Por Silvina Romano y Aníbal García Fernández * 

América Latina “es una prioridad estratégica para Estados Unidos (EE. UU.)”. Eso aseguró Kimberly Breier, subsecretaria de Estado de EE. UU. para Asuntos Hemisféricos, en la Cumbre de la Concordia realizada en Bogotá a mediados de mayo (protagonizada por funcionarios, empresarios y miembros de fundaciones y ONG de EE. UU. y diferentes países de América Latina).[1] En efecto, a pesar de que en campaña electoral Donald Trump desdeñara abiertamente a la región, en su Gobierno ha hecho de América Latina un espacio “privilegiado” de su política exterior: se realizaron por lo menos  20  viajes de funcionarios estadounidenses de alto rango y se celebraron más de 30 reuniones entre funcionarios latinoamericanos y miembros del Gobierno-sector privado de EE. UU., abarcando temas e intereses que van más allá del conflicto con Venezuela.

Breier especificó que esta prioridad de América Latina implica un compromiso más profundo de los EE. UU., “una mayor inversión de empresas estadounidenses”. Aclaró que EE. UU. sigue siendo el principal socio comercial de más de dos tercios de los países del hemisferio, con inversiones que superan los mil millones de dólares. Pero lo que más interesa hoy al Gobierno-sector privado de EE. UU. es la inversión en infraestructura, rubro en disputa especialmente con China. Esto se hizo evidente cuando sentenció que “las empresas chinas deben actuar en igualdad de condiciones, observando las normas y respetando los estándares ambientales y laborales”.

La frase no es inocente. Por un lado supone, de algún modo, que las empresas de EE. UU. en América Latina sí respetan estos estándares –afirmación que difiere de la trayectoria de las transnacionales estadounidenses en la región desde finales de la Segunda Guerra Mundial.[2] Por otro lado, las críticas del Gobierno estadounidense coinciden con las denuncias de organismos internacionales, instituciones financieras internacionales y ONGs con respecto a la “poca transparencia”, los estándares “desconocidos” de la inversión china y el impacto ambiental (que no se ajustan del todo a las pautas de los organismos del capitalismo occidental).

Breier destacó el lanzamiento de la “Ley BUILD” en EE. UU. para modernizar las capacidades estadounidenses de financiamiento del desarrollo, por medio de la cual estarían dispuestos a aportar hasta 60.000 millones de dólares mediante la Corporación Internacional de Financiamiento para el Desarrollo, organismo creado en 2018 y que une los presupuestos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de OPIC. Es dirigido por el Consejo de Seguridad Nacional y la Oficina de Administración y Presupuesto de la USAID.[3]Entre sus objetivos está posicionarse en aquellos países donde la presencia comercial y financiera de China ha adquirido mayor presencia, como  Brasil,[4]Chile[5] y Perú.[6]

A su vez, el rubro clave para EE. UU. en materia de inversión en infraestructura es el energético, proponiendo la iniciativa “América Crece”, para destinar capital privado al desarrollo de energía e infraestructura en la región.

La USAID: de la “asistencia para el desarrollo” a la inversión

En la misma semana en la que Breier se paseó por algunos países de América del Sur, Mark Green, administrador de la USAID, se ocupó de estrechar vínculos con Colombia, Ecuador y los países del Caribe (no sólo en el marco de la guerra contra Venezuela, sino como parte de una buscada expansión de EE. UU. en las economías de la región). Claro que también asistió a la Reunión de la Concordia en Bogotá, junto con Breier.[7]

En Colombia, entre otros menesteres, Green anunció una expansión del Acuerdo Bilateral de Asistencia para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo con Colombia (donde la USAID aportaría 160 millones de dólares). Pero la novedad fue el retorno de USAID a Ecuador,[8] donde ser firmaron acuerdos para el cuidado del medioambiente, asistencia ante desastres naturales, programas de desarrollo económico, etc. También reafirmaron el apoyo incondicional de USAID para la lucha contra la corrupción, a favor de los derechos humanos, el fortalecimiento institucional y de la sociedad civil, repitiendo un esquema clásico de injerencia de esta institución en la definición de políticas en todos estos ámbitos.[9]

