Por Consejería de Asesoramiento y Acompañamiento – Frente de Igualdad de Géneros Descamisadxs C.A.B.A

Cristina

Una nena es adoptada por familiares, y criada como una más. Va a la escuela, crece junto a muchos hermanos y hermanas, y se mueve entre sus vecinos y vecinas. Un día denuncia que no está todo bien, y casi nadie la escucha.

En la escuela no la escuchan, la ignoran. Que va bien vestida y no falta, comentan.

Los vecinos y vecinas no escuchan, desconfían. Que no puede serporque conocen de siempre a la familia, aseguran.

Los hermanos y hermanas escuchan, y tapan. Tapan porque saben, que no está todo bien.

Cristina tenía 11 años la primera vez que intentó irse de su casa, y mientras que sus vecinos hicieron la denuncia a sus cuidadores, en aquel momento por maltrato, luego insistieron en que regrese al domicilio. Recibió visitas de trabajadoras sociales, hizo llamados a los organismos de protección al menor, y todo siguió como estaba. Nadie vio los golpes ni los maltratos, nadie escuchó a la nena que avisaba.

Tuvo que seguir viviendo en la misma casa, con la misma familia, y entre el mismo malestar; se sumaba la sensación de que no le creían fuera de esas paredes, y de que las personas a las que podría recurrir eran cada vez menos.

 Al tiempo, la denuncia fue contra sus hermanos: el maltrato se había convertido en abuso por parte de dos de ellos, mientras el resto se callaba.

Nuevamente, las pericias, las visitas, las investigaciones, y todo en la nada. Se escapó de la casa y tuvo que volver. Pidió ayuda, y le ofrecieron llevarla y mediar. Denunció penalmente y no hubo quien no le sugiera que “acepte plata y empiece de nuevo”.

Es la historia de tantas, y que a tantas les enseñó a callar. ¿Qué hace una cuando gritamos todo lo que podemos y nadie se da vuelta? No son pocas las que se quedan sin voz antes de que las alcancen a escuchar.

El sistema de Justicia

Elegir el camino del silencio y el encubrimiento no fue el caso de Cristina: contra toda sugerencia y por su propia cuenta, prácticamente sin ayuda, se enfrentó a una familia que parece tener al poder judicial de su lado. Hace seis años lleva su propia causa en los tribunales tucumanos, buscando que se reconozca lo que le negaron de chica, que se escuche lo que dijo y denunció durante una década, que se sane a esa Cristina de pequeña mediante la reparación a la Cristina adulta. No quiere compensaciones, quiere juicio y pena a las personas que la lastimaron, para evitar así que se vuelva a repetir.

La realidad que encontró a lo largo de su lucha permitió apreciar que las injusticias que rodean su causa son también las que inmovilizan centenares de procesos en todo el país. Son, además, las circunstancias que desalientan otras denuncias, que favorecen un llamado tácito al silencio, o que provocan el abandono del proceso, a mitad de camino, cuando éste se vuelve demasiado engorroso, burocrático y revictimizante como para valer la pena.

Estos obstáculos procesales no son necesariamente incumplimientos de las leyes que rigen el procedimiento, así como tampoco es fácil advertir, siempre y en cada caso, que surjan de una mala praxis judicial o de representación letrada. Son prácticas y costumbres, y es donde se demuestra la falta de la perspectiva necesaria para equilibrar la balanza entre la parte más desprotegida, y aquella que ha abusado de uno, o de varios, grados de poder. Perspectiva de género, de derechos en la niñez, e incluso, de una perspectiva ciudadana que refuerce la confianza en un sistema judicial que hace más veces oídos sordos que las que muestra un compromiso genuino con la tarea que la sociedad espera de su labor, son pilares de la deuda pendiente de la justicia con la sociedad.

Entre otras cosas, tampoco existe un código de procedimientos válido para toda la multiplicidad de casos que abarca la norma, lo que deriva en el ritmo exageradamente lento de los procesos judiciales. Esas reformas también son urgentes, principalmente para evitar que los delitos contra la integridad terminen siendo considerados procedimentalmente iguales a otros, como los que son contra la propiedad privada. El procedimiento para afrontar una violación no puede ser asimilable al robo de un vehículo, y, con sólo analizarlos, es posible advertir que, incluso, deberían abordarse con una rigurosidad absolutamente diferente. En nuestra justicia, las pautas generales terminan, en la práctica, favoreciendo más las analogías de lo incomparable, antes que los análisis de casos concretos, y el debate es clausurado por el cálculo aritmético de escalas penales.

Porque estas carencias sistémicas redundan en injusticias, en la continuidad de los privilegios, en el aprovechamiento de las relaciones personales por encima de la legislación, y en un desamparo absoluto de las víctimas. Ejemplo de ello son la libertad de los acusados por María Cristina: fianza de por medio, y como si no representaran un peligro para nadie, ellos tienen la libertad de moverse, incluso salen de la provincia. Que ellos están libres y ella encerrada, dice María Cristina. Pero otra vez, el sistema no escucha.

La repetición

Mientras acarreaba el proceso judicial volvió a atravesar las pericias, las difamaciones, y tuvo que volver a escuchar que le dijeran que no le convenía, que no se metiera ahí. Vio a sus abusadores salir y pasear, sin que nada se los impida, mientras ella se siente atrapada. Y vio lo que más temía: desde el año pasado, hay una causa paralela para uno de los acusados, denunciando un nuevo abuso a una nueva niña, de la misma edad que tenía Cristina cuando comenzó a ser abusada, y también relacionada familiarmente. La libertad de estos hombres, en un aprovechamiento grosero de las grietas jurídicas, resultó en la apertura de otra causa judicial, impulsada por la tutora de una menor que denuncia, también, abuso sexual infantil. Está a la vista, cuando se habla de este tipo de delitos, ajustarse a las prescripciones normativas no es suficiente para prevenir nuevos crímenes.

