Por Horacio Rovelli

En economía se define como “matriz productiva” a cómo se organiza una sociedad para producir determinados bienes o servicios en un tiempo y precio determinado, cómo emplea los recursos que tiene a su disposición (o desarrollar los inexistentes) para generar procesos de producción que permitan el crecimiento y desarrollo, propendiendo a la generación de mayor valor agregado, la creación de riqueza y a la vez el bien común, la igualdad de oportunidades y el progreso.

Con el modelo de acumulación en base a la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) de la Argentina pos guerra (con un antecedente valioso en el Plan Pinedo tras la crisis económica de 1930) se logró crecer a una tasa del 3,4% anual promedio entre 1943 y 1974, se absorbía como trabajadores a la creciente población vegetativa y a las corrientes inmigratorias y se iba formando un tejido social e industrial importante. En 1974 la Argentina era el país del continente americano más integrado, donde menos diferencia había entre los más ricos y los más pobres. Se había generado una matriz productiva que había aprendido de sí misma y para 1970 se había comenzado a lograr compensar las importaciones industriales con la venta de casimires, caños sin costura, acero, aluminio y, en 1973, se obligó a las empresas automotrices radicadas en el país a vender vehículos y repuestos al mundo socialista.  Por lo que el modelo no solo no estaba agotado, sino que empezaba a fortalecerse en un salto cualitativo en la producción industrial.

El modelo ISI se propuso el reemplazo de bienes importados por bienes producidos localmente, con ello se dependía menos de la comercialización de los recursos naturales, para lo cual el Gobierno reducía impuestos y/u otorgaba financiamiento a actividades que agregan valor a los bienes primarios y, cobraba impuestos a la tierra y a conspicuas manifestaciones de riqueza.

El modelo de sustitución de importaciones implicaba trabajo y poder de los trabajadores y por eso su destrucción y reemplazo por un modelo extractivista, agropecuario y financiero exportador en la dictadura cívico - militar, en la que nuestra burguesía aceptó subordinarse a la economía mundial que exige una Argentina que produzca alimentos y materias primas e importe todo lo demás.

Para ello fue necesario endeudar al país, que esa plata la fugue la casta dominante enriqueciéndose y que, la deuda la pague el pueblo argentino, con ese fin, se debe forzadamente aceptar priorizar vender al extranjero por encima de la producción y su venta al mercado interno.

La deuda generada en la dictadura cívico militar

Los grandes grupos económicos que se beneficiaron con la toma de deuda  en la dictadura cívico-militar (Rocca-Techint, Eurnekian, Pérez Companc, Bulgheroni, Fortabat, Pagani, Magnetto, Macri, Madanes Quintanilla, Bagó, Blaquier-Ledesma, etc.), y el sector agroexportador, también ligado a los grupos referidos y a las empresas extranjeras, al igual que la banca acreedora (liderados por el FMI –Fondo Monetario Internacional), presionaron para que no se investigue la deuda heredada de la dictadura militar, que era de unos 43.600 millones de dólares, exigían el reconocimiento de toda la deuda y el pronto y mayor pago posible de los servicios de la misma.

Ante la insistencia de que el gobierno radical acepte toda la deuda externa, el 18 de febrero de 1985 el ministro de economía, Bernardo Grinspun, echó del ministerio a Joaquín Ferrán, representante del FMI en la Argentina, al día siguiente el Presidente Alfonsín le pidió la renuncia a Grinspun, el plan de legitimar la deuda externa y de acordar con los grupos económicos locales se ponía en marcha.

Pero la deuda externa era de tal magnitud y los intereses tan altos (rondaban el 16% anual en dólares) que se empleó todo el superávit comercial en el período 1985-1988 (8.530 Millones de dólares) y, sin embargo, la deuda externa pública creció a 63.200 millones de dólares. Más pagábamos y más debíamos.

La incapacidad de poder pagar la deuda externa hizo que el gobierno radical deba dejar de subsidiar a los grandes contratistas del Estado (disminución de la obra pública, limitación a las promociones industriales y otros tipos de promociones impositivas; desprotección arancelaria y cambiaria[1], etc.), para poder “honrar” la misma. Esto se traduce en una fuerte puja inflacionaria que desencadena la hiperinflación de 1989, con ello la toma de supermercados, actos de saqueos para mitigar el hambre y, la asunción anticipada de Carlos Menem en julio de ese año.

El menemismo con el pretexto de la crisis hizo aprobar las Leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica, que esbozaban un amplio plan de privatizaciones y dotaban al Ejecutivo de amplias facultades para racionalizar el gasto público.

Las privatizaciones crearon, al generar un flujo de ingresos de dólares presente, el marco para aplicar el Plan de Convertibilidad de nuestra moneda con el dólar, dado que fomentó el ingreso de capitales (acompañado por la fuerte extranjerización de la economía), lo que se revierte a posteriori por el giro de utilidades a su casa matrices, proceso que se desencadena la crisis del año 2001.