El otro destino clave de Green fue el Caribe, con la marca de “Caribe 2020”, definida como “una estrategia plurianual para incrementar la seguridad, prosperidad y bienestar de los pueblos estadounidenses y caribeños”. En efecto, la presencia económica, cultural (y política) de EE. UU. en el Caribe es significativa: en 2016, sus alianzas comerciales con esa región representaron un superávit comercial de 4.600 millones para EE. UU., 14 millones de visitas turísticas estadounidenses y 11.042 estudiantes caribeños cursando estudios en los EE. UU.[10]

Pero también en el Caribe los focos están puestos en la inversión en energía. El Gobierno de EE. UU. propone liderar las “reformas en el sector energético y los servicios públicos” para impulsar la inversión privada y las exportaciones estadounidenses de tecnología (es decir, expandir la economía de EE. UU.). Uno de los argumentos para convencer sobre este rol que debe asumir el país, es que las exportaciones de gas natural y el uso de tecnologías energéticas renovables estadounidenses son “alternativas más limpias y económicas al uso de petróleo pesado y asimismo reducirá la dependencia en Venezuela”[11] –frase nada inocente, que expone con claridad la disputa geopolítica y geoeconómica en curso.

Infraestructura: el sector clave de América Latina

EE. UU. (y China) sabe que América Latina es un espacio clave para las inversiones en infraestructura, y que dicho sector es uno de los ejes de la disputa geopolítica en este hemisferio (por momentos invisible, otras veces más explícita). Según la CEPAL, entre 2012 y 2020 los países de la región deberían destinar el 6,2% del PIB a infraestructura para cubrir diferentes tipos de de necesidades. Sin embargo, la suma destinada es, a duras penas, del 3%. Los análisis de escenarios para inversiones privadas celebran que con la llegada de gobiernos de derecha y el cambio en los marcos legales para inversión en infraestructura, mejoraría el escenario para atraer inversiones privadas en el rubro.[12]

Se proyecta que el gasto en infraestructura alcanzará en 2020, aproximadamente, los 176 mil millones de dólares, con un total de 1.711 proyectos a gran escala, con un valor combinado de 829 mil millones de dólares[13] (incluyendo proyectos anunciados y a ejecutarse en Brasil, Chile, México y Perú).[14]

El sector al que se dirige la mayor inversión en infraestructura es el de electricidad y energía, con proyectos que implican aproximadamente 382 mil millones de dólares.[15] Debe recordarse que este es, precisamente, el “nicho” en el que busca liderar EE. UU., como se expuso más arriba.

¿Quiénes lideran la inversión en infraestructura? ¿De dónde provienen los capitales?

En la última década, la mayor parte del capital privado para infraestructura en América Latina provino de los bancos. El principal capital fue puesto a disposición por el Banco Santander, como principal prestamista en proyectos de infraestructura en la región, contribuyendo con más de 12 mil millones de dólares entre 2013 y 2017. El principal accionista de Santander, es BlackRock (ver recuadro). Otro inversor importante es BBVA (que cubrió préstamos por casi 2 mil millones de dólares entre 2013 y 2017), cuyo principal accionista es también BlackRock.[16]

Aunque distante al monto auspiciado por Santander, la presencia de bancos asiáticos también va en aumento (préstamos para inversión en infraestructura de 8 mil millones, entre 2013 y 2017.[17]

BlackRock es una empresa transnacional estadounidense dedicada a la administración de los fondos de inversión. Los activos de la empresa rondaron los 6,52 mil millones de dólares y tiene presencia en 30 países. Entre sus directivos encontramos a Laurence Fink, que forma parte del Council on Foreign Relations; Murry S. Gerber, quien tiene conexiones con Halliburton y la United States Steel Company; Jessica Einhorn, con amplia trayectoria en el Estado y Organismos Internacionales: el FMI, la USAID, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado.[18]

Por último, pero no menos importante, es que probablemente tanto el avance de EE. UU. como el del capital chino en infraestructura se haya profundizado gracias a la debacle de translatinas como Odebrecht, que luego del “mega escándalo de corrupción” dejó inconclusos varios proyectos de infraestructura en numerosos países de la región, e incluso en EE. UU. En este escenario, parece clave indagar en los contratistas que quedaron a cargo de dichos proyectos.

