El ojo ve sólo lo que la mente está preparada para comprender.
                                                                                -Henri Bergson.

Por Laura Taffetani*

En el año 2007, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó la ley 13.634, en la que se regula el procedimiento del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y también permite, en el caso de delitos graves, el encarcelamiento de niños inimputables bajo el eufemismo de “medidas de seguridad”, por lo que en la Provincia de Buenos Aires la punibilidad dentro de los niños menores de 16 años está legalmente permitida.

El informe de la Comisión Provincial por la Memoria de 2016, es decir a nueve años de la aplicación de la ley, dice al describir su implementación: “Así, el sistema penal juvenil fue asimilando prácticas y dispositivos del sistema padecido por los mayores: persecución, hostigamiento y torturas policiales; detenciones ilegales, alojamiento en comisarías en condiciones inhumanas; limitado acceso a la justicia, al debido proceso y una defensa técnica de calidad. El uso extorsivo del juicio abreviado, y el padecimiento en lugares de encierro que se han convertido en verdaderas cárceles”. En la práctica, la implementación implicó una mayor criminalización de los jóvenes aumentando la cantidad de detenidos, el encierro de niños y niñas cada vez a menor edad y el traslado a unidades penales de los jóvenes mayores de 18 años que se encuentran cumpliendo su condena en los centros de detención del Órgano Provincial de Niñez y Adolescencia.

Los aparatos represivos del Estado moderno, suelen materializarse a través de dos caminos desde donde administran el control social. Uno formal, supuestamente sometido a los “controles” legales establecidos por la normativa jurídica del Estado. El otro informal, que se mueve en las sombras y cuya sistematicidad e impunidad en el actuar, reflejan su inevitable pertenencia a las agencias del sistema. Esos circuitos, como todo mecanismo que goza de gran poder sin ningún tipo de salvaguarda para quienes lo sufren, constituyen una de las más crueles condenas: la de ser confinado a territorios de exclusión -fenómeno que varios autores llaman “carceles a cielo abierto”- y que son los mecanismos de control social que se desarrollan en los asentamientos y villas del conurbano, donde nuestros niños y niñas transitan sobreviviendo del modo que pueden -expuestos al hambre, la prostitución, el paco, la violencia horizontal, entre otros “castigos”-.

Esos territorios, no tienen otros gobiernos locales que una red de personas claves del barrio y que forman parte de fuerzas de seguridad, aparatos partidarios y de organizaciones criminales con la necesaria complicidad del poder judicial. En estos lugares, se vive y se muere de cualquier manera, pero esos cuerpos que nacen y crecen con el futuro amputado, no llenan las crónicas de los medios de comunicación y lo más doloroso es que estamos hablando de millones de niños, niñas y jóvenes que están viviendo en esa condición, no dos o tres como nos gusta a veces creer. Ellos y ellas, tienen cadena perpetua desde sus primeros pasos y no necesitan ley que les habilite rejas, ya nacen con ellas alrededor de su cuna. Infiernos que se montan frente a nuestras propias narices y que somos incapaces de ver.

De ser así entonces, si las cifras que han circulado en forma pública en cuanto la participación de menores de 16 años en hechos graves es ínfima y los mecanismos de control social del sistema penal se desarrollan fundamentalmente en el nivel informal, a salvo de nuestras conciencias cívicas: ¿por qué desata la discusión de bajar la edad de punibilidad?

Quizás no haya una sola respuesta a esta pregunta pero puedo decir con certeza, a lo largo de todos estos años en los que tantas veces hemos vivido los intentos de bajar la edad, que para invisibilizar la penalización cotidiana en los vastos territorios de muerte y desvastación de la exclusión, se hace necesario desviar nuestra mirada hacia el circuito penal formal y asegurar, de este modo, el correcto funcionamiento del Estado de Derecho del que gozamos los que tenemos suerte de estar incluidos.

Por eso, no hay mucho más que hablar del tema que no sea nuestra responsabilidad. Del desafío de salirnos de la agenda propuesta y hablar de lo que nadie quiere hablar: nuestro derecho soberano e irrenunciable a una vida digna, como lo han hecho miles de hombres y mujeres en nuestra corta historia de humanidad y que nos alumbran siempre el camino.   

*Abogada especialista, integrante de la Fundación Pelota de Trapo.