Por Horacio Rovelli

Después de tantas experiencias históricas fracasadas, resulta claro que el principal problema que impide reducir la suba generalizada de los precios (inflación), mejorar la distribución del ingreso, las expectativas de los actores económicos, y sentar las bases de una mayor estabilidad macroeconómica, es la restricción externa[1].

Máxime en un contexto como el actual donde el grado de endeudamiento externo del sector público (Nación y Provincias) y del sector privado, implican un cronograma de vencimientos de capital e intereses que determinan la fuerte necesidad de divisas (agravado por la suba de la tasa de interés) que sobrepasa con creces las posibilidades de generación de saldos externos favorables, aun en aquellas previsiones optimistas que consideran los nuevos flujos positivos de ingresos que significa la puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner y su extensión y, las consecuentes exportaciones en Energía que ello traería aparejado, a la que se suma las exportaciones primarias con proyecciones considerablemente positivas

Restricción externa que se genera pese a obtener un superávit comercial acumulado 2020-2022 de 34.201 millones de dólares, y un resultado negativo en el primer semestre 2023 de 4.388 millones de dólares por menores ventas al exterior que se explican por la sequía, pero también por la retención de las exportaciones y la falta de liquidación (ingreso al país de las divisas) de parte de las realizadas.

Al finalizar el primer semestre del año 2023, las reservas internacionales brutas del BCRA ascendían a 27.926 millones de dólares, cuando eran de 44.848 millones de dólares el 10 de diciembre de 2019 (Las reservas internacionales del BCRA descendieron en ese lapso en 16.922 millones de dólares)

Paralelamente, la Secretaría de Finanzas de la Nación publica la deuda externa bruta al 30 de junio de 2023 en pesos y en moneda extranjera por el equivalente a 403.809 millones de dólares, cuando al 31 de diciembre de 2019 esa deuda ascendía a 323.065 millones (Un aumento de la deuda equivalente a 80.744 millones de dólares en 3 años y 6 meses).

De la deuda pública bruta total, 327.441 millones de dólares son en divisas (incluida la deuda con el FMI que el Informe de la Secretaría de Finanzas dice que, es en DEG, pero que en dólares es de 40.220 millones al 30 de junio 2023[2])  y en pesos (mayoritariamente en títulos ajustables por inflación y/o por devaluación del tipo de cambio oficial) son 76.368 millones de dólares.

La pregunta obligada es, si el superávit comercial del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2023 es de 29.813 millones de dólares, la disminución de las reservas internacionales del BCRA de 16.922 millones de dólares y, el aumento de la deuda pública bruta de la Administración Nacional de 80.744 millones de dólares en 3 años y 6 meses, la suma de estos tres componentes totaliza 127.479 millones de dólares. ¿A dónde se fueron?

Bien, una parte importante fue el pago de intereses de la deuda externa pública nacional y la disminución del capital adeudado con el FMI (de 44.599 millones de dólares prestados al gobierno de Cambiemos a 40.220 millones adeudados al 30 de junio 2023), que suman unos 27.000 millones de dólares. A ello se le debe sumar la venta de dólares al tipo de cambio oficial a las provincias para que paguen el capital e interés de su deuda externa (Unos 9.000 millones de dólares).

Otra parte fue por el pago de los servicios reales: Royalties o patentes; comunicaciones; fletes (sobre todo fletes en que no tenemos marina mercante de bandera nacional); seguros comerciales; turismo, viajes y transporte de pasajeros; etc. que de una suma de 24.000 millones de dólares.

El giro de utilidades y dividendos por las empresas extranjeras que operan en el país a sus casas matrices en el exterior, pese a las restricciones y limitaciones a las mismas por la administración nacional, superan los 6.000 millones de dólares en el período.

La formación de activos externos que según el Balance Cambiario del BCRA se contabiliza por 5.324 millones de dólares, de los cuales 9 de cada 10 dólares correspondieron al sector privado no financiero, y el resto por el sector financiero (bancos fundamentalmente).

El gobierno nacional tomó la decisión de venderle a precio oficial divisas de las reservas internacionales para pagar el capital y los intereses de la deuda privada (compromisos y obligaciones de pago de empresas privadas).

