Por Alejandro Marcó del Pont

Dios no es el único que para reinar no tuvo que dejarse ver

Es cierto que estamos viendo cómo el mapa mundial se está reestructurando, pasando de aquellos dos bloques de la Guerra Fría a un contexto múltiple en el que surgen nuevos e inesperados actores; desglobalización, regionalización, bloque euroasiático, China, los BRICS plus, etc. Es decir, en 32 años pasamos de la caída del Muro de Berlín, que transformó por completo la política de bloques, y dio paso a un sistema unilateral con una potencia hegemónica, Estados Unidos, a una disputa sin final anunciado, un sistema multipolar y multilateral, para algunos un totalitarismo neoliberal, un nuevo orden basado en reglas o un nuevo desorden mundial, como más les guste.

Aun así, como todavía la supremacía está en disputa, los grandes estados están adquiriendo mayor relevancia. Aun cuando existan multitud de centros de poder, quienes deciden las cosas siguen siendo los estados. Las multinacionales son influyentes y poderosas, en su desplazamiento nos señalan cómo las empresas (financieras y no financieras) tienen cada vez más peso en el gobierno global. Esto sucedía cuando el gendarme era la globalización, o ahora en la regionalización, la privatización de la naturaleza, el auge bélico o la revolución tecnológica.

En los países del primer mundo, o en los países en vías de desarrollo, las elites políticas y económicas influyen en los estados para obtener leyes favorables o privilegios fiscales que perpetúan y aumentan la desigualdad y la pobreza. Que el poder económico intente influir sobre las decisiones políticas y capturar al estado por medio del lobby económico y financiero se toma como natural. De tal fenómeno informa Oxfam, y los llama “Democracias capturadas o estados secuestrados”. Allí las élites económicas manipulan la toma de decisiones de los gobiernos con el fin de maximizar sus privilegios por encima de los derechos y beneficios de las mayorías. Lo hacen de numerosas formas, desde las puertas giratorias (ejecutivos de empresas privadas a puestos públicos y viceversa), en lobby feroces, a través del financiamiento partidario, pago de sobornos, uso de campañas mediáticas con información manipulada, administración de candidatos, etc., en síntesis, poniendo en tela de juicio la democracia.

La idea sería entonces plantarse ¿quién gobierna en realidad y para quién? Si el progresismo no tiene una alternativa a lo que se denomina el tsunami fascista, entonces los políticos son simples marionetas del poder o tienen una seria restricción impuesta por las elites que realmente gobiernan. En 1956, el sociólogo C. Wright Mills publicó su libro clásico La élite del poder (en el link está el libro completo) que analizaba cómo un segmento reducido de la población con altos cargos en diferentes instituciones (legisladores, corporaciones, militares) tendía a tomar decisiones por la población en su conjunto, con el consenso entre estos actores, desplazando la democracia auténtica.

En el 2014 un estudio demoledor, realizado por dos profesores de ciencias políticas,  Martin Gilens, de la Universidad de Princeton, y Benjamin Page, de la Universidad de Northwestern, encontraron que los estadounidenses comunes prácticamente no tienen ningún impacto en la elaboración de la política nacional, en su estudio «Teorías de prueba de la política estadounidense: élites, grupos de interés y ciudadanos promedio«, publicado por la Universidad de Cambridge (en el link está el estudio completo), examinaron datos de encuestas sobre 1.779 temas de política nacional para los cuales pudieron medir las preferencias de los ciudadanos promedio; los estadounidenses comunes tienen un «nivel no significativo, cercano a cero» en la influencia del proceso de formulación de políticas. Por otro lado, cuando el poder es controlado por las élites económicas y complejos industriales, como sucede en la actualidad, la formulación de políticas es a su favor.

Aquí surgen dos temas interesantes, que no sólo suceden en EE.UU., sino que pasan, como veremos, en Argentina o en cualquier país. En principio, en los Estados Unidos existe la estrategia de localización de las empresas en estados donde existen la mayor cantidad de electores. De esta manera se puede financiar a los representantes para obtener favores a cambio, en general leyes que los favorezcan o para que voten en contra de las leyes que las perjudican. La otra alternativa es ejercer una presión para magnificar el descontento por la falta de resultados de las políticas implementadas, en el caso americano el descontento lleva al desinterés de participar en la compulsa electoral que podría cambiar el rumbo de las políticas por parte de los gobernantes.