El Estado Nacional al absorber la deuda de las empresas dejó las mismas saneadas por un lado (a costa del aumento de la deuda pública) y, por otra parte, fue acompañado con los “planes de retiro voluntario”, jubilaciones anticipadas, despidos y cesantías, lo que ocasionó, por un lado, inmejorables condiciones para la obtención de renta de dichas empresas pero, por el otro, perfiló una importante regresión del ingreso, expulsando trabajadores a la desocupación y a la pobreza.

La implosión de la convertibilidad se explica por la constante y creciente fuga de capitales que en el año 2001 fue de 29.913 millones de dólares,  a lo que se sumó que esos mismos empresarios que se beneficiaron con la toma de deuda  en la dictadura cívico-militar, volvieron a contraer deuda en divisas en el mercado local y se le “pesificó” la misma, fijándole a un tipo de cambio de un peso un dólar,  pero la devaluación de nuestra moneda fue incontrolable, en el mercado paralelo y en Montevideo en abril del año 2002 se cambiaba el dólar a 4 –cuatro- pesos lo que impactó en el poder adquisitivo del salario y benefició a los deudores que, pagaron la cuarta parte de la misma o menos.

La historia vuelve a repetirse

En la década ganada se retoma la defensa del mercado interno, de la producción y el trabajo nacional, se resuelve la cesación de pagos canjeando los títulos de deuda por nuevos bonos indexados por la inflación y el índice de crecimiento económico (sustituyendo título en moneda extranjera por moneda nacional), que significaron una quita del 65% de la deuda, e implica una disminución de 61.350 millones de dólares sobre el capital, que se reduciría así a 20.450 millones de dólares. El 3 de enero de 2006 se abonó totalmente la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) concretando un pago anticipado de 9.530 millones de dólares con las reservas internacionales acumuladas básicamente por la exportación de soja

La administración de Cambiemos que asumió el gobierno nacional en diciembre de 2015 incrementó sideral y terminantemente la deuda externa. Las necesidades financieras del Tesoro Nacional dejaron de atenderse principalmente con fuentes domésticas y en pesos y, comenzaron a cubrirse a través de un proceso acelerado de endeudamiento externo.

El gobierno de Cambiemos incrementó la deuda externa en más de 100.000 millones de dólares y cuando el ministro Martín Guzmán le pregunta al empleado de Clarín, Marcelo Bonelli, a dónde se había ido esa deuda, la respuesta obvia: se fugó. Pasó a engrosar el capital que los ricos del país tienen en el exterior, sin embargo, la está pagando el pueblo argentino, por ahora los intereses, dado que el FMI a cada vencimiento de la cuota trimestral de capital del stand by concedido nos otorga un préstamo a 10 –diez- años, convirtiéndose en un crédito de facilidades extendidas y el primer pago de capital se hace en el año 2026. Y, a su vez, el canje de deuda  realizado con los “bonistas” (tenedores de títulos de deuda externa) el 31 de agosto de 2020, acuerda que se le abonen los intereses de la deuda, y el capital comienza a amortizarse en cuotas desde el segundo semestre de este año 2024.

El gobierno de Alberto Fernández que no investigó la deuda y acordó mejores plazos para su pago, financió el déficit fiscal heredado y agravado por la asistencia a la población por la pandemia del covid-19 (en este caso justificadamente), con la colocación de títulos de deuda en  pesos, en el mercado interno,  pero  ajustables por inflación o por dólar oficial o por las dos cosas (Bonos dual) por un monto total de   57,5 billones de pesos cuando se había heredado deudas en pesos por un monto mucho menor[2].  

Según el INDEC en el cuarto trimestre de 2023 el nivel de pobreza fue del 44,8% (16.650.000 personas, mayoritariamente niños y ancianos) y de indigencia del 13,8% de la población.

Una economía extractivista, agropecuaria, financiera exportadora

El camino elegido para pagar la deuda pública lo explica el embajador Marc Stanley, quien aseveró el 30 de agosto de 2022 en la Cena Anual del Centro de Estudios Americanos en la Argentina (CEA): "La Argentina puede abastecer de energía al mundo y alimentarlo para poder ayudar a recuperar y hacer crecer a su propia economía (...) El yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén tiene un potencial para atraer inversiones adicionales desde los Estados Unidos, generar más exportaciones para la Argentina, estabilizar su economía, y proveer aliados alrededor del mundo con muchas más fuentes de energía que tanto se necesitan."

Entonces el modelo es simple y lineal: que la Argentina toda se aboque a producir energía y alimentos para exportar y que, con esos ingresos, pague la deuda e importe lo demás.

Un modelo dependiente de los requerimientos y precios externos y es la razón por la que:

a) Frenan la creación de medios de pagos internos

b) Priorizan las ventas al exterior a como dé lugar

c) Fomentan la radicación de capital extranjero

d) Forzada disminución del gasto público

e) Internacionalizan los precios de los bienes y servicios

a) Frenan la creación de medios de pagos internos

La forma que encontraron para compensar la excesivamente baja monetización[3] de la economía argentina, es que los sectores que tienen atesorados dólares u otros activos financieros los vendan para mantener su nivel de vida y/o para financiar el gasto corriente de las empresas y/o el stock de mercaderías no vendidas.

No hay plata, porque el BCRA emite dinero cuando entran dólares[4], pero esos billetes y monedas que reciben los que vendieron dólares, los termina absorbiendo el Tesoro de la Nación colocando títulos públicos[5]. Esos títulos públicos que son en pesos y ajustables por inflación o por devaluación del dólar oficial o por los dos ajustes (bonos duales) absorben los pesos y, el Tesoro de la Nación (que colocó esos títulos) con esa plata le compra los dólares al BCRA. Y con esos dólares, el Tesoro de la Nación, paga los servicios de la deuda externa.

Esa es la razón por la que desciende el precio de todos los dólares paralelos, crece en torno al 5% mensual el precio del dólar oficial y, a su vez, sube el rendimiento de los títulos públicos y acciones del país en la Argentina y en los mercados de capitales del exterior.

Los datos del sistema financiero legal lo corroboran:

 

El Tesoro de la Nación no requiere financiamiento directo del BCRA (se financia colocando títulos públicos en pesos ajustables en el mercado local).

Pero al no emitir y el aumento generalizado de los precios (un 75% entre el 7 de diciembre 2023 y el 22 de marzo de 2024) disminuye los saldos monetarios reales, que se demuestra en que la Base Monetaria (Billetes y Monedas emitidos y puestos en circulación por el BCRA) crece solo en un 11,8% y el crédito al sector privado en un 17,4% en el período y, la inflación fue del 75%.

Javier Milei instó a que el Banco Central mantenga la emisión de pesos a su mínima expresión, y que sea un organismo testimonial, para que la monetización de la economía sea empleando los ahorros en dólares de la población.

La venta de los dólares “ahorrados” por la población se convierte en la principal fuente de financiamiento de las personas, de las empresas, y del sector público[6].

Pero para garantizar que esa conversión de dólares a pesos siga sucediendo, necesita que ingresen más dólares y para ello cuenta con las exportaciones de granos y sus derivados.

b) Priorizan las ventas al exterior a como dé lugar

Es el problema a resolver, por un lado, pueden liquidar las exportaciones el 80% por el tipo de cambio oficial ($900) y 20% por el Contado Con Liqui[7] ($ 1.085) pero, por otra parte, ese precio resultante no les resulta suficiente, de allí que por ejemplo los productores, acopiadores y comercializadores de soja y de maíz, no estarían vendiendo toda la posición. 

Aducen problemas climáticos por las altas temperaturas y las inundaciones, y en el caso del maíz, la plaga de la “chicharrita”[8], que hace que la Bolsa de Cereales de Rosario estime una merma importante en la cosecha 2024 que, habían calculado el año pasado en 57 millones de toneladas de maíz y ahora estiman, más cerca de 40  millones de toneladas  (17 millones de toneladas menos, por 180 dólares la tonelada que es la cotización en el mercado de Chicago, significan unos 3.000 millones de dólares menos de exportación).

La reunión que tuvo el Ministro Luis Caputo con los CEOS de los principales acopiadores y comercializadores de granos, a principio del mes de marzo 2024, no estaría dando los resultados esperados, pero tampoco es que no liquidan, máxime que cuentan con Viterra Argentina SA que es la principal empresa del rubro, y en la que tiene participación BlackRock, que es a su vez el principal cliente de “Anker Latinoamérica”, la consultora de Luis Caputo y Santiago Bausili

c) Fomentan la radicación de capital extranjero

Obviamente la falta de divisas de la cuenta comercial la van a tratar de compensar y con creces, con la venta de activos públicos, para lo cual necesitan una ley. Por ejemplo, el Banco de la Nación Argentina, en la que el CEO de BlackRock, Larry Fynk, se mostró sumamente interesado, razón por la cual el actual Directorio de esa entidad contrató al Estudio Jurídico Liendo & Asociados Abogados SH, para que se convierta en una sociedad por acciones y que, le hace decir a los funcionarios, que el paquete accionario vale por una cosecha entera.

También en el malogrado proyecto de ley ómnibus se crea el Régimen para Grandes Inversiones (RIGI) de 200 millones de dólares o más, ya sea nuevo o para la ampliación de un desarrollo existente, en sectores dinámicos de la economía, como hidrocarburos, minería, agroindustria, infraestructura, forestal, tecnología, etc.

Y de igual manera con la venta total o parcial de todas las empresas y activos públicos, incluido los recursos naturales, para que ingresen divisas al país.