En su discurso del 27 de abril de 2023 en la ciudad de la Plata y al inaugurar la escuela justicialista Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner dijo textualmente: “Parte de las discusiones que tuvo el anterior ministro no fueron conmigo ni por mí. Fueron, precisamente, por esta situación del Banco Central que no intervenía no solamente acá sino en otras situaciones como, por ejemplo, sentarse sobre las reservas porque la otra cuestión es, no solamente intervenir en el mercado cambiario sino poder hacerlo porque el Banco Central tiene reservas. Miren que me golpearon, corrieron y no teníamos tampoco acceso a los mercados internacionales. Pero con las reservas, sentada sobre las reservas... Sí, sentada sobre las reservas, con la administración del tipo de cambio, con la regulación, pudimos sofocar corrida cambiaria”.

Prosiguió: “Pero una parte muy importante se fue en pago de la deuda privada de empresas privadas. No debió haber salido ese dinero o esos dólares. El argumento, no se puede hacer que las empresas privadas tengan default". ¿Ustedes creen, sinceramente, que una empresa argentina que obtiene un crédito en dólares en el exterior se lo dan en el exterior? O es un préstamo de las propias empresas o es un préstamo que está apalancado por fondos en el exterior. ¿Quién va a prestar miles de millones de dólares sino están apalancados en el exterior con una garantía? Lo que pasa es que después pagan con los dólares que deberían estar dedicados a la industria para sostener la actividad económica para pagar deuda. Claro que se podría haber evitado. Seguramente se habrían enojado algunos, pero, bueno... Este es el problema de querer gobernar y conformar a todos”.

Y eso fue lo que pasó, se le pagó con reservas internacionales la deuda (capital e interés) de empresas privadas.

También, en lo que la misma vicepresidenta de la Nación define como “el deporte preferido de los grandes empresarios del país, sacarle reservas internacionales al BCRA.”

En su discurso por los 100 años de YPF, la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner afirmó: “Tenemos también que comenzar a exigir porque quien provee los caños es una gran empresa multinacional de origen argentino y que la mayor parte de su capital la hizo aquí en Argentina a partir de la privatización de la siderurgia que también estaba en manos del Estado. Pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá, con línea de producción para hacerla acá. Muchachos: no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapa en Argentina, si han ganado fortunas en la Argentina”.

En síntesis, lo dólares que faltan son los que las grandes empresas, que fueron a su vez las que más compraron dólares durante el endeudamiento en la gestión de Cambiemos, detraen del BCRA al tipo de cambio oficial  ($62 por dólar el 10 de diciembre de 2019 y a $ 281,50 el 21 de julio de 2023) por diversos motivos y, el BCRA en claro incumplimiento del Artículo 3ero de su Carta Orgánica que le da como primer objetivo preservar el valor de la moneda, despilfarra sin control ni miramiento vendiéndole a esas grandes empresas las reservas internacionales y de esa manera deja sin respaldo al dinero nacional.

La solvencia del dinero propio se explica principalmente por las reservas internacionales en oro y divisas que el banco emisor (en la Argentina el BCRA) tiene.

El replanteo del acuerdo con el FMI

El gobierno de Alberto Fernández, sin investigar la deuda tomada por la gestión de Cambiemos, envió el proyecto que es la ley 27.612 de fortalecimiento de sostenibilidad de la deuda pública (B.O. del 3 de marzo de 2021) y que prosiguiera con la conversión del Stand By a tres años concedido a la administración anterior en un Préstamo de Facilidades Extendidas, que remitió al Congreso de la Nación el 4 de marzo de 2022 que fuera aprobado dos días después y convertido en la Ley 27.668, que autoriza al Poder Ejecutivo a firmar un nuevo acuerdo con el FMI para cancelar el stand by firmado con la misma entidad en el año 2018.

Por el nuevo acuerdo la Administración Nacional lograba que cada vencimiento de capital del stand by de Macri, se le conceda la refinanciación del mismo a 10 –diez- años, de esa manera el último vencimiento de septiembre de 2024, se paga en cuotas hasta septiembre de 2034.

Hasta el primer trimestre de 2023 se fue realizando tal lo acordado. Pero por la sequía y la falta de liquidación de las exportaciones de granos y sus derivados, el segundo trimestre 2023 no se pudo cumplir con el déficit fiscal previsto, esencialmente por los menores ingresos de los Derechos de Exportación (retenciones) y por el mayor gasto de capital que implicó la construcción y llenado de gas del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

Esto fue acompañado por la disminución de las reservas internacionales del BCRA por la política de venderles a tipo de cambio oficial a grandes deudores privados y, finalmente, el BCRA debió asistir al Tesoro de la Nación, con lo que no se cumplió con las metas fiscales, de reservas, y de emisión acordado.

