Por Ariel Miño*

A partir del triunfo electoral, el gobierno de la Alianza Cambiemos realizó unas series de aumentos tarifarios que tienen relevancia e impacto en los bolsillos de los trabajadores.

En connotación al “sinceramiento de la economía” que han utilizado en estos últimos tiempos poniendo en asentó en como moderar el consumo de los habitantes, “reducir” o simplemente “ajustar” la actividad económica del país. Desde que asumieron  pusieron el acento en que el Estado ha derrochado y mal gastado recursos genuinos con el objetivo de ampliar la base social del país dejando sin efecto el proceso de políticas económicas traducidas a en la promoción e inclusión social. Esta visión de un Estado ineficiente, concibe con la línea discursiva de agentes externos como el FMI,  sosteniendo en la inevitabilidad del ajuste como la mejor opción de generar crecimiento en sintonía con la restauración neoliberal encarada por el gobierno actual.

Últimamente los aumentos de precios hacia los sectores más populares son de anuncios cotidianos. De este modo, el Programa Hogar se considera como una buena la iniciativa a la utilidad para paliar la problemática respecto al acceso a la garrafa de los sectores que no tienen acceso a la red de gas natural. En un contexto de aumentos y ajuste tarifarios en los servicios públicos se origina un nuevo incremento que se originaron reiterativos aumentos en general por parte del Gobierno de la Alianza Cambiemos,  y específicamente incrementando el precio de un insumo necesario como son las (garrafas de 10 kg) para la vida cotidiana de la población sin acceso a una red de gas.

Gráfico N°1

En el Gráfico N°1, se puede apreciar el aumento a través de la actualización de los precios Máximos de Referencia de garrafas de GLP de DIEZ (10). En correlación al incremento en las garrafas sociales, el aumento acumulado desde el 2016 a la fecha asciende a los 92.96%.

El incremento nuevamente otorgado al sector privado empresarial 16,76% del valor de la garrafa de gas envasado de 10 kg que es la más utilizada en el ámbito doméstico, con lo cual pasó de un valor de $185 a $216 en las distribuidoras y fraccionadoras de gas envasado. Pero existe una disociación relevante entre el nuevo precio de valor de las garrafas de 10kg y el beneficio que se otorgaba a través del subsidio a la población, ya que el último aumento el beneficio se redujo en 64$.

Desde una visión como política pública se considera que si bien la iniciativa es útil para paliar la problemática respecto al acceso a la garrafa, el incremento del subsidio debe ser un poco más proporcional en relación al aumento para beneficiarios del Programa Hogar. Además, el contexto general de ajuste e inflación de nuestro país se ha agravado durante el segundo semestre 2017, y a partir del 2018 se está llevando nuevos “ajustes tarifarios” afectando principalmente a los sectores populares.

En este sentido, cabe rescatar que el Programa Hogar originado en 2015 fue una “reformulación” del programa anterior Garrafas para Todos, que en vez de subsidiar a la oferta representada en las empresas que participan de la cadena de abastecimiento de las garrafas, se subsidia directamente a los que lo necesitan, a los que no tienen ingresos suficientes para abonar el precio de la garrafa.

Actualmente la dinámica del Estado Nacional llevada adelante por el gobierno de la “Alianza Cambiemos” transfiguro totalmente en el pensar en el “bienestar social” ya que últimamente realiza un traspaso de derechos de los sectores populares hacia los sectores empresariales. En paralelo la coyuntura política económica actual marca el sistema liberal donde se refleja en los precios de los servicios públicos en general, y en particular también se refleja en el precio de la garrafa social dependiendo del lugar donde se adquiera, pagando los usuarios sobreprecio, que las empresas atribuyen a aumento de costos.  En este contexto, donde el cambio predomina,  el consumidor está más desprotegido. De ser un usuario que dificultosamente transitaba el camino para convertirse en un ciudadano con derecho a disponer de los servicios públicos esenciales para vivir dignamente, ha pasado a ser un usuario-cautivo de monopolios privados, sujeto a todo tipo de abusos y expoliaciones.

En este sentido, el Estado juega un papel preponderante beneficiando a los sectores privados de la cadena de abastecimiento de las garrafas otorgándoles aumentos según sus “costos” originándoles un crecimiento en sus ganancias. Claramente el razonamiento es de llevar adelante la política económica sin respuestas a los sectores más vulnerables de la sociedad, donde sin respuestas por un estado ausente se ven obligados a abonar precios más elevados de lo que está estipulado por el Programa Hogar. Cabe preguntarse ¿si en algún momento las tensiones alcistas de los precios tenderán a desaparecer? Esta es, pues, la solución de “mercado” propuesta por todo el arco neoliberal del actual gobierno, pero la realidad es que los precios aumentan, y estas medidas tomadas hasta el momento, todas de caracteres de “reajustes y sinceramientos” plantean un escenario en el cual la economía está siendo llevando en práctica perjudicando a sectores de la sociedad y beneficiando a otro sector del poder concentrado económico del país. Estas son cuestiones que deben ser analizadas profundamente, atentos a la nuevo “cambio” de política, en el convencimiento de que el proceso de libre mercado no sólo tiene consecuencias económicas y sociales, sino que incide de modo muy importante en las bases mismas del sistema político, porque afecta los derechos de los ciudadanos.

*Mgter. CEPPDRe.