El pasado 28 de marzo, el Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por medio de la resolución 601/2017, postergó por otros 180 días la presentación de un Anteproyecto de Ley de unificación de las Leyes 26.522 y 27.078. Las dos leyes que fueron “democráticamente” anuladas por el Decreto de necesidad y urgencia 267, firmado por el presidente en diciembre de 2015. Diego de Charras, especialista en políticas de comunicación, director de esa carrera en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA además de un militante que forma parte del espacio de graduados y profesores “Construyendo Sociales, lista 10”, dialogó con Oveja Negra sobre la situación que atraviesa la comunicación.

¿Qué panorama se presenta para los trabajadores y los espacios comunitarios de comunicación?

Cada día que pasa es un día más donde el gobierno incumple el compromiso asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de abril de 2016, de presentar y discutir públicamente un proyecto de ley de comunicaciones convergentes. Pero a su vez, es un día más donde se violan los estándares internacionales con una autoridad fuertemente gubernamentalizada (el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM), donde se han limitado las representaciones sociales, sindicales, universitarias y federales, donde se desatienden los derechos de las audiencias y sobre todo donde se ha favorecido la concentración de los grandes medios y la persecución de los más chicos. En base a una multitud de decretos, el gobierno viene imponiendo medidas parciales que, no obstante, sirven para consolidar situaciones de hecho a favor de los negocios y en contra de la pluralidad y la diversidad.

Cada día se concentran más los medios…

Sí. Se autorizó la compra de Telecom S.A. a manos del socio de Clarín en Cablevisión, el mexicano David Martínez y su fondo Fintech, que en marzo pasado consolidó la propiedad del 100 % de la empresa de telecomunicaciones. Del mismo modo, se habilitó en 2015 la compra de Nextel a manos del propio Grupo Clarín. Esa operación que podía ser juzgada como menor (la empresa poseía sólo un 3% del mercado), tomó dimensión cuando se autorizó la redefinición del uso de frecuencias que la empresa adquirió a través de la compra de pequeñas compañías de internet y que le dieron la opción de brindar 4G. A esto, debe sumarse el cierre de los acuerdos para el final de lo que conocimos como Fútbol para Todos -la posibilidad de toda la población de acceder a los principales encuentros del deporte nacional de modo gratuito y abierto-. En esa cesión de derechos en exclusividad a Fox/Turner, apareció como actor central también el Grupo Clarín, que poseía la llave maestra de incluir en la oferta la desestimación de la demanda contra AFA de TSC, el concesionario hasta 2009, lo que marcó su imposición frente a ESPN y MediaPro. Por otro lado, la empresa comandada por Héctor Magnetto logró multiplicar por cinco su facturación de publicidad oficial, quedándose con casi el 20% del total de lo que el estado argentino gasta en anuncios.

En otras palabras, en un año y medio de gobierno macrista el Grupo Clarín obtuvo la eliminación de las regulaciones antimonopólicas de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la compra de Nextel, la compra mediada de Telecom, el control del fútbol, quedarse con la mayor parte de la publicidad oficial y poner uno de sus abogados como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Casi nada.

¿Qué sucede con las emisoras de radio de baja potencia?

La autoridad de aplicación lleva adelante una profusa política de clausura y decomiso de pequeñas emisoras. Tal es el caso de lo denunciado por la Coalición por una Comunicación Democrática que el 13 de marzo alertaba “sobre el proceder represivo y de amedrentamiento llevado adelante por el ENACOM -con auxilio de Gendarmería en algunos casos- a diversas radios de frecuencia modulada registradas en las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes”. En estos operativos, realizados durante el mes de febrero y los primeros días de marzo, a algunas emisoras se les decomisaron equipos y se las clausuró sin intimaciones previas. Tales hechos se agravan por acciones legales que suponen, en los hechos, un intento de criminalizar el ejercicio de la libre expresión.

Luego la situación se agravó mediante la Resolución 2064-E/2017 por la que se estableció un procedimiento sumarísimo para “disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa/y o decomiso según corresponda, de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, con el concurso del poder judicial y la fuerza pública, en caso de ser necesario”.

En esa misma línea días más tarde, desde Ucaya –Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de La Matanza- se repudiaban decomisos realizados el 25 de abril por el Ministerio de Comunicaciones a cargo de Oscar Aguad, a radios comunitarias del Oeste del conurbano bonaerense. En la denuncia se destaca “la inusitada violencia y arbitrariedad con que fueron realizadas las acciones a cargo de funcionarios del mencionado organismo contra las emisoras Radio M 104.1 de Virrey del Pino; y 87.7 FM Fórmula de Merlo”.

Lo que no puede discutirse acerca de las acciones de la gestión del gobierno nacional es que no exista una línea de coherencia, siempre en beneficio a los capitales concentrados y las grandes empresas y en desmedro de los que menos tienen.

*Nota publicada en la edición impresa n° 60 de Oveja Negra. Encontrá más notas aquí