El pasado 13 de junio se vivió en la Argentina una jornada histórica, que se extendió hasta la mañana del jueves 14, no solo en las puertas del Congreso de la Nación y las decenas de calles aledañas inundadas de pañuelos verdes, sino en cada rincón del país en donde nos reunimos alrededor de un televisor, una radio o una conexión wifi para seguir el debate en la cámara de diputados por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Las repercusiones del hecho en la Matria Grande fueron inmediatas.

*Por Nadia García

La euforia, impregnada en nuestro cuerpo agotado de vigilias, caminatas entre el gentío, canciones y debates, nos siguió como la sombra de un espíritu, invisible pero insoslayable, hasta nuestros lugares de trabajo, nuestras escuelas, universidades y terciarios, hasta el seno de una cotidianeidad atravesada de lleno por la fuerza colectiva. Pero ese viento de revolución que todo lo empuja no resultó ser un fenómeno limitado por las fronteras de nuestra patria chica. Con el transcurso de las horas y los días, fueron llenándose los portales y las redes sociales con gratas noticias: las mujeres de numerosas patrias hermanas estaban armando sus propias campañas para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en el marco del derecho de acceso a la salud.

En el país vecino de Chile, hasta hace poco tiempo, cualquier interrupción voluntaria de un embarazo era un acto criminal de la gestante. El caso de Karen Espíndola, quien fue obligada a continuar un embarazo inviable, que ponía en riesgo su vida y que no logró garantizar la de su hijo, que falleció dos años después del nacimiento, fue un quiebre en la idiosincrasia de la sociedad chilena. A las 11 semanas de gestación, le habían diagnosticado holoprosencefalia, un desorden congénito a partir del cual el prosencéfalo, lóbulo frontal del embrión, no crece ni se divide en dos hemisferios, como es normalmente esperable. Si su hijo sobrevivía al embarazo y al trabajo de parto, como finalmente sucedió, no tenía expectativas de vida extrauterina prolongadas, le anunciaron a Karen, adelantándole así el padecimiento que conllevaría principalmente para ella, la continuidad del embarazo. La condena pública, por parte de los sectores políticos y sociales más conservadores no se hizo esperar ante los pronunciamientos de la protagonista de este proceso, quien incluso sufrió el hostigamiento de quienes, bajo el rótulo de “pro-vidas”, la llamaban por teléfono para increparla y acusarla de asesina aunque, en rigor de verdad, Karen no pudo materializar sus expresiones de interrumpir el embarazo a tiempo. El Estado chileno se había comprometido a ayudarla y acompañarla, sin embargo, ella relató haber transitado en absoluta soledad y desamparo económico todo el proceso gestacional, que se hizo extremadamente costoso por lo riesgoso de su situación. Su petición de ser atendida en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, una institución privada que contaba con los medios y los recursos técnicos para dar curso al alumbramiento, fue rotundamente denegada. “Pasaron las semanas y los meses. Mientras avanzaba el embarazo, la desesperación crecía descontroladamente (…) intenté aprovechar la cobertura mediática que mi testimonio había generado en los medios, para exigir ayuda del Estado que, hasta esta fecha, brillaba por su ausencia. ¿Cómo podía un Estado abandonar de tal forma a las mujeres (sus mujeres) que deben enfrentar una tragedia de tamaña magnitud? ¿Es que acaso el individualismo en el que vivimos ha llegado al extremo de implicar indiferencia total por el dolor ajeno? (fragmento de “Mi Testimonio, Aborto, Estado e Hipocresía en Chile”, el libro publicado por Karen).

Casi una década después, mediando el año pasado, la militancia chilena logró avanzar unos pocos pero no menos significativos pasos en la despenalización del aborto para tres causales: violación, inviabilidad fetal o riesgo de muerte de la gestante. Hace pocos días, después de las maratónicas 22 horas que duró la sesión de la cámara baja argentina en la que se discutió el proyecto de interrupción voluntaria, el Partido Liberal Chileno, en la voz de Carolina Cariceo, anunció que presentarán un proyecto similar al nuestro. “Las mujeres del Partido Liberal decidimos dar un paso más. Tomamos la agenda de la mujer y nos hacemos cargo de promover sus libertades propulsando el proyecto de ley aborto legal seguro para todas las mujeres de Chile” declaró Carolina, quien añadió que: “las mujeres argentinas nos han dado un tremendo ejemplo a seguir”.