Al mismo tiempo que Cristina peleaba porque se reconozca la realidad de lo que vivió y se ajuste el procedimiento a la ley, pero también a las necesidades de las personas afectadas, tuvo que seguir soportando los comentarios de vecinos y vecinas, descreyendo de lo que ella contaba, diciéndole que seguramente no era para tanto. Al mismo tiempo que ella reclamaba que estas personas tuvieran cargos docentes, tuvo que ponerse al hombro una campaña ante el Ministerio de Educación, para decir firmemente que dos acusados de abuso sexual en la infancia no pueden tener contacto directo con menores, sin que nadie se asombre ni se preocupe por ello. Al mismo tiempo que escuchó de su propia “familia” decir que ella mentía, que sólo quería aprovecharse, tuvo que confrontar con la realidad de que le pidieran disculpas porque había vuelto a pasar.

Como si no fuera uno de los peores temores de alguien que atravesó tal circunstancia de pequeña, Cristina vio reaparecer hechos de su propia vida en la vida de una niña, y, como si fuera poco, despertándole recuerdos que tenía sepultados. Además de ver fallar el sistema para el castigo de quienes la ultrajaron, lo veía fallar, ante sus ojos y espectacularmente, en la prevención de que vuelva a suceder (prevención que, teóricamente, es una de las finalidades del sistema penal, mucho antes que el castigo como fin último).

Si alguna ventaja tuvo esta nueva niña victimizada es que tuvo una madre que la acompañó, que la escuchó y le creyó. No hizo falta que pasara años en el circuito de abuso, que tuviera que elevar sola denuncias a la justicia, ni tuvo que esperar a tener la suerte de encontrarse a una o dos personas por ahí que la sostuvieran, las tuvo en su propia casa.  ¿Cuánto cambia que alguien mayor te escuche y te acompañe?

Cristina cuenta que la nena no entendía, pero que sabía que estaba mal, que no hay ESI en su zona y esto ayuda a encubrir abusos. Que las edades son las mismas que con ella, que muestra el patrón, pero que nadie en el Ministerio de Educación quiso hacerse cargo de ese dato. Pero también dice que al menos tiene a la mamá, no como ella que tuvo que irse sola, sola con su documento y sin un peso, con nada más que 18 años. Cristina aceptó las disculpas de esa madre que ahora le cree y la entiende, y aclara que no culpa a nadie más que al violador y a quienes lo dejaron libres. Relata a quienes se dispongan a oír que la historia se repite también en los vecinos descreyendo, en el círculo cercano diciéndole que acepte plata y deje la causa, en las estrategias para amedrentar y acallar. Y esto le ayuda a redoblar esfuerzos.

En las palabras de María Cristina aún resuena esa exigencia, ese reclamo constante, que grita la deuda que tiene el poder judicial (no sólo con ella),  salvo por excepciones que ella misma rescata (la labor de una funcionaria, una de las pocas personas – pocas mujeres, en realidad, siempre fueron mujeres – que la acompañaron en el proceso y colaboraron en la causa). Del otro lado, en el aparato judicial, una pared inerte, incapaz de devolverle el eco que merecen sus palabras. Por ese motivo, y sin descuidar el seguimiento de la causa que impulsa, con voluntad y recursos absolutamente propios, sale a buscar esa respuesta en la comunidad, y la vuelca en las calles. Hasta ahora, realizó varias medidas de fuerza en los alrededores de los juzgados en San Miguel de Tucumán, con el sostén de organizaciones políticas y sociales que volcaron su apoyo en una causa que, también, sienten propia. Además, alzó la voz en distintos medios de comunicación, que, como la Oveja Negra, trabajan con la convicción enérgica del poder de la palabra y su multiplicación.

Cristina, hoy, vuelve a gritar, más fuerte, en donde sea necesario, para que ya no puedan dejar de escuchar. Que no haya más nenas en la mira de esta gente, que no haya más pequeñas a las que no escuchen. Que el poder judicial, que las comisarías, que mismo los grupos de vecinos y vecinas dejen de mirar para otro lado; que reconozcan que pasa entre las personas que ya conocen, y que no se puede poner el ser buen vecino por encima del cuidado de los niños y las niñas.

Tenemos que denunciar, sin dejar de escuchar y respetar, siempre, la voluntad de las y los protagonistas de estos hechos, sin importar la edad que tengan. Tenemos la responsabilidad de comunicar cuáles son los derechos de las infancias, y cuáles son las responsabilidades de la adultez. Tenemos la obligación de poner en relieve el rol de las instituciones que tienen la función de ordenar socialmente la comunidad. Tenemos que ser la fuerza que empuje la búsqueda de justicia, a la par que reclamamos las reformas necesarias para poner fin a los atentados contra la integridad de los sectores más desprotegidos. Tenemos que dejar de ser las víctimas las que llevemos adelante los procesos que la justicia no quiere poner en marcha. Y tenemos que dejar de cargar a la sociedad con llevar la condena que debiera surgir del Poder Judicial.

El 26 y 27 de mayo la escucharán los Tribunales de Tucumán en el juicio, y esperamos que no vuelvan a mirar para el costado.

(Para contactarse con la Consejería de Asesoramiento y Acompañamiento – Frente de Igualdad de Géneros Descamisadxs C.A.B.A. podes hacerlo al 11 3310 0377)