Por Noelia Ferrario

Espadas y serpientes

El operativo represivo comenzó cerca de las 16 horas, involucró a varias fuerzas federales y prosiguió hasta cerca de la medianoche. El saldo fue de alrededor de 200 heridos, incluidos varios Diputados de la Nación que tuvieron que ser atendidos en el Hospital Santa Lucía, producto de las quemaduras que les generó el gas pimienta. Se utilizó gas pimienta, gases lacrimógenos, palos, balas de goma e hidrantes para dispersar una protesta que hacía siete horas estaba sucediendo de forma pacífica.

En este contexto, las fuerzas federales salieron de cacería a levantar detenidos. Al finalizar la movilización 33 personas fueron detenidas, muchas de las cuales fueron levantadas a más de diez cuadras del Congreso. Si bien hoy la mayoría se encuentra en libertad por falta de mérito, cinco personas siguen con prisión preventiva. Además, los detenidos denunciaron maltratos y tortura durante las detenciones con el objetivo de que “confiesen” a qué organizaciones pertenecían. Todo esto, en un operativo ordenado por un gobierno que reivindica abiertamente a los genocidas que cometieron terrorismo de Estado durante la última Dictadura Cívico-Militar.

Ya no sos igual

“La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina.” Así rezaba un tuit publicado por la Oficina del Presidente mientras seguía ocurriendo la brutal represión en el Congreso.

Cabe preguntarse cuál es la definición de golpe de Estado que se maneja en la Oficina del Presidente, que permite definir como tal una manifestación en la que hay palos y piedras frente a balas de goma e hidrantes, pero define como excesos a los actos cometidos en el último gobierno de facto, tal como lo ha manifestado la Vicepresidenta en reiteradas ocasiones.

Pero más allá de las desproporciones de las definiciones, este tuit ilustra cuál es la orientación que el fiscal Carlos Stornelli les dio a las causas de las detenciones. Las mismas fueron caratuladas por numerosos delitos, incluyendo los de delito contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional (art 226 del Código Penal) y organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el terror (art 213 bis).

Todos estos delitos fueron a su vez potenciados por la invocación de la Ley Antiterrorista votada en 2011, a pedido de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Gracias a esta ley de reforma del Código Penal se establece que “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.” Si bien es cierto que la ley contiene un resguardo que exime de estas penas a las acciones en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos o constitucionales, esta interpretación queda librada al criterio de cada juez.

En este caso, los manifestantes se encontraban ejerciendo el derecho a la protesta contemplado en la Constitución Nacional, derecho que se vio entorpecido por la represión desmedida por parte de las fuerzas de seguridad que dispersaron a los manifestantes y detuvieron gente a más de un kilómetro del Congreso.

Este giro represivo se ve agravado por un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado el pasado 5 de junio, una semana antes de la votación, que permite incluir en el Registro Público de Personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento a “Toda persona humana, jurídica o entidad sobre la cual el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el marco de sus funciones, investigaciones o reportes, tuvieran motivos fundados para sospechar que se encuentra vinculada a una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional."

Las fuerzas de seguridad no fueron indiferentes a este giro represivo por parte del Gobierno. A una brutalidad desmedida en la represión in situ se suman los pedidos de prisión preventiva injustificados, las denuncias de tortura con gas pimienta e interrogatorios permanentes y el traslado de los detenidos a pabellones comunes. Matías, vendedor ambulante que estaba trabajando en la marcha, cuenta en una nota en Página 12 que cuando lo trasladaron a Ezeiza uno de los presos le dijo "Ustedes son presos políticos, quieren que nosotros les hagamos daño, eso no va a pasar". Asimismo, Remigio Ocampo le cuenta al mismo medio que "alguien comentó que había llamado Karina Milei para pedir que no nos largaran; yo no lo escuché, pero eso dijeron".

Terminator vs. el derecho a la protesta

En los días transcurridos desde la represión, numerosos organismos de DDHH hicieron declaraciones y denuncias por el accionar de este Gobierno y sus fuerzas represivas. Actualmente, cinco detenidos siguen con prisión preventiva y el resto está libre por falta de mérito, lo que quiere decir que si bien por el momento no están procesados por falta de pruebas que los impliquen, pueden volver a ser imputados a medida que continúe la investigación.

Este accionar marca un preocupante giro con respecto a la represión, que busca claramente la intimidación de la población para que, por la vía del terror, no salga a manifestarse. Mientras la represión se encontraba en su punto cúlmine, el senador Mayans ironizaba en el Senado: “El Presidente dice que es Terminator. Me gustaría que alguien le cuente cómo terminaron las tres versiones de Terminator, el primero termina con la cabeza aplastada.”