“…está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelvan a reinar en la Patria”. Néstor Kirchner 24 de marzo de 2004

Por Matías Germano*

Las corporaciones hegemónicas constituidas durante la última dictadura cívico-militar, buscan imponer un nuevo relato histórico sobre nuestro pasado reciente. Tratan de hacer cumplir aquella editorial de La Nación, que al día siguiente del ballotage, exigía el fin de los juicios por delitos de lesa humanidad y el indulto a los genocidas condenados. El texto que volvía a pedir la impunidad en la Argentina fue repudio hasta por los propios trabajadores del medio.

En lo que va de este 2017, las medidas del gobierno nacional que buscan torcer la opinión de la sociedad, han recrudecido. Y aunque encuentren el repudio generalizado, y en muchos casos tengan que dar marcha atrás, su eco resuena desde las tribunas de los formadores de opinión.

El intento de Macri de modificar la inamovilidad del feriado del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, es ejemplo de esto. Las declaraciones negacionistas del funcionario de la aduana, Gómez Centurión (que provoco el repudio y pedido de renuncia de parte de autoridades de derechos humanos de 13 provincias) y la postulación como representante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del abogado Carlos Horacio de Casas, cuya única participación en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que protagonizó nuestro país consistió en haber sido defensor del represor y genocida Enrique Gómez Saa, no son medidas ni dichos aislados. Son el correlato empírico de la decisión de un Presidente que llama “guerra sucia” al Terrorismo de Estado y de un gobierno nacional que busca retroceder sobre una conquista histórica alcanzada tras décadas de lucha del pueblo argentino: las políticas de Estado en Derechos Humanos.

Desde el inicio de su gestión, Macri aplico recortes presupuestarios, incluyendo el despido de cientos de trabajadores y trabajadoras, desmantelando áreas de  investigación vinculadas con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. 

Desde el inicio de su gestión, el gobierno neoliberal de Macri aplico recortes presupuestarios, incluyendo el despido de cientos de trabajadores y trabajadoras, el desmantelamiento de áreas de  investigación vinculadas con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y con mayor crudeza fueron afectadas las que investigaban los crímenes económicos y la participación civil-empresarial que dificultó la continuidad de las causas que avanzaban sobre las corporaciones y los poderes económicos que fueron los instigadores del genocidio. El secuestro y desaparición de dirigentes sindicales, delegados de fábricas, abogados laboralistas y hasta empresarios -que no se acogían a la estructura del saqueo y la concentración de la economía, el desguace de la industria nacional y la apertura al capital financiero trasnacional- fueron la cristalización de la unión militar-civil-empresarial que entramaba el régimen de facto.

Estas corporaciones son las mismas que han recobrado el poder del Estado en la Argentina, ya no aliadas al poder militar si no a un poder mediático que articula su estrategia política, no solo en la patria chica, sino que sobrevuela sobre todo el continente, mostrando las nuevas garras del cóndor.

Aunque en la práctica, las medidas y conceptos que se dictan y se reclaman desde la editoriales encontraron la resistencia de un pueblo que había trabajado su conciencia, caminado años junto a las madres, señalado a los asesinos y sus cómplices, que se había formado y había estudiado para lograr la justicia, y que a partir del 2003 había encontrado en el gobierno un nuevo respaldo que se traduciría en las políticas de Estado para la promoción y protección de los derechos humanos. Un Estado que resignificaría nuestra historia y reconstruiría los lazos sociales, garantizando la inclusión y la distribución de la riqueza.

Otro ejemplo del deterioro democrático por el cual atravesamos es la aplicación, muchas veces desembozada y algunas pocas encubiertas, del hostigamiento, el espionaje y la represión como método de disciplinamiento social de un pueblo que se ve mayormente empobrecido.

La persecución política sobre las organizaciones populares tiene su demostración más clara en la detención ilegitima y arbitraria de la compañera Milagro Sala y demás militantes de la Túpac Amaru.

Este 24 de Marzo, cientos de miles de argentinos y argentinas saldremos a reafirmar una lucha histórica, que hace 40 años empezaba a caminar en la ronda de las Madres que transformaron el dolor en coraje y el horror en esperanza.

La articulación corporativa político-judicial, con su pata nueva en la nefasta ex Secretaria de Inteligencia del Estado, hace saber a todo el país que interviene teléfonos y escucha a la principal líder y opositora Cristina Fernández de Kirchner.

La represión en su esfera “legal” avanza sobre quienes puedan resistir la ofensiva de las medidas de precarización y pérdida de derechos laborales. O golpea con fuerza a las comunidades mapuches en resistencia y en lucha por sus tierras ancestrales. A su vez, vemos crecer las acciones de violencia institucional de parte de las fuerzas de seguridad, y el gatillo fácil vuelve a cobrarse la vida de nuestros pibes en la Argentina.

Este 24 de Marzo, cientos de miles de argentinos y argentinas saldremos a las calles y plazas de todo el país, a reafirmar una lucha histórica, una lucha que hace 40 años empezaba a caminar en la ronda de las Madres que transformaron el dolor en coraje y el horror en esperanza. Una lucha que se hilvana con la de los 30.000 compañeros y compañeras, con la de los mártires de la resistencia obrera peronista. Estuvimos, estamos y estaremos en las calles y plazas de todo el país, para evitar que, como dijo Rodolfo Walsh, los dueños de todas las cosas intenten adueñarse también de la historia.

*Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos.