Por Flagrante*

Más allá de cualquier diferencia ideológico-partidaria y más allá de cualquier contrapunto de acción o mismo de concepción, es imposible dejar de señalar que la persecución judicial de la que es víctima la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde el 10 de diciembre de 2015 constituye un hecho flagrante de violencia institucional y sería hipócrita no denunciarlo desde este espacio.

Englobado en un nuevo plan Cóndor continental, el mismo que persigue y mantiene encarcelado a Lula en Brasil, principal candidato a ganar las elecciones de este año; el mismo que persigue e hizo exiliar en Bélgica al ex Presidente Rafael Correa, principal referente de la oposición a Lenin Moreno en Ecuador; el mismo plan Cóndor continental que intenta por todos los medios desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela; el mismo que golpea constantemente en contra de Evo Morales, presidente del Estado Pluricultural de Bolivia, es el mismo Plan Cóndor Continental que mancilla y ataca, permanentemente, todas y cada una de las expresiones populares a lo largo y ancho de la América Morena, aunado a la desinformación masiva de los Clarín, de los Oglobo, de los Mercurio y sumado a un importante sector de la población civil que apoya esta restauración conservadora, la persecución judicial y política de la que es blanco Cristina Fernandez de Kirchner no es casual ni incausada.

Con el objetivo claro de silenciar y acallar todo intento por tumbar, democráticamente, la restauración reaccionaria en la república Argentina y con el juez Bonadio como brazo ejecutor al gobierno de Mauricio Macri y a sus operadores múltiples no parecen importarles las garantías constitucionales, el debido proceso legal y la seguridad jurídica, derechos personalísimos e irrenunciables que todo hombre o mujer adquiere por el solo hecho de pisar suelo Argentino.

Antes de avanzar en este sentido es oportuno dimensionar el término "violencia institucional", ya que habitualmente cuando se refiere a este concepto se lo hace de manera corta, sesgada y muchas veces imprecisa: es menester entender que cuando hablamos de violencia institucional nos estamos refiriendo a toda acción u omisión de autoridad pública que de forma actual o inminente vulnere o lesiones derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional o en las leyes que reglamentan su ejercicio.

Está definición está muy cerca de la acepción del "amparo", beneficio procesal incorporado a nuestro derecho de forma Constitucional a partir de 1994, año en el cual, casualmente, se incorporaron también los distintos Pactos Internacionales que obligaron a la Argentina a modificar íntegramente su sistema Procesal Penal, adoptando un sistema jurídico adversarial y dejando de lado el viejo y obsoleto modelo inquisitivo.

Un sistema jurídico adversarial significa quitarle poder al juez, quien obraba como director y verdugo del proceso punitivo hasta ese momento, para darle más poder a la figura del fiscal, quien, a partir de alli, le arrebataría el poder de investigación al viejo juez de instrucción para comenzar a ejercerlo el mismo con criterio "objetivo" decidiendo, en caso de que así corresponda, su elevación a juicio oral.

De manera escalonada y a su debido tiempo y tras distintas intimaciones de los órganos rectores en materia de derechos humanos en la región, todas y cada una de las 22 Provincias Argentinas fueron introduciendo cambios legislativos adoptando para si el sistema penal adversarial.

Si, dijimos 22 porque fue justamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede judicial de los conflictos penales de ámbito Federal (es decir donde caen y se investigan todos los delitos cometidos por funcionarios públicos, entre otros) nunca se adecuó a este sistema, aun contra toda regulación Internacional e inclusive Nacional yendo nada mas y nada menos contra la propia Constitución de la República.

Recién en el año 2014 la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, promulgó un nuevo Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por mayoría en ambas Cámaras legislativas, incorporando principios y preceptos adversariales derogando las normas de carácter inquisitivo que hasta entonces se regían.

Dicho Código tenia pautado entrar en vigencia recién el 1° de enero de 2016, pero para mala suerte de todxs, y tras los resultados del primer Ballotage de la historia Argentina, fue dejado sin efecto por el actual Presidente Mauricio Macri volviendo atrás en el tiempo y consolidando, como nunca, un modelo punitivo arcaico y extremadamente peligroso.

No es casual entonces que sea tan difícil, por no decir titanico, modificar las normas Procesales Penales Nacionales. Aún contra toda regulación jurídica el ámbito Federal se mantiene inmóvil en su posición inquisitiva, ya que existe un interés político enorme en que todas las cuestiones que involucren operadores del poder fáctico pasen por las manos de jueces afines e investigadores parciales. El fin último es que nunca se avance en su prontuario o al menos nunca sea de efectivo cumplimiento su condena. Por supuesto existe también un interés político gigante en que cualquier operador de la política que defienda, en la medida que fuere, los intereses populares en detrimento de los grandes acomuladores de riqueza caiga en las fauces de jueces inquisidores como, por ejemplo, Bonadio.

Ahora bien, no pretendemos ahondar en la multiplicidad de causas que se le iniciaron a la Ex Presidenta desde el 10 de diciembre de 2015 porque no pretendemos extendernos mucho mas ni aburrirlos a ustedes, simplemente nos vamos a centrar en la ultima imputación que se le hizo, la denominada "causa de los cuadernos" o "CuadernosGate": de mas esta decir que es la primera vez en la historia de la democracia Argentina que fotocopias son material suficiente para iniciar una investigación penal y por supuesto que de mas esta decir que el sonido de cajas fuertes abriéndose es una novedosisima forma de motivar un allanamiento de morada, pero aqui lo verdaderamente preocupante es la persecución, la falta de objetividad, la falta de imparcialidad y la falta de posibilidad de defensa en juicio.

El proceso penal se divide en dos grandes etapas: la primera parte llamada investigación o sumario está en toda la república Argentina, salvo en el Ámbito Federal, a cargo del Ministerio Publico Fiscal, controlado en todo momento por es el Juez de Garantías, encargado de salvaguardar los derechos y, valga la redundancia, garantías constitucionales del imputado, acusado o procesado. La segunda etapa es el denominado juicio oral o plenario, donde se decidirá la culpabilidad o no del sujeto investigado por el fiscal.

¿Que pasa con esto? pasa que el problema que tiene la Ex Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, y por lo que es victima constante de violencia institucional es la imposibilidad de garantizar su debido proceso legal. ¿y por qué decimos esto? Es tan sencillo como pensar que el fiscal y juez de garantías (hablando en términos comparativos) del juzgado de Bonadio y de las causas de Bonadio es el mismo Juez Bonadio!

Es tan sencillo como pensar que a quien Carlos Beraldi le tiene que reclamar que fue expulsado de la vivienda allanada sin poder presenciar el procedimiento es a la misma persona que decidió echarlo; es tan simple como pesar que a quien Gregorio Dalbon le tiene que reclamar que el embargo preventivo sobre el patrimonio de CFK es abusivo y/o desmedido es al mismo que dispuso embargar; es tan fácil como pensar que a quien Mariano Cuneo Libarona debe denunciarle que los arrepentidos son amenazados de que si se declaran inocentes serán condenados es a la misma persona que los amenazó. Por eso que es tan peligroso el sistema inquisidor.

¿Por qué Cristina Fernandez de Kirchner es victima de violencia institucional? Porque no tiene posibilidad de ejercer sus garantías constitucionales, y como dijo Francisco Carrara, maestro penalista: "Si no se tiene el poder de defenderlo no se tiene el derecho" y es inadmisible que en pleno Siglo XXI el ciudadano que fuere no goce de sus debidas garantías procesales, no goce del debido proceso legal y no tenga su derecho.

*Colectivo de comunicación marplatense, especializado en temas como violencia institucional y derechos humanos.