Por Nadia García 

Su historia podría ser la de tantas mujeres en la Argentina y en el mundo que, con una promesa de mejor porvenir, viajó a una provincia que no era la suya, siendo aún menor, para terminar encadenada con los grilletes de una red de trata de personas. Trata de mujeres. Privadas de su libertad para ejercer forzosamente la prostitución y enriquecer a terceros que actúan bajo protección policial y de los estados provinciales.

La retención que ejercen los proxenetas sobre las mujeres, no siempre configura un secuestro en los términos definidos por la rigidez legal a través de la que estamos acostumbrados y acostumbradas a analizar en estos casos. La privación de la libertad tiene que ver, en muchos casos, con la pobreza feminizada, con el cercenamiento de los vínculos sociales, y con generar una dependencia económica que no permita costear más que la mínima subsistencia. Ese terreno gris que alberga el presunto libre albedrío, combinado con la falta absoluta de oportunidades, rondaron este caso intentando convertirse en la punta de lanza de la misma impunidad con la que miles de tratantes logran evadir la justicia, día a día.

Por fortuna el destino no fue inexorable para Alika, y hoy su historia recorre los medios a través de una sentencia con un peso simbólico insoslayable.

No obstante lo cual, las damnificadas tuvieron la oportunidad de dar testimonio de la violencia a la que eran sometidas, elemento no menor que, sin duda, da cuenta de la subjetividad que tuvo que formarse en la mente de los magistrados, a la hora de dictar sentencia condenatoria. De hecho, fue necesario acreditar la captación, el traslado, la recepción, el acogimiento y la explotación sexual de las víctimas. Nociones que no suelen ser tan estrictas como la ley es capaz de definirlas, y los jueces, de entenderlas. Lo que parecería ser el elemento definitorio para determinar si se está ante un caso de trata, es la presencia de terceros que obtienen ganancias mediante la explotación del cuerpo ajeno. La posibilidad de avanzar sobre este concepto podrá ser la clave del desmantelamiento de las redes de trata que aún obran en las sombras, y a plena luz, en nuestro país.

Por fortuna el destino no fue inexorable para Alika, y hoy su historia recorre los medios a través de una sentencia con un peso simbólico insoslayable. Después de que en el año 2012 fuese rescatada del cabaret Sheik junto a un puñado de mujeres, en el marco de un operativo contra la trata, se transformó en una militante incansable de la búsqueda de justicia.

El pasado 30 de noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego sentenció a Pedro Montoya a siete años de prisión en suspenso por el delito de trata, y a dos de sus colaboradoras a tres años en suspenso por ser “partícipes necesarias”. Penas que no superan el tiempo que Alika transcurrió dentro del prostíbulo. Asimismo, también se reconoció la responsabilidad de la Municipalidad de Ushuaia, obligándola a pagar una indemnización de 780 mil pesos, menos de la mitad de lo que había reclamado civilmente la accionante. Las condenas parecen empequeñecer ante los perjuicios sufridos y relatados por las mujeres que tomaron parte activa en el proceso. Y ante tantas que aún siguen presas de esas redes, y otras que aún no pudieron romper el silencio. O no han vivido para contarlo.

Éste es un primer paso, entre tantos primeros pasos que venimos dando las mujeres para abrirnos camino en una sociedad adversa.

Más aún si se tiene en cuenta que la persecución y prevención del delito de trata, así como el acompañamiento de sus víctimas, es un compromiso internacionalmente asumido por el Estado argentino, y cristalizado en la normativa interna a partir del año 2008, con fuerte jerarquía doctrinaria en el campo de los derechos humanos.

Pero la comprensión del carácter histórico de esta sentencia no está arraigado a un optimismo irreflexivo, sino que, por el contrario, radica en la concepción de que éste es un primer paso, entre tantos primeros pasos que venimos dando las mujeres para abrirnos camino en una sociedad adversa, donde el poder judicial funciona,  principalmente, como la garantía legal del sistema patriarcal.