Por Francisco Amusategui

Desde hace más de un mes, organizaciones sociales realizan una serie de protestas en las que reclaman el incumplimiento de un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social de Neuquén. Este acuerdo fue realizado entre las organizaciones y el Ministerio durante la gestión provincial anterior. Desde la asunción del gobierno de Rolando “Rolo” Figueroa, la cartera ahora encabezada por el ministro Lucas Castelli se niega a pagar los sueldos de los trabajadores de la cooperativa que corresponden a diciembre. La negativa del gobierno provincial a mantener un acuerdo de la gestión anterior provocó una serie de protestas y manifestaciones frente a casa de gobierno y otros puntos de la ciudad de Neuquén.

El gobierno de Rolo Figueroa comenzó con un discurso inquietantemente similar al que Javier Milei dio el día de su asunción donde habló de las dificultades económicas y la deuda que atraviesa la provincia. Dos ciclos atrás, Figueroa fue vicegobernador del saliente Omar Gutiérrez y fue parte del sector político que aprobó la deuda pública de la provincia desde su posición como presidente de la legislatura provincial. Además, hizo especial énfasis en la necesidad de transparencia, utilizando como ejemplo la estafa de los planes sociales. “Se acabó de darle primero a los que gritan más fuerte o nos cortan la calle”, dijo Figueroa en lo que, a primera vista, parece un guiño a las que luego serían las políticas de seguridad del gobierno Nacional.

El acuerdo con la provincia

El acuerdo de las organizaciones sociales con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social se realizó en noviembre de 2020. El convenio original entregaba fondos y materiales a una cooperativa integrada por varias organizaciones: FOL, FOL Unidad, CTEP, UTEP, el Polo Obrero, y la Darío Santillán. Se les daba objetivos específicos en los que debían realizar obras (por ejemplo, comisiones vecinales o barrios populares).

El acuerdo original duró seis meses. Luego de varias horas de negociación, la provincia cambió la palabra “trabajo” por “capacitación”, dejó de comprar los materiales para construir y además delegó la responsabilidad de designar qué obras priorizar a la cooperativa. A partir de ese momento hasta diciembre de 2023 la cooperativa funcionó de esa manera: definían utilizando una lista de prioridades dónde construir, por distintos medios se conseguían los materiales (por ejemplo, el programa Mi Pieza) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social pagaba a los trabajadores de esa obra a mes vencido.

El conflicto se desató porque la gestión entrante del ministerio se negó a pagar a los trabajadores el sueldo de diciembre alegando que ese pago ya estaba efectuado. “Ellos te corren con que hay doce meses y doce pagos, pasa que, como es a mes vencido, el pago de enero corresponde a diciembre del año anterior”, dijo Soledad Urrutia, referente de UTEP en una entrevista con Infonativa.

Cronología del conflicto

A lo largo de enero se realizaron varias manifestaciones que concluyeron con un acampe “por tiempo indeterminado” frente a casa de gobierno el 29 de ese mes. La manifestación duró hasta el viernes 2 de febrero. “Levantamos el acampe y esa misma tarde nos llega a las casas de varios de nosotros, dos por organización más o menos, una notificación judicial”, contó Urrutia. En la causa judicial se imputa a varios dirigentes (entre ellos Soledad Urrutia) por obstrucción del tránsito.

Según fuentes de las organizaciones, el lunes siguiente, cuando las personas imputadas acudieron a la comisaría para que les tomen las huellas digitales, la plaza frente a la casa de gobierno fue ocupada por la policía. Diego Mauro, dirigente del FOL, declaró para Infonativa que “había una cantidad monstruosa de efectivos por si nosotros decidíamos volver” y respecto a la causa judicial apuntó al gobierno provincial: “criminalizan la protesta que es por trabajo digno y comida”. Fuentes extraoficiales afirmaron a infonativa que el ministro de Gobierno y Justicia de Neuquén, Jorge Tobares, se negó a aplicar el protocolo antipiquetes en Neuquén

Hasta la fecha, la causa que imputa a referentes de las organizaciones sociales que pertenecen a la cooperativa continúa en pie. El 15 de febrero las organizaciones acompañadas por diversos sindicatos y otras organizaciones sociales y políticas, se reunieron con el fiscal general de la provincia, José Gerez, con el fin de que se levante esta causa, pero hasta ahora no hubo avances. Gerez afirmó que rechaza la judicialización de la protesta pero que respeta la autonomía de los fiscales.

El 21 de febrero, las organizaciones se movilizaron frente al ministerio de Trabajo y Desarrollo Social para reclamar por los 740 puestos de trabajo y además por la disminución de la mercadería que se envió a los comedores y por aproximadamente 370 planes provinciales que no se pagaron este último mes. “Traen la misma línea que Nación, dicen que se cortan los privilegios, pero las organizaciones de ellos reciben seis veces más mercadería que nosotros”, apuntó Urrutia.

Manifestación frente al ministerio de Trabajo y Desarrollo Social (Fuente: cortesía UTEP)

Contradicciones en el discurso

El discurso de Figueroa, tal como el de su predecesor Gutiérrez, es uno que predica la defensa de los recursos naturales estratégicos pertenecientes a todos los neuquinos. Aún hoy no ha hecho posicionamientos firmes frente a los recortes provenientes del gobierno nacional, excepto por una ocasión. Durante la semana del 15 de febrero, tanto Figueroa como su par rionegrino Alberto Weretilneck, intimaron al gobierno nacional respecto a las concesiones de las empresas hidroeléctricas con el fin de proteger los intereses de las provincias “y ejercer su autonomía en este ámbito crucial para su desarrollo y sustentabilidad”. En la carta documento enviada al secretario de Energía, Eduardo Rodriguez Chirillo, el mandatario provincial exigió que el Estado Nacional se “abstenga de tomar cualquier tipo de decisión o medida respecto de las represas, sin antes dar participación a la provincia”.

Al mismo tiempo que defiende los recursos naturales estratégicos, el gobierno provincial corta partidas de alimentos para comedores, aplica simulacros del protocolo antipiquetes del gobierno nacional, se niega a pagar sueldos de trabajadores de construcción y corta el pago sin previo aviso de más de 300 programas provinciales. La gestión de Figueroa asumió el poder envalentonada predicando la transparencia debido al caso de la estafa de los planes sociales. Pero, tal y como ocurre a nivel nacional, el gobierno provincial dio puestos de funcionarios a amigos y familiares.

Figueroa hizo su campaña como “la fuerza superadora que venía a derrocar al MPN”. Finalmente lo logró, pero aún queda por verse si su gobierno va a perpetuar las prácticas de sus predecesores o si realmente es una nueva opción para defender a la provincia de Neuquén.