Esa fue la razón por la que el FMI no refinanció la cuota de capital del 30 de junio de 2023 y la Administración Nacional debió juntar 2.700 millones de dólares para abonarla.

Lo hizo por un lado con el equivalente a 1.700 millones de dólares en DEG (Derechos Especiales de Giro) que era lo último que quedaba de lo que el mismo FMI le había prestado al gobierno de Cambiemos. Y, por otra parte, el gobierno de Alberto Fernández consiguió que la República Popular China le permitiera usar unos 1.000 millones de dólares en yuanes (la paridad es 7,25 yuanes por dólar), del swap que el país asiático le concede a la Argentina, cuya finalidad es para pagarle el déficit comercial a esa Nación[3]

La política de vaciamiento de las reservas internacionales del BCRA, hace que no se pueda afrontar el pago de los intereses de la deuda pública que vencen el 31 de julio 2023 por unos 2.600 millones de dólares (entre ellos 1.294 millones de dólares al mismo FMI).

La Argentina solicita “recalibrar” las metas del segundo trimestre 2023 y del resto del año, pero el FMI recita la misma sugerencia de siempre, que nuestro país “debe unificar el tipo de cambio, fortalecer las reservas, tener una política monetaria restrictiva y eliminar en forma gradual los controles de capitales”.

Que no es otra cosa que una brutal devaluación de nuestra moneda, para que el capital extranjero compre por la mitad lo que vale el doble y, a su vez, a la Administración Nacional se le hace cada vez más caro pagar la deuda porque debe dar más pesos (recauda en pesos) para comprar la misma cantidad de divisas para cumplir con las obligaciones externas.  

La situación a la que se arriba es de tal gravedad, que el ministro Sergio Massa prometió anunciar nuevas medidas económicas y postergó el anuncio. Los trascendidos periodísticos hablan de que se acordó, por un lado, un nuevo precio de dólar preferencial de $350 (el dólar oficial al día 21 de julio 2023 era de $281,50), lo que implica una devaluación del 24,34% para el agro, con su consiguiente encarecimiento de los alimentos en el mercado interno. Y de aplicar el Impuesto PAIS[4] a las importaciones de bienes y servicios excluido los alimentos y la energía.

Siempre toda devaluación, por más parcial o encubierta que parezca, va en detrimento del poder adquisitivo de los que perciben ingresos en pesos (asalariados, jubilados y pensionados, productores y comerciantes logados al mercado interno), en un país cuyo salario mínimo vital y móvil mensual para julio 2023 es de $ 105.000 y, a su vez, el INDEC determina que la Canasta Básica Total (para no caer en la pobreza) para una familia compuesta por cuatro miembros es de $ 232.427 para junio de 2023.

La Argentina es el país más barato de la región y lo que se busca es que lo sea aún más, para obligarnos a primarizarnos aún más y vender sin miramiento y control nuestros recursos naturales, sin contemplar el ambiente y la vida de la población.

No se puede acordar con el FMI sin antes investigar qué se hizo con el crédito concedido al gobierno de Cambiemos y, también que se audite la deuda real o ficticia de las empresas que detrajeron las divisas del BCRA que hoy son las que faltan.

[1] La restricción externa es un concepto de la ciencia económica que refiere a la imposibilidad de lograr un crecimiento consistente en una economía, por la dificultad para la obtención de divisas

[2] Con los organismos internacionales, la deuda asciende a 71.108 millones de dólares de los cuales 40.220 millones son con el FMI y 15.897 millones de dólares con el BID. La deuda original del FMI era de 44.599 millones de dólares, pero se amortizó capital por 2.701 millones de dólares el 30 de junio 2023. También se pagó capital e interés con los 4.350 millones de dólares asignados por el FMI durante 2021 con motivo de la ampliación de los Derechos Especiales de Giro para asistir a la población post pandemia del covid 19

[3] En el año 2022 el déficit comercial de la Argentina con China fue de 9.494 millones de dólares, por exportaciones por 8.022 millones de dólares e importaciones de 17.516 millones de dólares

[4] Ley 27.541que fija el impuesto PAIS del 30% para todas las operaciones que impliquen uso y adquisición de moneda extranjera