y no, como lo plantea el acuerdo de propiciar a como dé lugar la venta al exterior de productos primarios incluso con algún grado de industrialización, que no genera trabajo y menos trabajo de calidad.

Cuantas horas de labor requiere exportar por año más de 37 millones de toneladas de maíz en grano, o 14 millones de toneladas de trigo, o un millón de toneladas de  carne. A lo que debe sumarse la exportación de minerales y de petróleo y gas, todos rubros muy concentrados en pocas empresas, además del riesgo ambiental que implican su producción en nuestro país donde no se toman las mimas medidas de seguridad que en las sociedades desarrolladas.

Sin saber quienes compraron los 45.000 millones de dólares que le prestó el FMI al gobierno de Macri[1], se aprueba en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación el plan de pagos con el FMI en que, con ahorro argentino se le paga los intereses y el capital se renueva con un nuevo préstamo de ese organismo internacional a 10 años de plazo, con cuatro años de gracia para abonar el mismo, de manera tal que cumpliendo con todos los requerimientos, la deuda con el FMI se terminaría de cancelar en el año 2034.

Visto los memorándum de Entendimiento Técnico y el de Políticas Económicas y Financieras del FMI, queda claro que disminuyen los subsidios energéticos y al transporte por un lado,  y que al revés de lo que afirma la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, no tiene como objetivo limitar el proceso inflacionario en la Argentina, sino que por el contrario se propicia el aumento generalizado de los precios, sobre todo de los alimentos, agravado incluso por el conflicto Ucrania-Rusia, que los grandes empresarios productores, acopiadores y comercializadores trasladan al país (sin tener en cuenta el costo interno sino el precio internacional), como lo demuestra el precio de la carne, del maíz y del trigo en la Argentina en estos días.

La inflación, primer problema del acuerdo con el FMI

La inflación (el aumento generalizado de los precios) es buscado y consecuencia del acuerdo con el FMI, la transferencia de ingresos de los asalariados, jubilados y pensionados y todos los que están ligados al mercado interno (industria, comercio, construcción, etc.) y el ajuste fiscal, se producen porque al aumenta los precios, que disminuyen la capacidad adquisitiva de la población. Favorece a la administración pública que recauda nominalmente más impuestos (En la administración nacional el IVA, impuesto al combustible, impuestos internos, al débito y crédito bancario, etc.; en las provincias el impuesto a los ingresos brutos esencialmente, sellos y otros, todos ellos están atados a los precios) y no se incrementa en igual medida las jubilaciones y pensiones.

En la Administración Nacional el gasto más importante que se realiza es el pago previsional, que fue del 43% de su presupuesto total en el año 2021. Se trata de 7.100.000 beneficiarios donde más del 50% perciben la jubilación mínima o en torno a la mínima (para este mes de marzo 2022 de $ 32.460.- por mes) aunque hay 612 jueces que perciben más de un millón de pesos de jubilación mensual, haberes que no se ajustan por inflación.

Lo mismo pasa con los salarios que se deterioran por el aumento generalizado de los precios, esencialmente los alimentos, redistribuyendo ingresos a favor de los remarcadores (que son las grandes empresas productoras y de comercios), en síntesis, se abarata la mano de obra medida en dólares, porque el dólar y lo confirmó el Presidente del BCRA, acompañará la evolución de la inflación, para preservar la capacidad adquisitiva de las divisas (no la de los salarios y jubilaciones y pensiones).

Apuntalamiento del capital financiero, segundo problema generado por el acuerdo

Ingresan más fondos del FMI en el año 2022 que los vencimientos de capital, pero en los años 2023 y 2024 el aporte del FMI es menor que los vencimientos que se deben pagar.

En efecto, en el acuerdo para el año 2022 ingresan en marzo la suma 7.000 millones de DEG (unos 9.800 millones de dólares), de los cuales 2.800 millones son para pagar la 3era. cuota de capital de la deuda con el mismo FMI, otros 630 millones para pagarle intereses al FMI en abril y, unos 500 millones para pagarle al Club de París, la diferencia, unos 5.870 millones de dólares se emplearán para reconstruir el mercado de capitales, que es como eufemísticamente nombran el hecho de generar nuevos títulos de deuda nacional en dólares para permitir que Franklin Templeton, PIMCO y otros fondos de inversión que tienen acreencias en títulos en pesos[2], convertirlo en dólares y volverlo a fugar.

El ministro Martín Guzmán cuando expuso el lunes 7 de marzo 2022 ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda y la de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación, negó que esto sea así, afirmando que el crédito era en DEG y que su conversión debería ser autorizada por el FMI, como si ello fuera un gran impedimento,  negando el accionar del FMI que le prestó al gobierno de Macri en pleno proceso de fuga de capitales (cosa que teóricamente lo prohíbe su propio estatuto constitutivo), y negando la influencia que tienen los fondos de inversión sobre el organismo internacional que es fácilmente demostrable en todos los países del mundo y en la Argentina principalmente.  Este acuerdo y esta medida especialmente garantizan la salida de capitales de los fondos que se quieran ir.

En el año 2022 vencen cuotas de capital con el FMI por 19.620 millones de dólares y se tiene previsto que el crédito del FMI va a ser (cumpliendo todas las metas trimestrales del año en curso) de 24.620 millones.  Pero en el año 2023 vencen cuotas de capital por 18.815 millones de dólares e ingresan fondos del FMI por 16.615 millones de dólares.  Y en el año 2024  que vence capital por 4.700 millones, e ingresan recursos del FMI por 1.100 millones de dólares

Es obvio que el escalonamiento de los desembolsos es para, en su lógica financiera, asegurar la salida y con ello la posible entrada de capitales, que es como creen que se puede financiar el Tesoro de la Nación y de esa manera remplazar el financiamiento  por el BCRA, que en el año 2021 fue del 3,7% del PIB (es en pesos, pero equivalente al tipo de cambio oficial a 15.400 millones de dólares) y, este año 2022 solo le permiten financiarse por el 1% del PIB (unos 4.116 millones de dólares).

