En efecto, en los primeros años de la última década del siglo XX se procesaron cuantiosas privatizaciones, entre ellas, las de las jubilaciones, un negocio gigantesco para las AFJP y sus bancos asociados. Estos a su vez, llevaban más de 15 años bajo la legislación financiera de la dictadura (1977), que promovía la extranjerización y concentración financiera. Remito a una ley aún vigente (1977-2023), que posicionó a la banca, principalmente extranjera, como abanderados de la lógica especulativa y subordinada al mecanismo de la libre circulación de capitales y el endeudamiento externo, especialmente público.

La privatización del 93 fue una estafa y un negocio para el sector más concentrado de la economía, que favoreció la especulación y la explotación del trabajo, apropiando recursos de trabajadores y trabajadores para la construcción de un mercado de capitales sustentado en parte importante con recursos de las trabajadoras y los trabajadores. El fondo de capitalización de las AFJP se integraba esencialmente por los aportes de los trabajadores y las trabajadoras.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se crea en el 2007, y con la crisis mundial del 2008 y la estatización del régimen jubilatorio, el FGS viene siendo un mecanismo de financiamiento del régimen del capital, sustentando el endeudamiento público (más del 70% de los activos) y la demanda de capital vía acciones de las empresas y crédito para procesos productivos esenciales del modelo productivo de inserción subordinada en la transnacionalización en curso.

Volvamos a mencionar en ese plano la importancia del endeudamiento para la dinámica de inserción subordinada de la Argentina en el capitalismo global.

El capitalismo se sustenta con explotación, agravada con la apropiación de ingresos salariales aportados al sistema de seguridad social que se canaliza vía mercado de capitales en el financiamiento de la producción y negocios capitalista.

Pura lógica del régimen del capital, por lo que sustentamos el carácter de estafa permanente.

Una estafa fue la privatización, y otra, el uso de los fondos previsionales para financiar la lógica del capitalismo local y global.

El canje actual

En ese marco no sorprende la actual disposición gubernamental de acudir al canje de bonos de los organismos estatales, entre ellos los que acumula el FGS, para “resolver” las obligaciones auto infligidas en el acuerdo con el FMI en 2022.

Se sustenta en el acuerdo con el FMI restricciones a la emisión monetaria y expansión de las reservas internacionales, junto a un ajuste fiscal para reducir el déficit del estado. Bajo esa premisa y para hacerse de pesos, el gobierno decreta la venta de los activos dolarizados en poder de los organismos estatales, bajo elementos de “contabilidad creativa” (se entregan a cambio de los bonos dolarizados, bonos en pesos con actualización por tipo de cambio o inflación, lo que sea mejor).

El resultado apunta a la pesificación de la deuda de los organismos estatales, al tiempo que favorece la compra de activos dolarizados por el sector privado, los que podrán aguantar esos activos hasta el vencimiento y como los “fondos buitres” demandar la cancelación por la totalidad del valor nominal. El sector privado más concentrado demanda divisas y por eso, ahora se les ofrecerán títulos dolarizados de legislación nacional puestos a disposición por los organismos estatales.

La demanda de divisas se manifiesta como “fin del cepo” o directamente en la solicitud de una devaluación monetaria para favorecer la dinámica de acumulación capitalista.

En rigor, la medida apunta a “ganar tiempo” en un partido en donde el único resultado posible es el ajuste permanente y el deterioro de la condición de vida de millones de sectores sociales empobrecidos, tal como lo muestran los indicadores económicos sociales, especialmente de la indigencia y la pobreza.

Los fondos de la seguridad social se utilizan para los objetivos del régimen del capital y no para beneficio de sus principales aportantes. Los mecanismos de acumulación de recursos de la seguridad social y/o previsionales no están concebidos para sustentar una garantía de beneficios sociales, sino que son instrumento financiero del capital más concentrado, entre ellos, el propio estado capitalista.

Terminar con la estafa

Desandar la estafa supone anular el acuerdo con el FMI, suspender los pagos de la deuda, investigar los destinos originarios del endeudamiento y castigar a los beneficiarios de la estafa materializada bajo el gobierno Macri y refrendada en la negociación posterior.

Claro que al mismo tiempo hay que entregar el FGS a sus verdaderos beneficiarios, los trabajadores y trabajadoras, jubilados/as y en actividad, para que sean quienes gestionen el destino de esos recursos.

Eso nos llevará a otro debate, que remite a la reproducción del orden capitalista o al financiamiento de una estrategia de transición hacia otro modelo productivo y de desarrollo, que requiere de otras medidas que completen y complementen el acto de justicia que supone la devolución de los fondos previsionales a sus legítimos y principales aportantes: las/os trabajadoras/es.

La crónica de la estafa tiene décadas y requiere de un fuerte consenso socio político para ponerle fin y reorientar esos recursos en beneficio de jubiladas, jubilados, de trabajadoras y trabajadores, del conjunto del pueblo empobrecido.

Se trata en definitiva de una discusión política que no asumirán los asociados a la dependencia del endeudamiento por décadas y a la subordinación de una lógica de dominación que tiene en la cúspide al FMI y a su socio principal: EEUU.

Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.