Por Juan Carlos Di Lullo

Dos hechos de importancia se han producido en el ámbito de la Justicia en los últimos días. La Corte Suprema (o lo que queda de ella) ha declarado inconstitucional una ley aprobada hace más de una década y, en consecuencia, ha dispuesto (otorgando un plazo perentorio) que el Congreso dicte una nueva norma; mientras tanto, la situación se retrotrae a lo que ocurría antes de la aprobación de la ley cuestionada. La norma establece la composición del Consejo de la Magistratura, órgano que nombra a los jueces, los evalúa y, eventualmente, promueve los juicios políticos que pueden determinar su destitución. Se trata de un instrumento de gran importancia, ya que incide sobre la integración del organismo que, de alguna manera, ejerce una suerte de “control de calidad” sobre el desempeño de la Justicia. Como “bonus track”, gracias a este fallo, el presidente de la Corte recupera la presidencia del Consejo de la Magistratura.

El otro hecho es el fallo de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que hizo lugar a una medida cautelar planteada por Telefónica S.A., para suspender los efectos del DNU que declaró Servicios Públicos Esenciales a los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La Cámara consideró que “no se hallarían satisfechos los recaudos para el dictado del D.N.U. 690/2020”. Cabe aclarar que una integrante del Tribunal, firmante del fallo en disidencia, dejó sentado que el Poder Ejecutivo justificó el dictado de la norma (refrendada por ambas cámaras legislativas, como exige la Constitución) en la necesidad de garantizar el acceso a la educación, habida cuenta que, al momento de tomarse la decisión (en plena cuarentena por Covid), Internet y las tecnologías digitales de la comunicación tenían una importancia decisiva en el dictado y el seguimiento de las clases en escuelas públicas y privadas.

El deterioro del servicio de Justicia en Argentina es alarmante. La Corte Suprema, hasta no hace mucho tiempo un organismo ejemplar, se fue degradando a causa de jubilaciones, fallecimientos y renuncias, hasta quedar reducida a cuatro integrantes (todos varones), con un presidente que se vota a sí mismo y dos integrantes que, en su momento, no rechazaron la decisión de ser nombrados por decreto del entonces Presidente. Ambos fueron propuestos para sus cargos por quien, desde hace más de un año, está prófugo de la Justicia argentina y sigue escondido (no demasiado) en Uruguay: Fabián Rodríguez Simón, alias “Pepín”.

Uno de esos dos supremos fue durante años abogado del grupo Clarín; borró ese dato de su CV cuando fue nombrado en la Corte y hace unos meses declaró que no se inhibirá en las causas que lleguen al máximo tribunal y que afecten a ese conglomerado de empresas porque “ya pasaron más de cinco años desde que dejó de representarlos legalmente”. Estableció así una nueva norma, inédita, arbitraria y caprichosa, en resguardo de sus propios intereses y los de sus ex mandantes. (¿Ex?).

La incidencia del grupo empresarial sobre el conjunto de magistrados que actúan según sus intereses se pone de manifiesto (una vez más) en el segundo de los casos arriba descriptos. El hecho de que los prestadores de los servicios de las TIC no sean alcanzados por una declaración de esencialidad los libera de toda posibilidad de regulación en cuanto a las prestaciones que ofrecen y (sobre todo) en las tarifas que cobran. De hecho, desde que la cautelar fuera presentada, cuadruplicaron el nivel de aumentos en su facturación por encima de los márgenes dispuestos por el Gobierno.

En todo momento, el coro de periodistas pertenecientes a los multimedios, presiona a los jueces, amenaza a funcionarios, tergiversa el sentido de las disposiciones gubernamentales y asordina las críticas que puedan rozar a los magistrados que complacen la voluntad y los intereses de las empresas y de los sectores políticos que las apoyan. Y el poder Judicial vulnera el equilibrio republicano al desautorizar al Congreso y esterilizar al Ejecutivo mediante fallos que, de hecho, resultan inapelables. El juez federal Juan Ramos Padilla lo resumió con claridad: “Antes se suprimía el Congreso, ahora el golpe blando lo dan los jueces, no los militares”, tuiteó.

La conexión final entre ambos hechos relatados es evidente: ante una apelación por parte del Estado de la decisión de la Cámara, el análisis del DNU recaerá en la Corte Suprema. Allí lo esperan cortesanos temerosos, amenazados, envanecidos y complacientes. La Justicia sigue con los ojos vendados. O vendidos.