Por su parte, el Código Penal paraguayo establece que el aborto no será penalizado cuando esté en peligro la vida o la salud de la gestante, en su artículo 352. Sin perjuicio de lo cual, en el mismo cuerpo normativo, en su artículo 349 establece que "La mujer que causare su aborto, por cualquier medio empleado por ella misma o por un tercero con su consentimiento, será castigada con penitenciaría de quince a treinta meses", penalidad que podrá ser reducida si la mujer hubiese actuado “para salvar su honor”.

Tras el acontecimiento histórico ocurrido en la Argentina, puertas adentro y calles afuera del Congreso Nacional, el ministro de salud paraguayo Carlos Morínigo expresó que “el aborto no está en la agenda” (del MERCOSUR) pero admitió que sería un tema por tratar en el bloque, en cuanto exista un pronunciamiento al respecto en la Argentina. Un grupo de artistas paraguayas realizó un video en donde manifestaron el temor latente a represalias laborales, familiares y sociales, razón por la cual se las ve con la cara casi totalmente cubierta con el pañuelo color verde, característico de la lucha que apoyan en éste, su país vecino. En el mismo, le ponen voz a un reclamo difundido por sus conciudadanas, con las siguientes palabras “en un país donde no enseñan educación sexual, ni permiten una educación con perspectiva de género, creemos en una militancia de mujeres a través del arte. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

En Ecuador, el Frente por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, no tardó en hacer eco de la victoria obtenida por las argentinas tras la media sanción en Diputados, identificándose con una lucha regional que, en su país, será representada por pañuelos de color lila. “Hoy su pañuelo verde nos cobija e inspira a todas en la región, felicitaciones desde #Ecuador por el importante paso que han dado hermanas argentinas”, escribieron en su cuenta de facebook al mediodía del 14 de junio.

El propio Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) registró entre el año 2004 y 2014 que 431.614 mujeres tuvieron algún tipo de aborto: el 9% fue rotulado como espontáneo, el 6% como “médico justificado”. Resta un 85% que no puede explicarse más que bajo el título de “otros”. En ese país, la interrupción voluntaria está criminalizada desde la sanción de su primer Código Penal, en el año 1837 y actualmente sigue siendo un delito que acarrea desproporcionadas y anacrónicas sanciones privativas de la libertad de quien lo realizare. Existen únicamente dos causales que lo habilitan, que giran en torno al peligro de vida de la gestante y el caso de mujer con discapacidad mental que, además, haya sido violada. Las reclamantes de este derecho destacan que no se contemplan las malformaciones o enfermedades contraídas que causen severos efectos en el desarrollo neurológico fetal (por ejemplo, la transmisión del zika, temor no poco común en esa región). Imaginemos entonces qué lejos se encuentra la clase dirigente ecuatoriana de contemplar la voluntad autónoma de sus ciudadanas que, en todos los casos, no debieran siquiera estar obligadas a expresar los motivos íntimos y personales que las llevan a tomar la decisión de interrumpir su embarazo. Tampoco se contemplan los embarazos resultantes de delitos de agresión sexual, como destacó Mónica Mancero, docente de la Universidad Central de Ecuador y militante feminista, quien en su columna para el medio “El Telégrafo”, del 16 de junio de 2018 expresó al respecto de la media sanción obtenida en nuestra Cámara de Diputados: “nos ha llenado de alegría, no solo a las mujeres feministas, sino a todos aquellos que preocupa la vida de las mujeres, sobre todos las más pobres que arriesgan su vida en un aborto clandestino. Pudimos advertir un debate muy amplio y sustentado en la Argentina. Los asambleístas tuvieron que escuchar a filósofos, genetistas, biólogos en exposiciones argumentadas que fueron el sustento de la decisión de los diputados. No obstante, el trabajo fue de las mujeres militantes, no solo de las que como una marea humana se apostaron afuera del recinto parlamentario, sino de aquellas que durante décadas han luchado por esta conquista en ese país”.