Comencemos por el último punto. Los individuos ricos y los intereses comerciales tienen la capacidad de contratar a los cabilderos que siguen a los legisladores en Washington y de colaborar con las arcas de campaña de los candidatos políticos para obtener beneficios. Los ciudadanos comunes, por su parte, son culpables porque eligen no votar. La tasa de participación electoral de los Estados Unidos los coloca cerca del fondo de las democracias industrializadas. Más de 120 millones no votaron en las elecciones intermedias en 2010, 90 millones de estadounidenses elegibles no votaron en las elecciones presidenciales de 2012, unos 94 millones no lo hicieron en 2016, en 2020, en una de las mayores afluencias de votación, casi 74 millones no emitieron su voto.

La participación electoral en los Estados Unidos está altamente relacionada con la posición económica: los estadounidenses más ricos votan en una proporción mucho mayor que los menos ricos o pobres. El cuadro muestra la relación de voto por nivel de ingreso en las últimas dos elecciones presidenciales, 2016 y 2020. Según estos datos, votó alrededor del 65% de las personas de bajos ingresos, en comparación con el 88% con altos ingresos. 

En cuanto al primer punto, la localización, hay, según Michael Hudson, exprofesor investigador de Economía en la Universidad de Missouri, cuatro grupos oligárquicos principales que han comprado el control del Congreso para poner a sus propios formuladores de políticas en el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa con el fin de mantener y multiplicar los negocios. De acuerdo a la tesis de economía de guerra permanente, sus batallas en el siglo XXI son de naturaleza económica, y reflejan una tendencia peligrosa de las relaciones político-militares estadounidenses, a saber, el «pretorianismo dominado por la oligarquía», según Samuel Huntington. Los complejos son el militar-industrial, el del petróleo, gas y minería, y el bancario, de seguros y bienes raíces, así como el tecnológico. 

Para poder cooptar a los miembros del Congreso o a los representantes de cada partido, sus casas matrices se han distribuido de manera estratégica para poder influir sobre ellos. Como muestra el cuadro de los 538 electores, ocho estados concentran el 35% de ellos y, en general, son los estados que mayor incidencia tienen en las votaciones. Como se ve, California, Texas y Nueva York es donde se concentran las casas matrices del poder tecnológico, petrolero y financiero.

Casa matriz de empresas por complejo y por estados por su importancia de electores.

De ahí se desprenden las políticas que benefician al 1% de la población en detrimento del 99% restante, una lógica sistemática que ha avanzado sin pausa desde el 2008. En su libro Crash. Cómo una década de crisis financieras ha cambiado el mundo, Adam Tooze analiza cómo desde la crisis hipotecaria de 2008 hasta la crisis de la deuda soberana europea han transformado el panorama económico y político mundial. Pero lo más importante para el artículo es que Tooze también aborda el auge de la derecha extrema en Europa y Estados Unidos como respuesta a la crisis financiera. Analiza cómo la desigualdad económica y la falta de confianza en las élites políticas y financieras han dado lugar a movimientos políticos populistas y nacionalistas.

Imponer a Kamala Harris como vicepresidenta de Estados Unidos es una muestra del poder. Una mujer de color, fiscal general de California de 2011 a 2017 que se retiró de las internas por no haber obtenido el 1% de los votos, fue “elegida” por Biden, o entre la pelea de Soros contra Trump, con un lobby israelí divido entre Benjamín Netanyahu, quien apoya en tándem junto con el magnate del juego de las Vegas, Sheldon Adelson, que apoyan a Trump, y George Soros por el otro, quien se adjudica la candidatura de Kamala. El establishment americano había encontrado la figura perfecta para dirimir la interna entre California (55 representantes) con buena presencia y fiel defensora de Wall Street, de Silicon Valley, y las grandes corporaciones industriales. Sobre todo, acérrima defensora de la autorregulación de las redes sociales, casi todas en California.

Otro ejemplo de influencia corporativa es el complejo bélico. Para el año fiscal 2021, las cámaras votaron el presupuesto de defensa de los EE.UU., llamada National Defense Authorization Act (NDAA), que autoriza U$S 740.5 mil millones en gastos militares, con una votación de 335 a favor 78 en contra. Tenga en cuenta que los contratistas de defensa reciben subsidios públicos. Por ejemplo, el 70% de los ingresos totales de Lockheed Martin para el año 2019, unos U$S 41 mil millones, provinieron del Pentágono, y sólo gastó U$S 6 millones en candidatos que votaran el incremento en el presupuesto de defensa. El piso superior de congresistas que recibían en promedio de las empresas U$S 96.620 votaron en un 98% favorable a la empresa.

