Por Patricio Falabella

La reforma que colmó el vaso

El intento malogrado del gobierno de ultra derecha de Iván Duque de imponer una reforma fiscal regresiva fue la gota que colmó el vaso y desató la indignación popular. Las masivas protestas iniciadas el pasado 28 de abril lograron frenar algunas de estas impopulares iniciativas del oficialismo. Fue la paupérrima gestión en la pandemia del Covid-19 la que agravó la crisis económica, financiera y social que arrastró durante décadas la hegemonía del  consenso neoliberal.

Por otra parte, fue el bloque de poder narco-oligárquico y pro-imperialista, representado por ex presidente Álvaro Uribe Vélez –actualmente investigado por crímenes de lesa humanidad-  y la caricaturesca figura del presidente Iván Duque, o el Duque de cotillón[i], intentan con ajuste y represión socializar las pérdidas entre las mayorías populares y conservar los privilegios de una rancia oligarquía.

La retirada del gobierno para desestimar su reforma fiscal y digerir la renuncia de dos de sus ministros[ii], aconteció en paralelo con  la reacción represiva combinada entre las fuerzas públicas, el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) y el paramilitarismo dejando un alarmante número de asesinatos, heridos y desaparecidos denunciados por organizaciones  de Derechos Humanos, como así también, declarados reticentemente por la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

A fines de mayo de este año, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, sin otra opción, reconoció frente a la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el saldo represivo de 43 muertos y más de 2000 heridos durante las jornadas de protesta. Según la ONG Temblores se ha registrado entre el 28 de abril y el 21 de mayo, 2905 casos de violencia policial, 60 asesinatos, 1264 detenciones arbitrarias, 39 víctimas de agresión ocular y 21 víctimas de violencia sexual. Además,  otras organizaciones de Derechos Humanos reconocen que el número de desaparecidos llega a más de 600.

En esta escalada de violencia estatal y paramilitar, la retórica extemporánea de la guerra fría resurgió de las vísceras del Uribismo y se impregnó en el discurso oficial de La Casa de Nariño. Apelando a viejas subjetividades políticas y con la artillería de la prensa hegemónica, la derecha denuncia a inverosímiles culpables de orquestar el “vandalismo y el caos”. Desde el castro-chavismo, la injerencia rusa, y hasta el Senador Gustavo Petro, fueron mencionados como los enemigos comunes detrás de la falsa y vieja antinomia de civilización y barbarie: vandalismo frente al orden republicano.

El gobierno de Iván Duque prosiguió por apagar el fuego con nafta, las tensiones continuaron, y los canales de dialogo y ciertos anuncios demagógicos oficiales no prosperaron. A veinte días de masivas movilizaciones, el pueblo colombiano volvió a frenar otro  proyecto de reforma de corte neoliberal sobre la salud. Algunas de las demandas más señaladas exigen el cese de la brutalidad policial, la desmilitarización de las calles y una masiva vacunación. A estas peticiones se le agregan las exigidas del Comité Nacional de Paro: “renuncia del Ministro de defensa Diego Molano[iii], renta básica de al menos un mes de salario mínimo mensual,  defensa de la producción nacional, subsidios a PYMES y empleos con derecho, matricula cero y alternancia educativa, no privatizaciones y derogatoria del decreto 11-74 sobre protección social, no discriminación por género, diversidad sexual y étnica“.

La emancipación neoliberal de la región

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) América latina es la región en desarrollo más afectada por la pandemia, sufriendo  una caída económica del 7,4 % durante el 2020, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó sobre la pérdida de 26 millones de puestos de trabajo. Este delicado panorama profundizó las desigualdades estructurales y aceleró una indeclinable crisis económica, social y política ya vigente.

Se puede observar a través de un Estudio[iv] de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (CEPAL) que, entre los años 2014 y 2019 la pobreza trepó de un 27,8% a un 30,5 %, es decir, se crearon 25 millones de nuevos pobres, y la pobreza extrema pasó de 7,8 % a 11,3 % incorporando a la indigencia a 24 millones de personas. En este desolador contexto pre-pandemia, también se concentraron las manifestaciones ocurridas en noviembre de 2019 en Chile, Ecuador y Colombia, como expresiones de hartazgo popular frente a esta agónica catástrofe neoliberal que vive la región.

Una crisis de múltiples causas e impredecibles consecuencias se ha precipitado en la región, y ha puesto en jaque a los modelos neoliberales de mayor anclaje en la sociedad. No obstante, y frente a matices y peculiaridades  que han desarrollado sociedades sometidas a una dominación neocolonial, la lucha por la emancipación neoliberal en el siglo XXI aparece en el horizonte como un vector común. Tanto la experiencia chilena, donde la lucha popular posibilitó abrir un entusiasta y democratizador proceso constituyente, como  la reciente irrupción popular en Colombia para  exigir el fin de un modelo económico, político, social y cultural oprobioso, nos permiten identificar tres elementos: el recrudecimiento de la disputa geopolítica imperialista en nuestra región, la fisura del bloque de poder dominante, y la irrupción de las masas. Los excluidos del neoliberalismo son los que sienten, padecen y repudian este sistema  que se ahoga en una democracia restringida, desigualdad, pobreza y exclusión.