El pasado 20 de junio, en la República Bolivariana de Venezuela, los colectivos de mujeres feministas lograron ingresar su propuesta ante la Asamblea Nacional Constituyente para acceder al derecho de cada persona de ejercer su sexualidad libre. El planteo, presentado ante la Comisión de los Derechos de la Mujer por la Igualdad y la Equidad de Género, incluye la legalización del aborto y la garantía del conjunto de los derechos sexuales y reproductivos. Se trata de una de las legislaciones más restrictivas en Sudamérica, ya que solo habilita la interrupción en el caso de peligro de vida para la gestante. La militante venezolana Daniela Inojosa ha reconocido que tras la media sanción obtenida en el parlamento argentino hubo un impulso mediático a las convocatorias que se están haciendo en diversos puntos de la región para elevar el piso de derechos de las mujeres y cuerpos gestantes. “Esta no es una lucha por país, aunque la demos por país, es una lucha en la que estamos todas las latinoamericanas (…) Tenemos que movilizarnos para que sea ley en cada país latinoamericano”, añadió en sus palabras que circularon numerosos portales.

En el año 2006, la Corte Constitucional de Colombia abrió las puertas a la interrupción voluntaria de embarazos, permitiendo realizar el procedimiento en los siguientes casos: cuando la gestación ponga en peligro la salud, física o mental, de la embarazada o su vida, cuando fuese resultante de una violación o un incesto, o cuando haya malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina. Se trata, junto con la Argentina, de una de las legislaciones menos restrictivas de la región. Resulta curioso que en la página Profamilia.org.co, se pueden leer las siguientes palabras: “Ten en cuenta que la interrupción del embarazo o aborto es voluntaria. Si tu embarazo se ajusta a alguno de estos casos; pero aun así deseas seguir con él, también puedes hacerlo. La decisión es tuya y nadie puede obligarte a hacer con tu cuerpo algo que no quieras”. Sin embargo, esta decisión de seguir adelante o no con un embarazo se anula para los casos no contemplados en las ya mencionadas causales. Es decir, básicamente, si quien se embarazó tuvo relaciones sexuales voluntarias, y no se encuentra en peligro su salud. La misma organización, autoridad local en materia de salud sexual y reproductiva, señala también que debido al alto desconocimiento de la normativa, muchas mujeres no saben de forma certera en qué casos pueden acceder a ese derecho. Ahora, el movimiento feminista colombiano, identifica con el color amarillo en sus pañuelos la lucha por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.

Actualmente, en Perú, el aborto es legal solo cuando la vida de la gestante corra peligro. La viabilidad únicamente del aborto terapéutico obligó a crear una Guía Técnica, mediante una resolución ministerial del año 2014, que define los 11 casos en los cuales es posible evaluar la interrupción del embarazo, por indicación terapéutica, hasta las 22 semanas, con consentimiento informado. Todos los demás casos en los que una persona gestante desee interrumpir su proceso gestacional, quedarán bajo el escrutinio de las autoridades del sistema judicial y sus agentes de criminalización primaria. Ocupan principalmente la preocupación de los sectores sociales que defienden el derecho a decidir, los índices de violencia sexual, respecto de las cuales el Ministerio Púbico señala un promedio de 49 denuncias diarias de violencia sexual. Más del 90% de las víctimas de delitos contra la libertad sexual tienen entre 14 y 17 años, por lo cual una gran cantidad de embarazos no deseados son el resultante de esa violencia ejercida contra un grupo etario especialmente vulnerable. Las organizaciones y organismos encargados de monitorear la garantía de los derechos sexuales y reproductivos coinciden en su diagnóstico al indicar que existe un subregistro de estas estadísticas, ya que son muchas las personas que optan por no denunciar, o que no acceden a la información y herramientas necesarias cuando acuden a los centros de salud y si es que acuden a ellos. Impulsadas también por el camino construido en las naciones vecinas, la militancia peruana le dio un nuevo envión a la batalla por el aborto legal, seguro y gratuito, unificando sus esfuerzos tras la misma consigna que recorre la mayoría del territorio latinoamericano y que grafican también en sus pañuelos (“educación sexual” + “anticonceptivos” + aborto legal”, fórmula a la que añaden “libre opción: sí a la legalización”).