En Argentina, a lo largo de su historia, ha habido diferentes leyes y políticas que han favorecido a ciertos grupos económicos. A continuación, mencionaré algunos ejemplos destacados:

Ley de Promoción Industrial (1954): esta ley otorgaba beneficios fiscales y arancelarios a las empresas que invertían en la industrialización del país.

Ley de Entidades Financieras (1977): durante la última dictadura militar permitió la liberalización y concentración del sistema financiero. Facilitó la fusión y adquisición de bancos, lo que llevó a la formación de conglomerados financieros poderosos. Esto consolidó la influencia de grupos económicos en el sector financiero y su capacidad para influir en las políticas económicas.

Ley de Reforma del Estado (1989): fue impulsada durante el gobierno de Carlos Menem y buscaba privatizar numerosas empresas estatales. Más allá del mecanismo, validar bonos de tenedores con un valor de mercado menor al 30%, si ingresaba en la privatización se lo tomaba a 100%, es decir, si un bien estatal valía 100 dólares se lo pagaba 30, esto benefició a ciertos grupos económicos cercanos al poder político, quienes adquirieron empresas a precios muy bajos.

Ley de Convertibilidad (1991-2001): estableció una paridad fija entre el peso argentino y el dólar estadounidense. En la práctica benefició a grupos económicos vinculados a la exportación y a sectores dolarizados, como el sector agroexportador y los grandes exportadores de commodities, a expensas de otros sectores de la economía.

Quienes se beneficiaron con estas leyes fueron las grandes empresas que contribuyen o son el poder real y digital gran parte de las leyes: Grupo Techint: es uno de los conglomerados industriales más grandes de Argentina. Grupo Perez Companc: intereses en la industria petrolera, agroindustria y alimentos. Grupo Clarín: es el conglomerado mediático más grande de Argentina. Grupo Arcor: durante el período mencionado, el Grupo Arcor continuó consolidándose como uno de los principales productores de alimentos y golosinas en Argentina y en el ámbito internacional. La empresa ha diversificado su portafolio de productos, ampliando su oferta en categorías como alimentos para el desayuno, galletas y snacks.

Por último, para tener una idea nombraremos algunas de las grandes empresas que se beneficiaron de las leyes y políticas específicas durante el período de 2016 a 2021:

1. Mercado Libre: se beneficia de la Ley de Economía del Conocimiento al recibir beneficios fiscales y financieros para fomentar el desarrollo y la exportación de servicios basados en el conocimiento, como el comercio electrónico y la tecnología.

2. Toyota Argentina: se ve favorecida por la Ley de Promoción de la Industria Automotriz al obtener incentivos para la producción y exportación de vehículos y autopartes, incluyendo exenciones impositivas y acceso a financiamiento preferencial.

3. Arcor: se beneficia de la Ley de Promoción de Inversiones Mineras al recibir incentivos para invertir en proyectos de extracción y procesamiento de minerales, incluyendo beneficios fiscales y acceso a financiamiento preferencial.

4. Pampa Energía: se beneficia de la Ley de Energía Renovable al recibir incentivos para desarrollar y operar proyectos de energía renovable, como parques eólicos y solares, incluyendo estabilidad fiscal y tarifas de compra garantizadas.

5. Ternium Argentina: se beneficia de la Ley de Promoción de Inversiones Mineras al obtener incentivos para la producción y exportación de productos siderúrgicos, incluyendo beneficios fiscales y acceso a financiamiento.

Como se ve, la lógica de cada ley es la misma: beneficios fiscales, estabilidad fiscal, tarifas garantizadas, acceso al financiamiento, financiamiento preferencial, tipos de cambio preferencial, exenciones impositivas, etc. Todas aportadas por el contribuyente, aunque las únicas que se vean sean los escasos beneficios sociales.

La democracia es un problema de las élites si no intervenimos, y no cada dos años para votar algo que, si sirviera para cambiar un poco, ya hubiera sido eliminada, según Eduardo Galeano.