Por Patricio Falabella

Luego de cuatro años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), la reorganización de la violencia amenaza la edificación de una Paz estable y duradera. Mientras el gobierno de ultra derecha de Iván Duque habla de “Paz con legalidad”, se asesinan líderes sociales y ex combatientes firmantes de la paz, las masacres son incesantes, y las comunidades campesinas y afrocolombianas están a merced del narcoparamilitarismo.

“La Paz no es ausencia de guerra, es una virtud, un estado de la mente,

una disposición a la benevolencia, la confianza y la justicia”.

Baruch Spinoza (1632-1677)

Después de cuatro años de la firma histórica del Acuerdo de Paz entre el Estado de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), el restablecimiento de la violencia a manos de fuerzas policiales y militares con el aumento de bandas narcos-paramilitares, se ha vuelto una amenaza real para la edificación de una “Paz estable y duradera”. A la rémora del actual gobierno de ultra derecha de Iván Duque en el cumplimiento de lo acordado sobre el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, la acompañan incesantes masacres y violaciones a los Derechos Humanos que sufren campesinos, dirigentes sociales, y ex combatientes firmantes de la paz.

La confrontación armada entre la FARC-EP y el Estado Colombiano estuvo activa por más de 50 años. Nuevos factores se han incorporado al conflicto a lo largo de estos años, agudizando los problemas estructurales que dieron origen a la lucha armada. Los procesos de diálogos durante las últimas dos décadas del siglo pasado, que intentaron poner fin al conflicto, involucraron a diferentes presidentes, tales como Belisario Betancur, César Gaviria y Andrés Pastrana. Todas estas negociaciones fracasaron y aumentaron la desconfianza, tanto como para las partes en conflicto, como para el resto de la sociedad, imposibilitando la necesaria transformación democrática, política, económica y cultural que el país necesitaba como prerrequisito para generar diálogo alguno que promueva una paz justa, estable y duradera. A diferencia de estos erráticos intentos, el inesperado proceso de diálogo, que se reabrió y se desarrolló durante las presidencias de Juan Manuel Santos (2010-2018) arribó a la firma de un Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la FARC-EP.

De La Habana al Colón de Bogotá

Luego del intenso trabajo en la capital cubana, el 24 de noviembre de 2016 se firmó en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá el esperado Acuerdo de Paz. El compromiso laborioso entre las partes y la cooperación internacionalⁱ en el proceso, nutrieron de legitimidad a dichos Acuerdos. El plebiscito de octubre de ese mismo año debía refrendar mediante la voluntad popular los acuerdos firmados en Cartagena. Ante el sorpresivo triunfo en las urnas del “No a los Acuerdos”, obligó a las partes a una renegociación exprés que les permitió cruzar el camino hacia la Paz en luz amarilla.

Esta irrupción de los “señores de la guerra”, representados en la figura ex Presidente Álvaro Uribe Vélez –actualmente investigado por crímenes de lesa humanidad-, sembró una gélida incertidumbre sobre la legitimidad de origen y la estabilidad necesaria de los Acuerdos para lograr una implementación integral de los mismos.

Desafíos Estructurales y Reorganización de la Violencia

En la implementación de los Acuerdos existen avances parciales, y persisten obstáculos estructurales que conforman un cuello de botella y amenazan los esfuerzos de un país para lograr una paz estable y duradera: la persistencia en el ejercicio de una soberanía territorial limitada –es decir, la soberanía del país está legalmente conformada, pero el Estado no ejerce el control absoluto de la totalidad del territorio-, la estructura latifundista de la propiedad de la tierra, y la apelación a la violencia como recurso de acción y reacción política han forjado la realidad sociopolítica y cultural de Colombia. Como sostiene Waldo Ansaldi, “esta forma oligárquica en el ejercicio de dominación tiene una aún más larga duración, persistente hasta hoy, aunque reformulada por el entrelazamiento entre política y narcotráfico.” (626, 2012, Ansaldi, Giordano).

Estos elementos, que fueron anquilosando la coexistencia de una legalidad de derecho con otra paralela, son los principales factores que amparan las desigualdades, aumentan la conflictividad y resistencia en las regiones rurales, exacerban la violencia endémica que propagan los grupos criminales, y obstruyen deliberadamente por acción y omisión del gobierno el cuello de botella para concluir con la implementación de los Acuerdos de Paz.

Mientras los grupos criminales reorganizan la violencia, el gobierno se desentiende de los problemas estructurales del país (establecidos en dichos los acuerdos) y responde de manera mono-causal sobre la emergencia de sus efectos. La creciente militarización impulsada por el Estado en las regiones más desprotegidas de salud, educación, trabajo, seguridad ciudadana, etc. son un agravante que crece en paralelo con los asesinatos, masacres y desplazamientosⁱⁱ forzados de la población civil.