Narco política y para-militarismo

Colombia tiene poco más de 50 millones de habitantes y es uno de los países más desiguales de la región. El 1% de la población obtiene el 20% de la riqueza total. Según datos oficiales, cuenta con una pobreza de 42% y más del 50% de la población trabaja en la informalidad. Este proceso de descomposición político, económico y social es fruto de la hegemonía neoliberal ejercida por  la ultra derecha uribista durante los últimos veinte años.

A partir de la primera presidencia de  Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010), el bloque de poder dominante logró consolidarse,  imponiendo sus intereses a través de la parapolítica y el narcotráfico. En perfecta sintonía con Bush II, el gobierno de Uribe robusteció el bloque de poder narco-oligárquico y entregó la soberanía de su país a los intereses geopolíticos y geoestratégicos del imperialismo estadounidense. Aprovechó la guerra contra el “terrorismo global”, lanzada después del 11 de septiembre del 2001, y logró unificarla con la lucha antinarcóticos[v]. De esta manera, se resignificó el Plan Colombia y se consiguieron fondos de “emergencia antiterrorista” para combatir, de acuerdo al discurso oficial,  a la  “narco guerrilla” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En la práctica, esto significó dos cosas: la excusa perfecta para un desembarco imperialista de control y disciplina regional sobre gobiernos y recursos, y la libertad de acción del terrorismo estatal y para-militar. Los brutales operativos conjuntos entre la fuerza pública y los para-militares[vi] abrieron las disputas por el control del territorio narco, los asesinatos y las masacres de civiles con “falsos positivos” se convirtieron en una práctica sistemática arraigada. En este contexto, Organizaciones Terroristas como las  Autodefensas de Colombia (AUC) masacraron a más de 100.000 colombianos.

Después de su segundo mandato, Uribe intentó reciclarse postulando a su ex Ministro de Defensa Juan Manuel Santos (2010 – 1018), quien con el tiempo, fue tomando distancia con su jefe político para encaminar el proceso de paz y alcanzar un logro histórico de la sociedad colombiana en su conjunto: la firma del Acuerdo de Paz[vii] con las FARC - EP (2016). La ultra derecha refugiada en el Uribismo concentrado siempre conspiró de forma directa o encubierta el proceso de paz. Hoy podemos observar como Uribe juega su carta del Duque de cotillón dentro del bloque de poder narco-oligárquico: este experimento improvisado del Uribismo será el comienzo de las primeras fisuras al interior del consenso hegemónico neoliberal.

El Duque de cotillón en su laberinto

Con la llegada a la presidencia de Iván Duque en agosto de 2018, la ultra derecha retoma el control total del poder. Se formalizan sus servicios de índole militar y política para con el imperialismo, y con el irrisorio argumento de mejorar la imagen del país en el exterior, Colombia ingresa[viii] como primer y único país latinoamericano en incorporase a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).   

El Uribismo, con su Duque de cotillón, subordinó el compromiso fundamental del Estado y la voluntad política del gobierno a los intereses y principios de la oligarquía colombiana, auto-limitandose para generar las transformaciones democráticas, económicas, políticas y culturales que el país necesita para superar las dificultades estructurales que dieron origen a un histórico conflicto armado y que son el punto medular para lograr una implementación integral de los Acuerdos de Paz. La mezquindad de la oligarquía colombina para oponerse a un proceso de paz siempre rondó sobre el “costo financiero de la paz” y siempre omitió sus razones espurias con la para-política, el narcotráfico y los intereses a la subordinación  imperialista.

En este contexto, la reorganización de la violencia, el para-militarismo y el narco poder, no tardaron en renacer, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (INDEPAZ), solo en lo que va de este año, ha contabilizado hasta el 21 de abril, 65 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos, 40 masacres y 23 firmantes del Acuerdo de Paz.

El Duque de cotillón se encuentra en su laberinto y no se lo puede subestimar ni quitarle méritos. En momentos donde todos los países  buscan reactivar la economía y subsanar los daños sociales ocasionados por la pandemia, fue el único  presidente a quien se le ocurrió incrementar los impuestos para afrontar la crisis social más grande que ha vivido el planeta en un siglo y la peor que le toco vivir a la Colombia en su historia. Su gestión durante la crisis de la pandemia es una de las más ineficientes e irresponsables, prácticamente con una nula inversión social, una economía que registró una caída de casi 7% y una  tasa de desempleo que creció de 12,6% a 14,2 durante el último año. Es el segundo país con más decesos por el Covid-19, superado por Bolsonaro, la otra caricatura del neoliberalismo regional.

Los 18 meses que le restan gobernar al Duque de cotillón serán en caída libre, con un 76%[ix] de desaprobación de su mandato y el pueblo movilizado y exigiendo verdaderas transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales. El bloque de poder narco-oligárquico buscará sanearse a exigencia de las nuevas necesidades de la Casa Blanca. El requerimiento de Joe Biden demandando respeto por los Derechos Humanos, se inscribe en la vieja práctica demagógica de negar sus acciones injerencistas, y que busca en esta oportunidad, desmarcarse del Uribismo, y asegurar frente a esta crisis oligárquica los intereses del imperialismo en la región.   

Impunidad, violencia  y más represión parecen ser la única salida que encuentra la oligarquía frente a los legítimos reclamos del pueblo colombiano. Una crisis que bien puede sintetizarse en ese neoliberalismo fuertemente arraigado a la sociedad que no termina de morir,  y una revolución democrática que no termina de nacer.