Por Diego Algañaraz

Instigación al tumulto y a cometer delitos. Eso es lo que ve la derecha cuando organizaciones sociales hacen uso del derecho inalienable a la libertad de expresión, reconocido en la Constitución y en los Tratados Internacionales. Ese es el derecho que ejercía Milagro Sala cuando convoco a un acampe pacifico frente a la gobernación de Jujuy en diciembre de 2015. El ejercicio de un derecho la llevo a prisión en enero de 2016.

La decisión no solo fue manifiestamente ilícita, sino que ni siquiera puede decirse que fuera estrictamente judicial.

La decisión no solo fue manifiestamente ilícita, sino que ni siquiera puede decirse que fuera estrictamente judicial. Es que la voluntad actuante y oculta detrás de la justicia jujeña, no era otra que la del por entonces recientemente electo, gobernador Gerardo Morales. La arbitrariedad de la detención era tan evidente, que inmediatamente y por orden del Ejecutivo, se activo una obscena maquinaria político judicial con el objetivo de mantener encerrada a Milagro, ya no por la absurda figura penal de tumulto e instigación, sino en el marco de una investigación por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, extorsión y  defraudación a la administración publica. El resultado de esta ruptura total de la institucionalidad y la legalidad, fue la excarcelación de Milagro Sala el día 29 de enero de 2016, y su detención en el mismo día en el marco de la segunda  causa mencionada.

¿Cómo fue posible semejante manipulación del aparato judicial? La respuesta está en la velocidad con la que Morales transformo un poder que se pretende (y se necesita) independiente, en una agencia para ejecutar rápidamente su plan de disciplinamiento sobre las organizaciones sociales. Entre las acciones tomadas hasta la fecha por Morales, se cuentan la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, con la inclusión de un diputado radical devenido en Juez (quien voto por esa ampliación), la elección de familiares en puestos claves del Ministerio Publico, la multiplicación de causas, muchas de ellas iniciadas en base a la persecución/manipulación/hostigamiento de testigos, quienes conviven con la amenaza de pasar a ser imputados y ser detenidos si no declaran contra Milagro.

En Jujuy no queda rastro de la tan aclamada división de poderes e independencia judicial que fue eje de campaña de Mauricio Macri.

En Jujuy no queda rastro de la tan aclamada división de poderes e independencia judicial que fue eje de campaña de Mauricio Macri. Jujuy vive una dictadura, sin plan sistemático de eliminación de personas, pero con un plan sistemático de persecución, silenciamiento y prisionización de opositores políticos. Jujuy es una dictadura al amparo explicito de Mauricio Macri. No hay ningún esfuerzo en ocultar el espaldarazo que tiene Morales desde la Casa Rosada. Muestra de ello fue la elección de la capital jujeña como sede para el congreso nacional de Cambiemos, al que asistieron Larreta y Vidal.

Al contrario, los esfuerzos se reconducen a justificar los desmanes y la ilegalidad. La muestra más grande de estos discursos legitimantes del pedacito de dictadura llamado Jujuy, la tuvimos hace unas semanas, cuando el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dictamino que la detención sufrida por Milagro Sala es arbitraria. Los motivos: constató que la detención del 16 de enero se motivo en el ejercicio de derechos humanos básicos como la libertad de expresión por parte de Milagro. Asimismo, analizando los dos expedientes principales seguidos contra Milagro, constató que está severamente comprometida la imparcialidad de los  juzgadores.

Inmediatamente, en defensa  de la ilegalidad, el Fiscal de Estado en Jujuy Mariano Mirando, y el Secretario de Derechos Humanos de Macri Claudio Arvuj, eligieron poner el acento en el carácter "no vinculante" o de "mera opinión" de lo pronunciado por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria. La discusión jurídica sobre la naturaleza de dicho pronunciamiento es inocua. Está claro que no es una orden judicial como podría serlo la decisión del Juez de la causa o de un Tribunal Superior, de resolver la excarcelación de Milagro. Pero de mera opinión no tiene nada. Mera opinión un carajo.

Argentina es desde hace años parte integrante del sistema internacional de los derechos humanos, lo que la compromete ante la comunidad mundial y la obliga a respetar irrestrictamente los derechos reconocidos en los tratados internacionales de DDHH. Si un  organismo de la comunidad internacional, al cual el propio Estado se somete y reconoce competencia, tras analizar una situación de hecho, opina fundando en derecho que la detención de una persona es ilegal y arbitraria, esto impone un deber que va más allá de la naturaleza jurídica del pronunciamiento. Que la defensa de Morales y Macri pase por discutir si la decisión es o no vinculante, desnuda que nada tienen que decir sobre la confirmada ilegalidad y arbitrariedad de la detención. Y ante una ilegalidad y arbitrariedad constatada, el Estado argentino tiene la obligación de ponerle fin.

Milagro Sala cumplió 300 días presa, presa de Morales y de Macri. Presa de la revancha más implacable y grotesca que cualquiera podría haber imaginado.

Prometieron Cambio y al menos en un sentido muy profundo, cumplieron. Oficialmente, el 16 de enero de 2016 se bajo el telón del proceso de expansión y reconocimiento de derechos más intenso de los últimos tiempos. Nuestro país, que llevaba años luchando contra la impunidad de la que gozaban los asesinos de la última dictadura militar, que era un reconocido punto de referencia en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia y del respeto de los derechos humanos en general, se dio un baño de realidad. Esa realidad que implica estar gobernados por la derecha.

Milagro Sala cumplió 300 días presa, presa de Morales y de Macri. Presa de la revancha más implacable y grotesca que cualquiera podría haber imaginado. Mientras algunos saludan su detención, existe un poder que celebra. Celebra porque ante la mirada de un pueblo que sufrió de manera bestial las consecuencias del terrorismo de Estado, se levantan otra vez las sombras de la represión y la ilegalidad, la amenaza de que todo vale cuando hay que asegurar un fin.

Los que consienten su detención desde el apoyo o desde el silencio no saben (o se olvidan) que el poder es una entidad ambiciosa, que cuando se desprende de sus límites avanza indiscriminadamente. Este poder en manos de la derecha puede reducir las instituciones a una ficción, llenar las cárceles con los que luchan por sus derechos o, regar las calles con quienes mueren por ellos.

La libertad de Milagro Sala es una causa de la democracia y la libertad en su sentido más esencial.

Macri, LIBERALA YA.