Obviamente los números no cierran por ningún lado, pero ni al gobierno y menos al FMI, pareciera importarle.

Tercer problema: la suba de la tasa de interés

El objetivo monetario es que la tasa de interés real sea mayor que la inflación y la devaluación del tipo de cambio.

Esto es, recrean la bicicleta financiera (carry trade) porque su lógica es que para que no se pasen a dólares, la retribución en pesos debe ser más redituable que comprar divisas.  Con la tasa de interés positiva confiscan el capital de las empresas endeudadas en pesos, que incluso lo hacen porque no pueden vender (conservan un stock mayor que el necesario) ante el cada vez menor mercado interno por la inflación (que reduce la capacidad adquisitiva a  la población).

A su vez perjudica a todos los que tienen deuda en pesos e imposibilita tomar crédito para refacciones o compra de bienes durables.

Con la suba de la tasa de interés se garantiza la ganancia de los bancos, sobre todos los nueve bancos privados[3] que tienen al mayor volumen de depósitos, y que son también los mayores poseedores de Leliq (Letras de Liquidez del BCRA), Notaliq (Notas de Liquidez) y otras inmovilizaciones (pases pasivos) que suman 4,7 billones de pesos a la fecha.

El perjudicado es también el BCRA que deberá pagar un interés mayor por las inmovilizaciones referidas (una cada vez mayor tasa de interés sobre los 4,7 billones de pesos)  que torna un déficit cuasi fiscal o del BCRA que es impagable.

Cuarto problema: el trasfondo del acuerdo es quedarse con nuestros recursos naturales

Como las metas que se acuerdan con el FMI finalmente no se van  a poder cumplir, se promociona (a costa del ingreso del Estado) cuando no lo necesitan, a las empresas hidrocarburíferas y mineras, o se busca que las exportaciones de bienes que alcanzaron los 77.900 millones de dólares en el año 2021 impulsadas por los precios y por las cantidades (cuando la soja, el maíz, el trigo y todo sus derivados  tienen precios récord en los mercados internacionales), con récords en el país de producción de maíz, de trigo y de cebada, pero nada se dice como impacta en los precios internos esos productos (pensemos en el precio del pan, de la harina, etc.) en el mercado interno, por un lado, y del impacto ambiental que tienen esas producciones y actividades por otra parte. Las medidas anunciadas como paliativas de la persistente suba de los precios de los alimentos en la Argentina (economía familiar, cooperativas alimenticias, etc.) son como una aspirina para un enfermo terminal, cuando se debería aumentar fuertemente los derechos de exportación (retenciones), poner cupos de exportación a la carne, al maíz y al trigo y controlar férreamente el valor del dólar.

Se debe tener en claro que así como tras la hiperinflación de los años 1989 y 1990 se logró frenar malvendiendo las empresas públicas (YPF, SOMISA, ELMA, SEGABA, FFCC, Aerolíneas Argentinas, etc.), ahora vienen por el litio y los minerales raros de nuestra puna, del gas que quieren sacar a 6.000 metro bajo del nivel del mar y a 137 kilómetros de la costa marplatense; del petróleo de San Carlos en Mendoza; de hiero y plata de la meseta de Chubut;  del oro y cobre de Famatina en La Rioja y de Agua Rica en Catamarca, por más que sus pueblos con justa razón se oponen.  En seguir súper explotando el Río Paraná y en no respetar nuestro suelo con cultivos transgénico, talado de bosques y hasta incendio de los campos.

Quinto problema: profundiza la pobreza y la exclusión social

En una sociedad con niveles de pobreza, desocupación y exclusión social como pocas veces se vivió y que, corre el riesgo de agravarse y sin punto de retorno de aplicar las medidas propuestas por el FMI, implica mayor pobreza y mayor exclusión social y un conflicto social inminente.

Lo único que garantiza el acuerdo con el FMI es que la mayoría de los jubilados y pensionados van a cobrar la miseria que cobran ahora y aún menos hasta 2034. Y que los asalariados les va a costar más conseguir empleo y que cada vez va a ser, en términos de poder adquisitivo con una remuneración menor.

En síntesis

Este país ya ha vivido las aciagas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, no fue fácil pero finalmente con el alto costo de sangre inocente, se consiguió un gobierno que defendió el mercado interno, el trabajo y la producción nacional y, la Argentina se puso de pie y crecía en forma sustentable y redistribuía ingreso en forma progresiva. Pareciera que el poder económico no teme que este proceso desemboque en lo mismo y lo que es peor sin Néstor Kirchner.  Cuando se enciende el fuego sin control, se corre el peligro de quemarse en la hoguera

[1] Recién el 3 de marzo 2022, la Jueza María Eugenia Capuchetti releva al BCRA del secreto bancario de la ley 21.526 de la reforma financiera de 1977, para que dé a conocer los nombres de los principales compradores de dólares  desde que se firmó el acuerdo con el FMI en junio de 2018.

[2] Las estimaciones extraoficiales dicen que poseen  títulos por el equivalente a unos 4.000 millones de dólares.

[3] Bancos Santander-Río, Galicia, Bilbao Vizcaya, Macro (en estos cuatro bancos tiene participación Black Rock), Credicoop, Citi, Patagonia, HSBC, Supervielle