En este contexto, es menester que el gobierno se ajuste al cumplimiento en la implementación de los Acuerdos de Paz, y desarrolle políticas públicas integrales que resuelvan la inequitativa distribución de la renta en las regiones rurales, la sustitución gradual de cultivos de uso ilícito y que se garantice la participación política efectivaⁱⁱⁱ.

El Estigma de la Violencia Recurrente

Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, durante el año pasado se registraron 66 masacres donde 255 personas fueron asesinadas en 18 departamentos del país. También se registraron 120 asesinatos de defensores de Derechos Humanos, y desde la firma de los Acuerdos fueron asesinados 244 ex combatientes firmantes de la Paz (hoy ya son 258^iv). Solo en lo que va de este año el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (IDEPAZ) contabilizó 12 masacres con un lamentable saldo de 42 personas muertas, además del asesinato de 22 defensores de Derechos Humanos y 9 ex combatientes en proceso de dejación de armas y reinserción. Estos sucesos tristes y traumáticos continúan peligrosamente en aumento. Las regiones más afectadas son los Departamentos de Cauca, Antioquia y el Valle del Cauca, donde comunidades indígenas, líderes sociales y afrocolombianos sobreviven bajo la sombra del terror y lo que menos se pueden respirar es paz.

En este y otro aspecto, el gobierno de Iván Duque se comporta de manera irresponsable, abandonando por completo los deberes fundamentales del Estado colombiano e incumpliendo con el Acuerdo de Paz, que demanda el desmantelamiento de las organizaciones paramilitares, que rápidamente están siendo reemplazadas por distintas organizaciones criminales y el narcoparamilitarismo.

La violencia latente forma parte de la sensibilidad de una sociedad traumatizada por el terror. La propensión a naturalizar la violencia es uno de los trastornos políticos, sociales y culturales pendientes a resolver. La violencia, el terror y el sadismo están arraigados en la desgarradora historia de los últimos 50 años de Colombia. Eric Hobsbawm lo describe con exactitud estudiando la anatomía del periodo histórico denominado “la Violencia^v” a falta de un término mejor, como nos sugiere el historiador. “Puede sugerirse que por razones peculiares a la historia de Colombia, la violencia latente fue alimentada para emerger plenamente en el curso de una agria guerra civil, que a su vez reflejó la crisis económica, social y política del país” (92, 2018, Hobsbawm).

¿Paz con Legalidad o Paz Aparente?

Sin referencias precisas y con una retórica altisonante, el Presidente Iván Duque ha expresado su deseo de confirmar la “paz con legalidad”. Esta peligrosa reinterpretación arbitraria de los Acuerdos de Paz solo sirve para justificar el retorno de una política de mano dura que militariza el cumplimiento de los mismos.

La inactividad parlamentaria para conformar políticas públicas integrales que complementen y activen la implementación de dichos Acuerdos va en el mismo sentido que marcha la mencionada militarización. Esta tergiversación de los Acuerdos, denominada “Paz con legalidad”, instituye una “Paz aparente” que incumple con los Acuerdos de Paz y habilita la reorganización del crimen y la violencia.

La paz no es ausencia de guerra como se utiliza en su acepción más común, tampoco es el mero fin de un conflicto jurídicamente regulado, ni tampoco un bien absoluto por sí mismo, la paz debería asumirse como un valor en sí mismo y un medio para lograr la justicia social, la libertad y el bienestar común. Como siempre se supo y se reiteró hasta el cansancio, la firma de un acuerdo por sí sola no garantiza nada, el cumplimiento de las partes para implementar los acuerdos de paz y garantizar una paz estable y duradera, dependen del compromiso fundamental del Estado y la voluntad política del gobierno para generar las trasformaciones democráticas, económicas, políticas y culturales que el país necesita para superar de una vez por todas las dificultades estructurales que dieron origen al conflicto armado y hoy persisten en un cuello de botella que obstruye, desacelera y complejiza la implementación de los Acuerdos de Paz.

En esta misma sintonía, el reciente gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Duque auspician públicamente la cínica conformación de grupos de elite de combate que solo exacerbaran la violencia. Mientras tanto, la comunidad internacional hace poco y nada para detener las violaciones a los Derechos Humanos y evitar que los “señores de la guerra” tomen el control y Colombia quede al borde de un abismo aún mayor de su trágica historia.

i^ Cuatro países se involucraron en forma directa en el proceso de Paz, Cuba y Noruega como garantes y Venezuela y Chile como acompañantes.

ii^ Denuncias de las comunidades por el desplazamiento forzado en el Departamento del Chocó.

iii^ Es importante remarcar que Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue en actividad.

iv^ Ultimo corte con fecha del 15 de febrero 2021, Fuente: INDEPAZ.

v^ Nombre con el que se conoce el periodo histórico que comprende a partir del asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán 9 de abril de 1948 hasta 1964.