Por Patricio Falabella

“El Tribunal ha pasado a ser el ámbito en el que los derrotados en las urnas buscan imponer sus intereses propios por sobre la soberanía popular. (…) por esta vía distintos órganos del sistema de justicia con el apoyo oportunista de los medios hegemónicos, se volcaron a atacar gobiernos populares preocupados por la defensa de los intereses nacionales. Su objetivo es criminalizar y destruir la política, (…) lo que se ansía es la muerte legal y política del adversario”.

Luis Ignacio Lula da Silva, Prólogo del libro Bienvenidos al Lawfareⁱ.

En un contexto de pandemia que lleva casi un año, condicionando la vida de los seres humanos en general, la política y los procesos electorales en particular también sufren sus consecuencias, tanto en las agendas programáticas de campaña y la merma en la participación popular, como en la incidencia directa en sus resultados. En consecuencia, el gobierno de Trump fue derrotado en su intento de reelección, y la dictadura boliviana se fue evaporando en el transcurso de un año por su propia ineptitud en la gestión sanitaria, hecho que le permitió al socialismo rearmar sus fuerzas y lograr, a pesar de la proscripción de sus principales dirigentes, un contundente triunfo con el 55% de los votos. En líneas generales, estos dos ejemplos son claros reveses electorales que recibieron gobiernos que se mostraron incompetentes para desarrollar políticas de salud pública que garanticen el cuidado de sus compatriotas. Pero al factor externo de la pandemia hay que agregarle la reiterada práctica en nuestra región de la otra pandemia llamada Lawfare. Este factor de índole política es la herramienta cada vez más utilizada por la derecha latinoamericana para destruir jurídica, mediática y políticamente a los gobiernos y líderes populares.

Este contexto pandémico puso al desnudo los principios y valores de los gobiernos neoliberales, por esta razón, la estrategia conservadora es profundizar, acelerar y expandir la práctica del Lawfare en la región. En este sentido, es notoria la relevancia y vedetismo que han adquirido algunos Tribunales y Consejos Electorales de la región, deformando su matriz de origen como organismos políticos de fiscalización electoral, para transformarse en “aparatos estatales de persecución política”.

En este marco, este domingo 7 de Febrero se llevaran a cabo elecciones nacionales en Ecuador, se elegirán los cargos de Presidente, Vicepresidente, 137 Asambleístas y 5 Parlamentarios Andinos.

La lamentable gestión frente a la pandemia, subsumida en la agenda neoliberal de Lenin Moreno, fue un rotundo fracaso. La desaprobación del gobierno para los ecuatorianos ronda un inapelable 84%ⁱⁱ, y la candidata oficialista, Ximena Peña (Alianza País), está última en las encuestas de intención de voto. No es fácil olvidar para la sociedad ecuatoriana el comienzo de esta pandemia, cuando la crisis humanitaria fue desatada con tristes imágenes de muertos en las calles que recorrieron el mundo entero. Actualmente el país se debate entre un posible nuevo rebrote y el colapso sanitario. En relación a la economía, la gestión de Moreno tomó un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 6500 millones de dólares, a cambio de una reforma tributaria, fiscal y laboral de claro corte neoliberal. Por otra parte, un informe de la CEPAL registra una caída del 9% del PBI, una de las peores en la región, y un crecimiento para este año de una apenas 1%.

Fracaso neoliberal y Lawfare al palo.

Con este fracaso neoliberal estrepitoso, las chances de continuidad del gobierno de Lenin Moreno son prácticamente nulas. No obstante, su eficacia residió en la práctica de la doctrina del Lawfare. Desde el comienzo de su mandato, la traición política estuvo a la orden del día y la primera víctima fue su propio Vicepresidente Jorge Glas, quien fue perseguido y encarcelado.

La persecución política a dirigentes populares identificados con el ex Presidente Rafael Correa y la proscripción del correismo en general tuvo coherencia y consistencia con la agenda neoliberal que impuso el gobierno de Lenin Moreno traicionando la voluntad popular.

La proscripción a Rafael Correa ha cruzado todos los límites de la imaginación, el ex Presidente no solo fue inhabilitado injustamente para ejercer cargos públicos, sino que también, al mejor estilo de las dictaduras del siglo pasado, han prohibido su imagen y hasta voz. Mientras se escribe esta crónica, la arbitrariedad de las autoridades siguen hostigando a la fórmula presidencial de UNES (Unión por la Esperanza) Andrés Arauz y Carlos Rabascall, amenazando con suspender su candidatura a menos de una semana de las elecciones. Este avasallamiento sobre las intuiciones democráticas puso en alerta algunas voces en la región, entre ellas la del Presidente Alberto Fernández, quien apelo a la responsabilidad del trabajo de los órganos electorales y a respetar la voluntad popular.

La OEA legitima el Lawfare en la región.

Es indudable que las elecciones en Ecuador se desarrollarán en una perfecta incoherencia democrática: el Lawfare. El mismo cuenta con la embestida proscriptora de los órganos de control electoral, la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación y la participación de la OEA (Organización de los Estados Americanos). Este último organismo, conducido por su Secretario General Luis Almagro, es el encargado de dar legitimidad internacional a la maquinaria del Lawfare. Así lo hizo anulando elecciones limpias y convalidando el Golpe de Estado en Bolivia que derrocó al ex Presidente Evo Morales.

La OEA expresa solo garantías para convalidar y legitimar cualquier atropello institucional que impida, mediante la proscripción o el fraude directo, tomar el poder a las organizaciones y movimientos populares que luchan por una América Latina libre de la injerencia imperialista.

Las encuestas

En relación a las encuestas, la fórmula de Andrés Arauz y Carlos Rabascall (UNES) lleva una delantera entre 37 y 41 % de intención de votos, le siguen el candidato de la banca Guillermo Lasso (CREO) con un 10 % menos, y en tercer lugar, el candidato por el Pachakutik, brazo político del movimiento indígena, Yaku Pérez con un auspicioso 15%. Los indecisos conforman un alto porcentaje del 31 % que pueden llegar a ser claves en caso de tener que disputarse un balotaje que está previsto para el 11 de abril de ser necesario. Recordemos que para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener el 40% de los votos con una diferencia de 10 % sobre el segundo.

En éstas elecciones el pueblo ecuatoriano busca recuperar, a través de la fórmula presidencial Arauz Rabascall, el Estado de derecho, su autonomía y la justicia social, que le permitan salir de la zona de influencia neoliberal, esa misma zona que tiene atrapados en el hambre, la incertidumbre sanitaria y el Lawfare a los pueblos hermanos de Brasil, Chile, Perú y Paraguay.

i^ Bienvenidos al Lawfare. Manual de pasos básicos para demoler el derecho penal. Eugenio Zaffaroni, Cristina Caamaño, Valeria Vegh Weis.

ii^ Encuestas; Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.