Con el color blanco en sus cuellos, sobre la boca o sostenido en medio de sus puños firmes, las mexicanas llevan, desde el pasado 9 de junio, su consigna por el aborto legal, seguro y gratuito, bordada en letras doradas que rodean una Dahlia, flor originaria de las tierras de su matria. Denuncian así que la legislación en su país no es uniforme, habiendo un puñado de estados que reformaron sus constituciones para criminalizar el aborto, y que existen numerosas dificultades para acceder a la interrupción no penalizada, determinada por causales análogas a las establecidas en la normativa argentina. Entre estos obstáculos, señalan que solo pocas instituciones de salud realizan el procedimiento en forma legal y gratuita, ubicadas en la ciudad de México que, a diferencia del resto del territorio del país, cuenta con una legislación de avanzada.

Existen varios puntos trasversales a estas situaciones que se viven en distintos puntos de la región latinoamericana: legislaciones deficientes, escases de recursos destinados al sector público y una desprotección absoluta de un sector de la población que reclama desde hace años el reconocimiento de sus derechos. Estas circunstancias se sustentan en una concepción moral absolutamente prejuiciosa que cuestiona constantemente la libertad sexual de las mujeres, y relega su goce, supeditándolo a una consecuencia que no puede escapar a lo punitivo: o te privan de tu libertad, o te obligan a ejercer una suerte de maternidad-castigo que poco tiene que ver con la protección intrauterina del embrión que por causales más, causales menos, en varios países ya se fue comprendido que su carácter no es precisamente el de sujeto de derechos con estatus jurídico equiparable al de una persona. También intentan abrirse camino entre la marea feminista, los cuestionamientos privatistas que solo son útiles a la hora de sostener la clandestinidad de la práctica y su millonario negocio: “¿Y quién va a pagar todos los abortos?”. Como si actualmente, la práctica no tuviera ya un costo que pagamos con un abultado cheque, si tenemos ese privilegio económico o con nuestro cuerpo, para ahorrarle un pedacito de presupuesto al Estado. Si dejamos avanzar esta argumentación por unos minutos, sus defensores no tardarán en poner en tela de juicio quién va a pagar la anticoncepción gratuita, los estudios prenatales, el costo de parto, el calendario de vacunación y la educación obligatoria de las mujeres que ya han decido ser madres, y de sus niñas y niños que ya han nacido.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud viene ubicando al continente latinoamericano como uno de los territorios que encabezan las estadísticas de abortos inseguros, y de muertes maternas causadas por los mismos, lo cual coincide con la perspectiva eminentemente criminal de la práctica en los países que la conforman. Pero las mujeres movilizadas de la matria grande han encontrado en el caso argentino un amplificador de sus voces, que permite potenciar sus reclamos, hermanándolos con los del feminismo organizado más allá de las fronteras geográficas. Al decir de la antropóloga Débora Diniz, al respecto de la situación brasilera, donde numerosas mujeres acompañaron y saludaron la vigilia que ocurrió en la noche del 13 de junio en la Argentina: “Yo creo que no es tan importante el resultado numérico del voto (…) para nosotros en Brasil importa más la vigilia de las mujeres a favor de decidir sobre su cuerpo, esa experiencia argentina ha sido vista por las mujeres brasileñas”. Porque la victoria institucional, ese paso parlamentario necesario en la promulgación de nuevos derechos, no hubiese sido posible sin esa espalda gigante que fue construyendo la militancia.

*Abogada, militante feminista, integrante del Colectivo Oveja Negra.