Por CELAG

En la Bolivia nacida al calor del golpe de Estado, por los opacos mecanismos que caracterizan a todo gobierno autoritario, se anunció y puso en marcha una medida que afectará enormemente el bienestar de los ciudadanos y, también, el de los sectores económicos de la avicultura y la ganadería, que en años anteriores crecieron vigorosamente impulsando un incremento en el consumo per cápita[1] de leche y carne de pollo. El Gobierno de Áñez, desde sus primeros días recibió fuertes presiones para cumplir compromisos con el grupo de agroindustriales y traders exportadores de soya, que le brindaron un apoyo crucial antes, durante y después del golpe de Estado.

El pago a estos favores consistió en establecer una liberalización plena de las exportaciones de alimentos y, en particular, de la soya como exportación no tradicional. Se trata del desmonte de los mecanismos de negociación y determinación del sistema de precios justos. Estos precios cumplían dos propósitos: primero, garantizar un ingreso mínimo a los agricultores, defendiéndolos del poder de monopsonio de 15 empresas agroindustriales que realizan el procesamiento de soya y de los grandes traders exportadores del grano. Segundo, determinar un precio justo para que la harina y la cascarilla de soya sirvieran como insumos y continuaran prosperando los sectores agropecuarios e industriales de la avicultura, la lechería, que las utilizan como insumo aguas abajo en la cadena productiva.

El mecanismo implantado desde 2008 por el Gobierno de Evo Morales fue perfeccionado en su procedimiento por más de 10 años y se puso en marcha a través de la implantación de un “certificado de abastecimiento interno a precio justo”, el cual era entregado a todas las industrias exportadoras y las habilitaba a vender al exterior un determinado volumen, una vez que el Estado verificara que hubieran abastecido al mercado interno una cuota obligatoria de su producción al “precio justo”.

Desde entonces, el empresariado agroindustrial de Santa Cruz, a través de sus gremios (principalmente el rubro de la soya y el azúcar) solicitaron reiteradamente al Gobierno del MAS una flexibilización mayor o, incluso, la liberalización plena de las exportaciones.

En ese marco, una de las primeras medidas económicas que anunció el Gobierno de Áñez la misma semana de inicio de su mandato en noviembre de 2019, fue la liberación de las exportaciones de productos agrícolas. Luego de ese primer anuncio, el Gobierno tuvo que postergar varias veces la medida debido a las protestas de los gremios de avicultores, las agroindustrias de pollo y de algunas federaciones de productores de leche.

Tres meses después, el 14 de enero, se anunció un acuerdo entre todos los sectores involucrados -en el que participaba la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (CANIOB)- y se afirmó que “El sector soyero calcula que espera recuperar los USD 1.000 millones en exportaciones a partir de la liberación”[2]. En los medios de prensa consta la disidencia del gremio de los avicultores e industrias avícolas que mostraron su preocupación por el incremento del precio de la harina de soya, que es un insumo para la producción del pollo.

Con esa medida de liberación de exportaciones se afecta el futuro de unos 11 mil pequeños y medianos agricultores de soya, unos 8 mil avicultores y la mayor parte de los productores de ganadería lechera. Se suman a los anteriores los perjudicados de siempre: los 11.5 millones de ciudadanos que recibirán los coletazos del incremento de precios en las carnes y lácteos que consumen a diario.

Es difícil estimar el impacto sobre los precios internos, que pasarán a depender de la capacidad de colusión del monopolio del sector y sus exigencias de rentabilidad. Los insumos de la industria avícola-ganadera, que produce carnes y lácteos – ingredientes esenciales de la canasta alimentaria boliviana- serán los más afectados. De todos modos, se espera que el impacto pleno sobre los precios de los insumos recién se observe a partir de 2021 -una vez que se haya naturalizado el nuevo esquema- y podría llegar hasta un 47%.

En Bolivia, la producción promedio de soya de los últimos 5 años es de 2.781.056 toneladas, y la proyección de producción de grano para el año agrícola 2019-2020 es de 2.924.100 toneladas. De este total se deben restar 80.000 toneladas destinadas a la producción de soya integral, 140.000 destinadas a semillas y 120.000 que se podrían exportar. Así, aproximadamente quedan 2.584.100 toneladas que se destinarán a la industrialización de aceite, harinas y cascarilla este año.