EE. UU. vs. China: actualidad y proyección

La mayoría de las publicaciones especializadas y las notas de prensa sobre la inversión China en América Latina dejan entrever que ya es el principal inversor, que se está apropiando de los mercados y de los recursos, etc. Y es que el incremento de la presencia china en América Latina es un dato incontrastable. Sin embargo, en lo expuesto hasta aquí, vemos que EE. UU. sigue siendo el principal socio comercial de la gran mayoría de los países de América Latina, y ha tomado nota de la competencia china en inversión en infraestructura. Vale destacar que EE. UU. tiene aceitados mecanismos institucionales y políticos, así como vínculos culturales, que le brindan ciertas ventajas comparativas en esta disputa por mercados y recursos. De este modo, así como se considera el interés de China en América Latina, es importante no desconocer que en este hemisferio predominan capitales e intereses “occidentales”, que vienen impulsando prácticas y dinámicas que contribuyeron a la primarización de las economías, a la adopción del patrón maquilador y la profundización de la dependencia política y económica.

[1]https://translations.state.gov/2019/05/13/discurso-sobre-una-nueva-era-en-las-americas-durante-la-cumbre-concordia-americas-2019/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

[2] Petars, James y Veltmeyer, Henry (2007) Juicio a las multinacionales. Inversión extranjera e imperialismo. México: Lumen.

[3]https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/oct-3-2018-administrator-green-statement-creation-usidfc

[4]http://agenciabrasil.ebc.com.br/es/economia/noticia/2019-01/china-se-mantiene-destino-principal-de-exportaciones-brasilenas

[5]http://www.sice.oas.org/ctyindex/CHL/DIRECON_01_03_2018_s.pdf

[6]https://rpp.pe/economia/economia/intercambio-comercial-entre-el-peru-y-china-aumento-14-en-el-2018-noticia-1197063

[7]https://translations.state.gov/2019/05/14/visita-del-administrador-de-usaid-mark-green-a-bogota-colombia/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

[8]https://actualidad.rt.com/actualidad/314928-usaid-regresar-ecuador-coopeeracion-internacional-eeuu.

[9]https://www.eluniverso.com/noticias/2019/05/15/nota/7331246/ocho-objetivos-tematicos-tiene-usaid-cooperacion-ecuador. Ejemplo sobre incidencia USAID en definición de políticas, ver: Tellería, Loretta y González, Reina (2015) Hegemonía territorial fallida. Estrategias de control y dominación de Estados Unidos en Bolivia: 1985-2012. La Paz, Bolivia: Centro de Investigaciones Sociales, Vicepresidencia del  Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia

[10]https://www.state.gov/wp-content/uploads/2018/12/U.S.-Strategy-for-Engagement-in-the-Caribbean-Spanish.pdf

[11]https://www.state.gov/wp-content/uploads/2018/12/U.S.-Strategy-for-Engagement-in-the-Caribbean-Spanish.pdf

[12]https://www.financierworldwide.com/latin-america-infrastructure-outlook-for-2018#.XOLrRchKjIU

[13]https://www.apnews.com/Business%20Wire/8331b0e7f7e44b1b967ba3d145363002

[14] El país con mayores inversiones en infraestructura es Brasil, con un total de  421 proyectos valuados en 241 mil millones de dólares. Le sigue Chile con 309 proyectos que implican 117 mil millones; Perú, con 230 proyectos que implican  83 mil millones y México con 209 proyectos que implican 98 mil millones (ibid).

[15]https://www.apnews.com/Business%20Wire/8331b0e7f7e44b1b967ba3d145363002

[16]“Overview of infraestructura investment in Latin America”, Marsh y Mc Lennan-Inter American Development Bank, 2018.

[17]Ibid.

[18]http://ir.blackrock.com/board-of-directors

* Silvina Romano es  investigadora del Consejo Nacional en Investigaciones Técnicas y Científicas (CONICET) en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires (IEALC-UBA). Aníbal García Fernández es magíster y licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ambos integrantes del CELAG