Teniendo en cuenta el precio promedio pagado a los agricultores (USD 240 la tonelada) y tomando en cuenta que el costo de industrialización en promedio es de 50% del precio del grano, se tiene un costo de USD 349 por tonelada o USD 930.276.000 por la producción total.

La agroindustria exportó un 78% de la producción de harina solvente (según los datos de volumen de exportaciones solicitadas y autorizadas), un 79% del aceite (tomando en cuenta que por lo menos unas 105.000 toneladas se venden en el mercado interno) y toda la cascarilla de soya se comercializó en el mercado interno. En esas condiciones, la agroindustria soyera obtuvo un 12% de utilidades en su actividad.

Una vez promulgado el Decreto Supremo 4.139 del 22 de enero de 2020, con el que se liberan plenamente las exportaciones de todos los subproductos de la soya, hemos supuesto dos escenarios que sirven de base para hacer ejercicios de proyecciones de rentabilidad del sector en contraste con la situación preexistente, vigente hasta la liberalización. El primer escenario supone la liberalización de las exportaciones, que implica un aumento de las exportaciones del 33% y una reducción del 2% del precio sostén que reciben los agricultores. El segundo escenario supone un incremento del 66% de las exportaciones y una reducción del 6% del precio sostén que reciben los agricultores.

Con esos datos, las utilidades adicionales previstas para las agroindustrias de la soya de Santa Cruz, gracias a la liberación de exportaciones del gobierno de Áñez (Decreto Supremo 4139), pueden oscilar entre 130 y 180 millones de dólares anuales. Una cifra nada despreciable que representa entre 0.34% y 0.45% del PIB, una cifra que representa aproximadamente la mitad de los fondos europeos de ayuda al desarrollo que recibió España durante los primeros años de creación de la Unión Europea.

En cambio, los pequeños productores soyeros verán reducido sus ingresos por tonelada, profundizando la caída que se produjo tras el golpe que dieron lugar a una disminución del precio recibido por el grano del 2%, hasta alcanzar en promedio 235 USD por tonelada.

Los avicultores verán incrementado el precio de la harina solvente mientras que los ganaderos comprarán cascarilla de soya también más cara, lo que redundará, a mediano plazo, en el incremento del precio de carnes vacunas, el pollo y de la leche cruda que paulatinamente se trasladará a los consumidores.

De continuar la liberalización, en los próximos 10 años las nuevas utilidades de las agroindustrias con libre exportación se ubicarán entre 1.300 y 1.800 millones de dólares que se distribuirán entre 15 empresas agroindustriales[3]. Este monto significa entre el 3,5% y 4,5% del PIB de 2019.

Este beneficio para los intereses monopólicos soyeros irá en desmedro de los otros sectores que en los últimos años, con mucho esfuerzo, lograron mejorar sus industrias y el consumo alimenticio de los bolivianos. Cuando los nubarrones del golpe comienzan a despejarse, ya se pueden entrever las consecuencias económicas del golpe de Estado al Gobierno popular: no apuntan a salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, sino los intereses de sus detractores.

[1] El consumo per cápita de carne de pollo en Bolivia subió de 37 a 43 kilos al año entre 2017 y 2019. En dos años, Bolivia ha trepado del quinto al segundo lugar en el consumo per cápita de carne de pollo en América Latina, de acuerdo con el último reporte de la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA). El consumo per cápita de leche subió de 39 litros por año en 2011 a 63 litros por año en 2019 según datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia.

[2]El Deber / 14 de enero de 2020 “El Gobierno y empresarios acuerdan liberación plena de exportaciones agrícolas”.

[3] Son 15 industrias privadas (6 grandes, 5 medianas y 4 pequeñas). Estas 15 empresas beneficiadas son propiedad de tan sólo 9 familias cruceñas entre las que se encuentra la de Branko Marincovic quien, luego del golpe de Estado y protegido por el Gobierno de Áñez, retornó a Bolivia para retomar su actividad política. El resto de empresas son propiedad de firmas extranjeras provenientes de Perú, Colombia, EE. UU. y la colonia japonesa en Bolivia.